José Carlos Frias Morelos
Expediente 878/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 878/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Carlos Frias Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario del Juzgado, Licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, ----------------------------CERTIFICA: --------------------------a) Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, concedido para la interposición del recurso de revisión ya transcurrió; y, b) No fue exhibido billete de depósito; c) No obra un documento con sello original; y d) Que en el presente asunto no existe promoción pendiente de acuerdo, ni actuaciones qué practicar. Doy fe. Razón. En la misma fecha, el Secretario del Juzgado Licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede; así como con el estado que guardan los autos.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, el auto dictado en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase el anexo que remitió el Juez Sexto del Ramo Penal de esta Ciudad, adjunto a su respectivo informe justificado. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, determinación que causó estado el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual por un lado se negó y por otro se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De igual modo, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta; sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que mediante auto de siete de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Cúmplase.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados de cuenta. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Juez Sexto del Ramo Penal de esta Ciudad, las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, particularmente del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso José Carlos Frías Morelos, reclama en la presente instancia constitucional los actos que precisó de la siguiente manera: "De las autoridades señaladas como ordenadoras, reclamo la orden de comparecencia, o aprehensión librada en mi contra; mientras que de las ejecutoras, la cumplimentación o ejecución de dicho mandamiento." Resulta pertinente destacar que el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, al rendir su respectivo informe de ley, manifiesta que es cierto el acto reclamado debido a que el veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, en autos de la averiguación 109/2017, libró orden de aprehensión en contra de José Carlos Frías Morelos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar. En ese tenor, vistas las constancias que integran el duplicado de la averiguación penal 109/2017 que el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad adjuntó a su informe de ley, el suscrito advierte que respecto de la orden de aprehensión reclamada a dicho juzgador se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente. En efecto, el numeral y fracción en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" La fracción X estatuye: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia arriba referida, tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa Juzgada, tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Así, se actualiza esta causal de improcedencia en análisis, cuando la ley o el acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo, en caso de que ese juicio haya sido promovido por el mismo agraviado, contra las mismas autoridades responsables e igual acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, que los juicios anteriores estén completamente terminados, por ello se habla de preservar la cosa juzgada, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa este principio, impiden que se abra nuevamente la controversia. Lo anterior tiene su razón de ser en que no hay necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de un mismo acto de autoridad, esto es, no se requiere juzgar dos o más ocasiones el mismo acto reclamado por el promovente, con mayor razón cuando ya ha sido decidida su constitucionalidad por parte de la Justicia de la Unión. Ahora bien, para evidenciar por qué se considera que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia mencionada, resulta conveniente informar que de las constancias que integran el duplicado de la averiguación penal 109/2017 del índice del Juzgado Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte lo siguiente: a) Por resolución de seis de noviembre de dos mil diecisiete (foja 19 vuelta), la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Grupos Vulnerables adscrita a la Mesa I de la Segunda Agencia con sede en el DIF Estatal, en la averiguación previa AP/PGJE/SLP/SDSCF/466/VIII/2015, ejercitó acción penal en contra del aquí quejoso por la probable comisión del delito de violencia familiar en agravio de la menor de iniciales C.M.F.C. b) Con motivo de lo anterior, el diez de noviembre siguiente (foja 27) el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, radicó la causa bajo el número 109/2017 de su índice. c) Posteriormente, mediante resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 28 a 38), el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, libró orden de aprehensión en contra de José Carlos Frías Moleros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar. d) En contra de dicha determinación el aquí quejoso promovió juicio de amparo, del cual tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, quien lo radicó con el número 1257/2017, y seguidos lo trámites legales, con fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados (fojas 55 a 58). e) Inconforme con dicha determinación, el ahora quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de toca 130/2018, y en el cual se confirmó la resolución recurrida (fojas 68 y 69). De lo anterior resulta claro que el hoy quejoso a través del juicio de amparo 1257/2017-V, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, reclamó del Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, la orden de aprehensión dictada en su contra