José Carlos Graciano Esquivel

Expediente 694/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
694/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2015

Partes del expediente

  • José Carlos Graciano Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Irapuato, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región III del Estado, con residencia en Yuriria, Guanajuato. En ese sentido, el titular queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que promueve José Carlos Graciano Esquivel, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región III del Estado, con sede en Yuriria, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 694/2015-I. Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la demanda de mérito. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho dispositivo establece tres reglas para fijar la comparecencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito distinto y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando medularmente como acto reclamado: - La resolución de veintidós de julio de dos mil quince, emitida por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región III del Estado, con sede en Yuriria, Guanajuato, mediante el cual se le dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal 1P4215-90 de su índice, que se le instruye por el delito de robo calificado y secuestro exprés. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que: - De la lectura íntegra del líbelo constitucional el suscrito advierte que el impetrante se encuentra recluido en el Centro Estatal Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, y que actualmente el proceso penal 1P4215-90 instruido en su contra se está tramitando ante el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral que Corresponde a la Segunda Sección en la que comprende la sede de Pénjamo y la Base Valle de Santiago, Guanajuato, con motivo de que el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región III del Estado, con sede en Yuriria, Guanajuato, se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto. En ese orden, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral que Corresponde a la Segunda Sección en la que comprende la sede de Pénjamo y la Base Valle de Santiago, Guanajuato, merced que ahí se tramita actualmente su proceso, y encontrándose interno en el Centro de Reclusión ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato, es que se considera que la ejecución material del fallo reclamado será en el lugar de residencia de éste y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución reclamada, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado que conoce del proceso penal, en la especie, en Valle de Santiago, Guanajuato. De lo anterior, este juzgador advierte que carece de legal competencia por razón de territorio para seguir conociendo del asunto, acorde a lo establecido en el precepto legal transcrito; por tanto, se estima que la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites territoriales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al ser el que tiene competencia territorial para ejercer válidamente su jurisdicción en aquélla ciudad. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato en turno, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En virtud a ello, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: I) Remitir a la autoridad aludida el expediente original 694/2015-I, para lo que a bien tenga ordenar. II) Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, III) Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. IV) Realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos no se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, o de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Finalmente, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por tratarse de un asunto en materia penal.

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