José Carlos Hernández Valdovinos

Expediente 1118/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1118/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • José Carlos Hernández Valdovinos

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de enero de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE HACE CONSTAR que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 1118/2022-IV; y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto el primero de los preceptos citados, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Ahora bien, a fin de evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que en los capítulos de acto reclamado y antecedentes el promovente manifestó en lo que interesa lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. A) Del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, se reclama la emisión del acuerdo de fecha veinticuatro de octubre del año 2022 dentro el expediente familiar 167/2018-I, donde equivocadamente se resolvió que el descuento de mi salario por concepto de alimentos a favor de mi menor hijo MATEO HERNÁNDEZ MATA, deberá de efectuarse de manera retroactiva y proporcional al auto de radicación de fecha 18 de abril del año 2018, cuando apenas se me notificó la demanda en l fecha del jueves 10 de noviembre del año 2022. "VIII.- ANTECEDENTES: (.) 3.-Con fecha 24 de octubre del año 2022, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, dictó un acuerdo en el que ordena que deberá de emplazárseme a juicio en el nuevo domicilio que señaló el Licenciado JONATHAN SUAZO DOMÍNGUEZ, abogado patrono de la señora BRENDA MATA MERCADO; además ordenó en dicho acuerdo respecto al descuento de mi salario por concepto de alimentos a favor de los acreedores, que en razón de que el suscrito había cambiado de fuente de trabajo, se ordenó girar oficio en los mismos términos ordenados en el auto de fecha 7 de julio del año en curso, pero dirigido ahora a AFORE XXI BANORTE, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días se hará acreedora a una multa de veinte unidades de medida y actualización, ello de conformidad con el artículo 144 fracción I, del Código Procesal Civil en vigor, en la inteligencia que dicho descuento deberá efectuarse de manera retroactiva y proporcional al auto de radicación de fecha 18 de abril del año 2018. 4.- Con fecha 10 noviembre del año 2022, la Secretaria Actuaria del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en la Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, me emplazó a juicio, corriéndome traslado del escrito de demanda de fecha 16 de abril del año 2018 y sus anexos, auto de radicación de fecha 18 de abril del año 2018, acuerdo de fecha 24 de octubre del año 2022, lo que se acredita con dichos documentos mismos que exhibo anexo a la presente para que surtan los efectos legales que haya lugar (ANEXO 1). El artículo 61, en su fracción XVIII, estatuye que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Es de notarse que la causal en estudio, dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera, tratándose de tribunales judiciales (los del Poder Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). Esta causa, a diferencia de las diversas similares que restringen el acceso al amparo en acatamiento del principio de definitividad, es específica en cuanto a que los actos impugnados emanen de una autoridad que actúe en funciones jurisdiccionales, sean judiciales, administrativos o del trabajo, mientras que los otros supuestos refieren que el acto controvertido lo produzcan autoridades administrativas, como es el caso la hipótesis contenida en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De tal forma, quien promueva un amparo, previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, ha de agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que en virtud de éstas, no se haya revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el auto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer sea substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Orienta el tema la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1100, tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por otro lado, tenemos que la presente causal contempla hipótesis de excepción al principio base de esta causal, una de ellas la que consiste en la posibilidad de los terceros extraños a juicio de donde deriva el acto reclamado, puedan solicitar el amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, misma que sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de tercero extraño a juicio o bien que se ostente tercero extraño por equiparación, que aplica por razones lógico jurídicas pues al no ser parte o siéndolo no fue notificado (cuando tal es el acto que acusa) no sería factible obligarlo a interponer recursos en un procedimiento de que no tiene conocimiento. Lo que no sucede en la especie. Otras, atañen a actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, autos de vinculación a proceso, ordenes de aprehensión o reaprehensión, o establezcan providencias precautorias, situaciones en la que tampoco se ubica el caso a estudio, pues las constancias de autos, ponen de manifiesto que la conducta combatida tiene su génesis en un juicio de índole civil, específicamente sobre uno en el que se decidió respecto de un juicio de alimentos. Es aplicable al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 951, XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 182857, de rubro "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Precisado lo anterior, se estima que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad a que estaba obligada en términos de los argumentos expuestos, en razón a que el proveído reclamado, debió ser combatido a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo que establece el artículo 381, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues las únicas condiciones que dicho numeral impone para que el citado medio de defensa proceda, son: 1) Que no se trate de una sentencia; 2) Que el auto o decreto no sea apelable y, 3) La ley no disponga expresamente que no es recurrible. En efecto, el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que rige en el caso, dispone lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." En cuanto al acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós, a través del cual el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, ordena girar oficio a la fuente de trabajo Afore XXI Banorte (del aquí quejoso, parte demandada) para que realice el descuento retroactivo y proporcional de la pensión alimenticia decretado en el auto de radicación de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, reúne las tres condiciones relacionadas con anterioridad; es decir, se trata de un auto que no es apelable por disposición expresa de la ley, y tampoco existe previsión en el sentido de que sean irrecurribles; por lo que, se concluye que es impugnable a través del recurso de reconsideración. Ciertamente, ante la circunstancia de que el mencionado proveído no sea apelables por disposición expresa de la ley, se estima que por exclusión son reconsiderables; lo anterior, al margen de que sea de imposible reparación o que cause o no un perjuicio a los derechos del impetrante. Así se desprende de la jurisprudencia 44/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo I, página 729, registro 2001155, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." En ese tenor, tenemos que el auto reclamado, es susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el juez primario responsable, a la luz de los agravios planteados, reitere lo decidido o lo reconsidere, revocando tal determinación, sobre todo si se considera que de acuerdo con los normativos que se han citado no es apelable y, tampoco se establece expresamente que en contra de tal acuerdo no proceda recurso alguno, de ahí que, el impetrante previamente a promover el juicio de garantías, debió agotar el medio de impugnación aludido, ante el mismo juzgador responsable, y al no hacerlo, no cumplió con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo y, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica, y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a René Patricio Castro y Agustín Barreto Palma, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones a Dionisio Pedro Villarreal Greenwell, Jesús Ramiro Sánchez Ávila, Walterio Morales Cortez, Erick Francisco Medina Nava y Efrén Adalid Laurel Vejar, por no contar con dicho requisito. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

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