el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, dentro de la averiguación 109/2017, y respecto del cual, con fecha veinte de marzo del año en curso, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; sentencia que se encuentra firme en virtud de que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto en su contra. Así y en atención a que por un lado, vista la demanda (del juicio en que se actúa), se advierte que el aquí quejoso José Carlos Frías Morelos, en el caso particular también reclama la orden de aprehensión emitida en su contra, la cual igualmente atribuye, entre otros, al Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, y por otro lado, del informe rendido por este último se aprecia que manifestó ser cierto el acto reclamado. Luego es incuestionable que el acto destacado que por esta vía reclama el quejoso, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la averiguación judicial 109/2017, del índice del Juzgado Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, ya fue materia del diverso juicio amparo 1257/2017-V de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Misma consideración corresponde a los actos de ejecución atribuidos al Procurador General de Justicia del Estado, Director General de la Policía Ministerial del Estado y Director de Seguridad Pública Municipal, pues no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la orden de aprehensión reclamada. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por su espíritu, la Jurisprudencia I.6o.T.J/86, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a fojas 1532, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". En otro contexto, los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal de esta Ciudad, al rendir sus correspondientes informes previos, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario. Por tanto, al no acreditarse en autos la existencia de los actos reclamados respecto a estas autoridades, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. No sobra señalar que en el caso, el sobreseimiento decretado no desatiende la Jurisprudencia número 1ª./J.49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete, ubicada en publicación semanal, en la página web del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que se estima que la misma no es aplicable al caso concreto, ya que ésta se refiere a la negativa simple de la autoridad, pero no a casos en que se ofrece prueba plena que demuestra que la existencia del acto reclamado, es atribuible únicamente a otra autoridad, como en el caso particular, pues ello quedó demostrado con las documentales públicas que allegó al presente sumario el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, al rendir su informe de ley. Lo anterior, además de conformidad con lo dispuesto a la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese, y hágase personalmente al quejoso y a la tercero interesada.
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 878/2018-IV, promovido por JOSÉ CARLOS FRIAS MORELOS, contra actos del JUEZ SEGUNDO DEL RAMO PENAL EN SAN LUIS POTOSI y de otras autoridades, que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 22, de la Constitución General de la República y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La parte quejosa reclama de los Jueces del Primero al Octavo del Ramo Penal de esta Ciudad, como autoridades ordenadoras; del Procurador General de Justicia del Estado, Director General de la Policía Ministerial del Estado, y Director de Seguridad Pública Municipal, como ejecutoras, los actos que hizo consistir en: "IV.- Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. De las autoridades señaladas como ordenadoras, reclamo la orden de comparecencia, o aprehensión librada en mi contra; mientras que de las ejecutoras, la cumplimentación o ejecución de dicho mandamiento.". SEGUNDO. Los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo del Ramo Penal de esta Ciudad, al rendir sus correspondientes informes previos, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario; por tanto, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la Tesis de Jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". TERCERO. En diversa tesitura, es cierta la existencia de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso, pues así lo aceptó expresamente el Juez Sexto del Ramo Penal en esta ciudad, y el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, al rendir sus respectivos informes previos. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Asimismo, debe tenerse por cierto el acto de ejecución que se atribuye al Director de la Policía Ministerial del Estado y al Director de Seguridad Pública Municipal de esta Ciudad, no obstante que al rendir sus respectivos informes de ley, lo hayan negado expresamente, pues cabe señalar que en dicho informe hacen referencia a un quejoso con apellido materno "Moreno", cuando el correcto es "Morelos", más aun, al haber aceptado el Juez responsable ordenador la existencia de la orden de aprehensión reclamada, estas en su carácter de autoridades ejecutoras, están obligadas a acatar las determinaciones emitidas por la ordenadora. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, es procedente decretar la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, para que no se ejecute la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, por el delito de violencia familiar, dentro de la averiguación judicial 109/2017, del índice del Juzgado Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, el cual, de conformidad con el artículo 407 del Código Adjetivo Local, no está considerado como grave; lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que sobre el fondo del presente asunto se pronuncie. La suspensión decretada no surtirá efecto alguno si se le sorprende en flagrante delito o bien, si se trata de actos de autoridades diversas a las señaladas como responsables en el presente juicio, o si se trata de actos que sean materia de otro juicio constitucional o producidos en ejecución, como consecuencia de la resolución de amparo. Medidas de aseguramiento: 1. Dentro del término de tres días; el quejoso deberá presentarse ante el Juez Sexto del Ramo Penal de esta ciudad, para la continuación del proceso correspondiente, por ser éste insuspendible; lo anterior, con fundamento en los artículos 150, 162, 163 y 168 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, apercibido que de no efectuar tal comparecencia en el término indicado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la caución que en su caso se exhiba, en favor del erario federal. 