Jose Carlos Juarez Perez

Expediente 805/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
805/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Jose Carlos Juarez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista el acta de comparecencia de cuenta, de la que se advierte que ***, perito designado por la parte quejosa, aceptó y protestó la designación de perito en materia de contabilidad, conforme a lo ordenado en auto de trece de octubre del año en curso, manifestando que no se encuentra impedido para desempeñar dicho cargo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al citado profesionista por conducto de la pate quejosa, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, rinda su dictamen de conformidad con las preguntas formuladas por la parte quejosa; y dentro del mismo plazo comparezca ante este juzgado a ratificarlo, o bien, exprese el impedimento legal que tenga para hacerlo. Se apercibe a ***, perito designado por la parte quejosa, que en caso de incumplir con lo requerido, se le tendrá por adherida al dictamen que en su momento emita el perito oficial designado en este juicio. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por el que hace del conocimiento de este juzgado, que notificó al perito ***, el proveído de ocho de octubre de dos mil veinte; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, y personalmente al perito *** por conducto de la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Director General y la Coordinadora de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo y de Trastornos del Espectro, ambos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz, mediante el cual informan las gestiones que se encuentran realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, solicita a este Juzgado Federal que se pronuncie sobre la solicitud de ordenar al Director del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI) el traslado del quejoso al referido Instituto Nacional con el fin de que se verifiquen la citas médicas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, se hace del conocimiento de las autoridades oficiantes que los efectos de la concesión de amparo determinada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito son los siguientes: A. Dejar sin efectos la citada contrareferencia y en su lugar: B. Prevea las medias necesarias para que se canalice al quejoso en el propio Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para que le brinden la atención médica requerida, ya sea por medio de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastornos del Espectro o por aquella que se considere oportuna para tal efecto. De conformidad con el artículo 16, fracción IV, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, se deberá asistir al quejoso a través de consulta externas, estudios clínicos y de gabinete, diagnósticos tempranos, terapias de habilitación, y otros servicios que a juicio del propio Instituto Nacional de Salud sean necesarios. C. Para tal efecto, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista, se deberán realizar las siguientes acciones: C.1. "Prescribir un tratamiento o protocolo basado en un plan individualizado con historial clínico, revisado periódicamente y modificado llegado el caso, que [brinde las bases para] la incorporación del paciente a su ambiente familiar, escolar y social" en términos del artículo 13, fracción II, inciso C, apartado 3, del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Lo cual en el caso concreto implica que deberá prescribir el protocolo respectivo, y hecho ello iniciar su implementación dentro del citado Instituto Nacional de Salud, a efecto de revisar si el mismo es oportuno para lograr el proceso de rehabilitación del paciente. Entendido éste como el proceso de orden médico, psicológico, social, educativo y técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física y mental de las personas para lograr su más acelerada integración social y productiva. C.2 De ser el caso, se deberá canalizar el paciente con las instituciones educativas o de inclusión laboral correspondiente, a efecto de lograr la inclusión a la sociedad del quejoso en el grado más alto posible, para tal efecto se deberán evaluar los programas respectivos y determinar conforme al estado psiquiátrico del paciente, cúal es el que mayor beneficio le podría deparar. De ser necesario, se deberá requerir a la Secretaría de Salud, a efecto de que le informe los programas educativos y de inclusión laboral que existen para las personas con la condición del espectro autista, así como sus características, para efecto de poder determinar lo correspondiente. C.3 Sólo hasta que la Titular de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastornos del Espectro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz haya implementado el protocolo individualizado para atender al paciente quejoso y probado su efectividad, se podrá contra-referir al paciente a un diverso centro de salud, siempre y cuando se tenga la certeza de que el centro de salud de que se trate cuenta con capacidades más eficaces de seguir brindando la atención médica al quejoso. Ello, bajo la premisa de que es obligación del personal médico adscrito al Instituto, en este caso específicamente de la responsable Titular de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastornos del Espectro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz: "colaborar con los servicios de primer nivel de atención y especializados en el control y seguimiento de los pacientes, e involucrar a la familia de éstos en dicho control y seguimiento" en términos del artículo 13, fracción II, inciso C, apartado 4, del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. C.4 Lo anterior, en el entendido de que el personal médico del Instituto siempre tiene a cargo la obligación de llevar el seguimiento de la atención del paciente quejoso, según dispone el artículo 13, fracción II, inciso C, apartado 2, del Reglamento de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, mediante su evaluación periódica con el fin de revisar frecuentemente el tratamiento o protocolo basado en un plan individualizado que permita la incorporación del paciente a su ambiente familiar, escolar y social. Ello, tanto durante