José Carlos Mendoza Canton

Expediente 1773/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1773/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • José Carlos Mendoza Canton

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el trece de septiembre del dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que los cuadernos originales de los incidentes de suspensión que deriva del presente juicio son susceptibles de DESTRUCCIÓN, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de los duplicados de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico como el impreso, coinciden en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: Agréguense a los autos el escrito recibido vía electrónica del asesor jurídico federal ********************, representante especial de la menor de identidad reservada ********************; mediante el cual ofrece pruebas y realiza manifestaciones a manera de alegatos, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que el trece de septiembre actual, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el veintiséis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció José Carlos Mendoza Cantón, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Fiscal Investigador del Ministerio Público Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, previa su aclaración, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que José Carlos Mendoza Cantón reclama: La negativa de conceder una orden de protección y recuperación de su hija menor E.D.M.O., toda vez que el quejoso, por resolución judicial posee la custodia legal de la citada menor. TERCERA. Existencia del acto reclamado. La Fiscal Investigador del Ministerio Público Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, reconoció el acto que por esta vía se reclama. En tal virtud deberá tenerse por existente al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. Como antecedentes del acto reclamado se tiene que: 1. Con fecha veinte de julio de dos mil veintidós, el ahora quejoso José Carlos Mendoza Cantón, presentó un escrito ante el Fiscal en turno de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos cometido en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, con residencia en esta ciudad, ratificando dicho escrito ante la autoridad ministerial en esa propia fecha. En dicho escrito presentó denuncia y/o querella en contra de Genny Asunción Ortegón Vega, por hechos posiblemente delictuosos en agravio de la menor de edad de iniciales E.D.M.O. y solicitó las medidas siguientes: - El auxilio policiaco de reacción inmediata a favor del ahora quejoso José Carlos Mendoza Cantón y de la menor de edad de iniciales E.D.M.O. con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre, así como los elementos policiacos necesarios para que se constituyan en el domicilio antes señalado, que es donde la señora Ortegón Vega tiene a la menor, para que ella o cualquier persona que tenga a la menor la entregue en ese momento. - La prohibición a la señora Genny Asunción Ortegón Vega de intimar, molestar, llamar por teléfono o acercarse al domicilio del quejoso o lugar de trabajo o estudios en que se encuentre José Carlos Mendoza Cantón o la menor de iniciales E.D.M.O. - La prohibición a la señora Genny Asunción Ortegón Vega de amenazar o cometer, personalmente o a través de otra persona, cualquier tipo de violencia en el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, hacia el quejoso José Carlos Mendoza Cantón y su menor hija de iniciales E.D.M.O. - La prohibición a la señora Genny Asunción Ortegón Vega de intimar, molestar, llamar por teléfono o comunicarse con José Carlos Mendoza Cantón o su menor hija de iniciales E.D.M.O., directa o indirectamente. 2. A dichas peticiones le recayó el acuerdo de esa propia fecha y en la propia acta (veinte de julio de dos mil veintidós) en la que, el Fiscal Investigador, en turno, del Ministerio Público Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, determinó lo siguiente: En virtud de que esta Representación Social no cuenta con elementos suficientes y/o los datos de prueba con los que se acredite que la menor se encuentra en riesgo al estar bajo el cuidado de su referida madre Genny Asunción Ortegón Vega y por cuanto es preciso priorizar el interés superior del menor y en todos los casos se tendrá en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes conforme a su desarrollo evolutivo y cognoscitivo y madurez, siendo éste el derecho de participación el cual es primordial, como se señala en la Convención sobre los derechos del niño, ésta Autoridad de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en los Artículos 1, 4, 16 y 21 Constitucional, 3, 6,13, 17, 22, 23, 46, 73, 83,122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, así como el interés superior de la niñez, y los derechos humanos, ya