2. Ahora bien, toda vez que el artículo 168 de la Ley de Amparo, obliga al Juez de Distrito a que, para determinar el monto de la garantía, tome en cuenta, en primer lugar, la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al quejoso, se procede a determinar el monto de la garantía que deberá otorgar el quejoso. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo al resolver la contradicción de tesis 25/2008-PS, que por naturaleza, modalidades y características del delito puede entenderse genéricamente el conjunto de elementos, condiciones o notas esenciales que identifican a cada delito y que tienen que ver con las diversas clasificaciones que las leyes, la doctrina y la jurisprudencia han generado. Así, puede considerarse que los elementos a tomar en cuenta por el juzgador son, entre otros, los siguientes: a) La materia (federal o común). b) El bien jurídico tutelado (la vida, la seguridad de las personas, el honor, la libertad, el patrimonio, etcétera). c) El elemento interno (dolo, culpa o preterintención). d) El resultado o tipo de acción (formales -de mera actividad- o materiales -de resultado-). e) La duración (instantáneo, continuado o permanente). f) La forma de persecución (de querella o de oficio). g) El daño que causan (de lesión o de peligro), y h) El tipo de conducta (de acción o de omisión). Respecto de los incisos d) y g) del listado anterior, resulta conveniente hacer las siguientes precisiones, en tanto que tales clasificaciones tienen una profunda incidencia en la fijación de la garantía. Por el resultado o el tipo de acción, los tipos se dividen en dos grupos: i) Delitos formales o de simple actividad: Aquellos en los que se agota el tipo penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente. Estos delitos se sancionan por la acción en sí misma. ii) Delitos materiales o de resultado: Aquellos en los que, para su integración, se requiere la destrucción o alteración de la estructura o funcionamiento del objeto material. Por el daño que causan, los tipos se dividen en dos grupos: i) Delitos de lesión: Que son aquellos que requieren para su concreción que el bien jurídico sea destruido, dañado o lesionado. Se trata de aquellos delitos que, una vez consumados, causan un daño directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la norma penal violada; como ejemplos pueden mencionarse el homicidio y el fraude. ii) Delitos de peligro: Aquellos que no causan daño directo a los intereses jurídicamente protegidos por la norma penal violada, pero los ponen en peligro; ejemplos: abandono de personas o la omisión de auxilio. En atención a esas características, del delito que se imputa al hoy quejoso es el de violencia familiar, previsto por el numeral 205, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado, el cual tutela el desarrollo armónico de la familia. Asimismo, constituye delito que se persigue de oficio y que es de resultado formal, pues no es indispensable provocar alteraciones en la víctima. Por otro lado, la segunda fracción del mencionado artículo 124 bis, obliga al Juez de Distrito a que tome en cuenta la situación económica de la parte quejosa, sin embargo, de los autos no existe dato alguno que permita conocer la misma, lo que impide a este juzgador valorar dicha situación, al no haberse hecho alusión alguna al respecto por el quejoso en su demanda de amparo, ni se advierte de las constancias remitidas por las responsables. Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de rubro "QUEJA. AGRAVIO INATENDIBLE EN EL RECURSO CONTRA LO RESUELTO EN LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.". Finalmente, la fracción III del aludido artículo señala que el juzgador deberá fijar una cuantía que dificulte o, de ser posible, impida que quien obtenga el referido beneficio a un costo relativamente menor pueda verlo como un incentivo perverso para no acudir al proceso evadiéndose ilegalmente del mismo. Dicho de otro modo, la cuantía de la garantía no debe ser tan menor que permita que el quejoso realice un cálculo utilitario en el que el costo-beneficio le lleve a decidir escabullirse del procedimiento jurisdiccional al que está sujeto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 124 bis, 136 y 139 del ordenamiento invocado, la medida cautelar que se concede surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si cada una de las agraviadas, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, no otorgan ante este juzgado, una garantía por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), -cantidad que se fija en atención a lo analizado en líneas que anteceden-, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, de la serie "N". En la inteligencia que de no otorgarse la aludida garantía este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 139 y 136 de las citadas legislaciones, respectivamente, de oficio o a instancia de parte, lo hará del conocimiento de las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por JOSÉ CARLOS FRIAS MORELOS, respecto de los actos reclamados y por los motivos expuestos en el considerando segundo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por JOSÉ CARLOS FRIAS MORELOS, contra los actos precisados en el considerando primero de la presente resolución, respecto de las autoridades indicadas en los considerando tercero de esta interlocutoria, por los motivos expresados en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese.
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