la fase en que la atención médica que se brinde al quejoso sea en el citado Instituto, como también, en los casos donde se haya contra-referido al paciente a otra institución médica para brindar su atención. Durante el seguimiento periódico del paciente, el personal médico adscrito al citado Instituto deberá decidir las veces que sea necesario, bajo su más estricta responsabilidad y dentro de su arbitrio médico, si el caso de modificar o no el tratamiento o protocolo basado en un plan individualizado que permita la incorporación del paciente a su ambiente familiar, escolar y social. Para efectos de acreditar los efectos del fallo protector precisados, la Titular de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastornos del Espectro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz deberá proveer las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para dejar constancia fehaciente de cada una de las actuaciones que lleve a cabo, las cuales deberá remitir a este órgano jurisdiccional. Asimismo, en todos los casos donde sea necesaria la intervención del paciente para cumplir con los efectos del fallo, Titular de la Clínica de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastornos del Espectro del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, a través de sus médicos tratantes, deberá privilegiar un lenguaje claro y comprensible de acuerdo a las capacidades intelectuales del quejoso *******, con el fin de dar a entender al mismo las implicaciones de su tratamiento. De ello también se deberá dejar constancia por medios físicos y/o electrónicos, la cual se deberá remitir a este órgano jurisdiccional para acreditar el cumplimiento del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de vincular en la etapa de cumplimiento del fallo protector a las demás autoridades y personal médico adscrito al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz que sean necesarias para lograr la restitución de los derechos que fueron violados en perjuicio del amparista al emitirse el acto reclamado. (.)" En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el referido centro de rehabilitación y, por lo que respecta a su libertad se encuentra a disposición de la Unidad de Gestión Judicial 10, vinculado por el delito de abuso sexual agravado, proceso que se contiene en la carpeta judicial **** y, en la cual se decretó su vinculación a proceso el treinta de agosto de dos mil diecinueve; por tanto, se determina que existe un impedimento legal para este Juzgado de Distrito para decretar el traslado del quejoso del centro de reclusión con motivo de la práctica de las consultas médicas mencionadas por la autoridad oficiante. En consecuencia, a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades oficiantes para que dentro del plazo de cinco días realicen las gestiones ante las autoridades jurisdiccionales y penitenciarias que estimen pertinentes a fin de que sea concedido el traslado al nosocomio de referencia para que tengan lugar las citas médicas materia del cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, debiendo remitir ante a este Juzgado Federal las constancias que estime pertinentes para acreditar que realizó la solicitud del traslado de la parte quejosa. Para mejor conocimiento de las autoridades se remite copia del oficio ingresado a este Juzgado Federal el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, registrado bajo el número de promoción 29896, signado por el Director del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial de la Ciudad de México, a fin de que tenga conocimiento de la situación jurídica que guarda el quejoso en el lugar en que se encuentra recluido. Por tanto, se estima pertinente que será el propio Instituto Nacional de Psiquiatría el que una vez que se le haya concedido por la autoridad competente el traslado del quejoso, sea el que programe las citas, atendiendo a los lineamientos de las autoridades penitenciarias y al trabajo de dicho instituto, para llevar a cabo las revisiones médicas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no acatar lo ordenado en este acuerdo, se les impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 192, 238, primer párrafo, y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por ********************Se ordena el registro en el libro de gobierno bajo el número de expediente ********************, así como la formación de los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar el escrito de demanda y, si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano; lo anterior se encuentra vinculado con los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 61 de la Ley de Amparo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cita prevé que, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto; es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso. DESECHAMIENTO. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dada la ausencia total de los requisitos previstos en el precepto 108, de la misma legislación. El escrito de cuenta no establece el nombre del quejoso, su domicilio, el nombre y domicilio del tercero interesado; no indica la denominación de la autoridad o autoridades responsables; tampoco señala la norma, acto u omisión que se reclama, los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los preceptos legales que contengan los derechos humanos vulnerados, ni los conceptos de violación correspondientes. El promovente, en el escrito de cuenta, solicita la inscripción de su cédula profesional y adjunta copia digitalizada de diversos documentos, pero no solicita el amparo y protección de la justicia Federal en contra de algún acto que considere violatorio de derechos, por lo que no se advierte la voluntad de quien lo promueve de instaurar un juicio constitucional, por lo que resulta improcedente realizar prevención al quejoso para que subsane las deficiencias advertidas. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, en forma manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO EL ESCRITO PRESENTADO COMO DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción puedan realizar las diligencias que resulten necesarias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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