José Carlos Graciano Esquivel

Expediente 309/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
309/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2016

Partes del expediente

  • José Carlos Graciano Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintisiete de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por --- no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA.- Como está ordenado en proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el acuerdo de veitisiete de abril de dos mil dieciséis, que señala: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve -----------------------, por su propio derecho contra actos del Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato, que consideran violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 309/2016-IV, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con el diverso 107 , fracción V, ambos de la Ley en cita. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la determinación dada en la audiencia de formulación de imputación, en la cual el Juez de Control relevó de su cargo a los defensores *****, y determinó que los mismos no podrían volver a intervenir dentro del proceso penal que se le instruye al quejoso, en los autos de la causa penal ******; asimismo, se le requirió al quejoso a fin de que nombrara a nuevo defensor, lo cual hizo, ya que nombró a *****. Sin embargo, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación en contra del quejoso, que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que la determinación tomada por la responsable, respecto a relevar de su cargo como defensores particulares a los profesionistas señalados, como el requerimiento y designación de *****, como defensor particular no le asegura que el nuevo auto de vinculación a proceso le sea desfavorable, ni se encuentra sin defensa en la tramitación de la causa de origen. De lo que se sigue es que, todavía se encuentra pendiente de que el juez de control materialice o no la transgresión a los derechos humanos de los que el peticionario del amparo se duele en la presente vía, pues resulta inconcuso que, a la fecha, no ha emitido pronunciamiento alguno dentro de esta etapa del procedimiento oral de origen, que entonces, sí actualice de forma directa e inminente el acto tildado de inconstitucional. Conforme a lo expuesto, la eventual afectación a los derechos sustantivos del quejoso se materializará hasta la emisión de la resolución correspondiente, en donde, en todo caso, de resultar adversa a sus intereses, se podrían alegar las violaciones al procedimiento aquí reclamadas; las cuales, en su caso, podrá combatir a través del juicio biinstancial, si el quejoso considera que tales violaciones lo dejaron sin defensa y trascendieron al resultado del fallo, como lo dispone el inciso a), de la fracción III, del precepto 107, de la Ley de Amparo. En suma, toda vez que los actos que por esta vía combate el promovente del amparo, no afectan derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o intraprocesales, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que a la fecha no se advierte que se haya dictado un auto de vinculación a proceso; incluso, la referida responsable puede emitir uno en sentido diverso, pues precisamente en el amparo indirecto 704/2015-II, del índice de este juzgado (que se invoca como hecho notorio), se le dejó libertad de jurisdicción a la responsable para tal efecto. Fallo que, de resultarle favorable, borraría la afectación que aquí reclama con base en la emisión del acto reclamado. Por otra parte, tomando en consideración que el autorizado de la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, el presente proveído y, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, en virtud de que se trata de un asunto en materia penal. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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