que los niños al igual que las demás personas, son sujetos de derechos que garantizan su vida, supervivencia y desarrollo al más alto posible, y al pertenecer a un grupo vulnerable, se les otorga una protección especial y se deben tomar las medidas necesarias para protegerlos y no afectar su futuro como miembros de la sociedad, mismos derechos que deben de tomarse en cuenta en su conjunto para su bienestar, por lo que se estima necesario para esta Representación Social, escuchar a la niña (de identidad reservada con iniciales E.D.M.O.), de 10 años de edad; de igual manera, si bien es cierto que el Ministerio Público podrá aplicarlas medidas de protección bajo su más estricta responsabilidad cuando se estime que el imputado representa un riesgo inminente para la seguridad de la víctima, también lo es que se tomará en cuenta los demás derechos a los que los menores deben gozar y garantizarse. El derecho a la prioridad, brindar protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria y en armonía con los demás derechos establecidos a su favor, en su defecto y en atención al interés superior del menor como principio rector que no es otra cosa más que las autoridades deberán resolver bajo este principio, en cuanto a lo que más les beneficie o lo que menos le cause afectación, en ese sentido, POR ESTE MOMENTO NO SE ACCEDE A DICTAR LAS MEDIDAS QUE SOLICITA, ya que esta representación social, considera que se estima necesario llevar a cabo diversos actos de investigación, entre los cuales se encuentra solicitar a la brevedad posible un estudio del entorno social a fin de conocer el trato que se le da a la niña E.D.M.O., tanto por parte de su madre GENNY ASUNCIÓN ORTEGÓN VEGA, como de su padre JOSÉ CARLOS MENDOZA CANTÓN; solicitar la investigación de los presentes hechos a la Policía Estatal de Investigación; citar la referida ORTEGÓN VEGA, a fin de que presente a la niña E.D.M.O. de diez años de edad y ésta sea escuchada por esta representación social; dejando a salvo los derechos del denunciante JOSÉ CARLOS MENDOZA CANTÓN de acudir ante la autoridad judicial, a fin de solicitar las mediadas emergentes que correspondan. Como se dijo con antelación, los conceptos de violación son infundados, por lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Se afirma lo anterior, ya que como acertadamente lo refirió la responsable en su informe de cuenta, no basta con denunciar los hechos para que la autoridad conceda de facto las medidas solicitadas. Ello es así, ya que el hecho de que el quejoso hubiere acudido a la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, a denunciar hechos que podrían constituir un delito, ello no era suficiente para que la autoridad investigadora accediera de inmediato a sus peticiones y se diera a la tarea de recuperar a la menor de iniciales E.D.M.O., máxime que se le dieron los fundamentos y motivos por los cuales no se accedía a las mismas. Precisado lo anterior, como lo estableció la responsable previamente a decretar las medidas solicitadas, se debe ponderar por el bienestar de la menor de edad involucrada, por lo que la responsable refirió que por el momento no se accedía a sus pretensiones, porque no se contaba con elementos suficientes, aunado a que la responsable acertadamente priorizó el interés superior de la menor señalando que era necesaria su participación y por lo tanto la escucha de la misma. Ello a fin de que la menor involucrada de iniciales E.D.M O. tenga la posibilidad efectiva de presentar sus opiniones y que éstas puedan influir en la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 383, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009010, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo. En consecuencia, fue correcta la determinación emitida por la responsable, en el sentido de no acceder a las solicitudes del ahora quejoso José Carlos Mendoza Cantón, ya que previamente a decretar las medidas solicitadas la ahora responsable debía de allegarse de los elementos necesarios para poder emitir una determinación favorable que no afectara el interés superior del menor, como lo es la escucha de la misma y el estudio del entorno social. De ahí que, la autoridad ministerial acertadamente negó las medidas solicitadas por el quejoso. Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Protección de datos personales. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso José Carlos Mendoza Cantón, respecto del acto reclamado a la Fiscal Investigador del Ministerio Público Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito, de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad, relativo a la determinación de veinte de julio del año en curso, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Fiscal Investigador del Ministerio Público Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano