José Carlos Francisco Narvaez Sánchez

Expediente 932/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
932/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • José Carlos Francisco Narvaez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso JOSÉ CARLOS FRANCISCO NARVÁEZ SÁNCHEZ, no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la Juez de Ejecución de Sanciones penales de la Región de Morelia, Michoacán respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) En sentencia de seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 534 a 544), este órgano jurisdiccional, por una parte, decretó el sobreseimiento en el juicio únicamente por lo que ve al acto reclamado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, con sede en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, consistente en el acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente personal EP-534/2014, destinado a la vigilancia penitenciaria del sentenciado Javier Valdez Garduño y, por otra, se negó la protección constitucional solicitada respecto de los actos reclamados al citado Juez, concerniente a los expedientes personales EP-533/2014 y EP-535/2014, destinados a la vigilancia penitenciaria de los sentenciados Marco Antonio Valdez Garduño y José Enrique Vidal García. 2) Inconforme con la anterior resolución el quejoso JOSÉ CARLOS FRANCISCO NARVÁEZ SÁNCHEZ, interpuso recurso de revisión, correspondiente su conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, quien admitió el referido medio de impugnación y, en su oportunidad, dictó la ejecutoria respectiva en sesión de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en la que modificó la sentencia recurrida, esto es, por una parte, confirmó el sobreseimiento decretado por este órgano jurisdiccional y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ CARLOS FRANCISCO NARVÁEZ SÁNCHEZ, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, Michoacán, realizara o siguiente: "OCTAVO. Efectos del amparo concedido. El amparo concedido es para que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia: 1. Deje insubsistente el auto reclamado de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los expedientes e ejecución EP-533/2014 y EP-535/2014, de Marco Antonio Valdez Garduño y José Enrique Vidal García, respectivamente. 2. Hecho lo anterior, pronuncie otro donde prescinda del argumento relativo a que los sentenciados no cumplieron con la obligación de acudir ante la autoridad administrativa y, con libertad de jurisdicción, provea sobre la devolución de la garantía y los consecuentes efectos que ello conlleva". 3) En auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria citada con anterioridad, por lo que, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, Michoacán. 4) En cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, Michoacán, realizó lo siguiente: I. Mediante oficios 242/2018-J y 244/2018-J, presentados ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, el diecisiete de septiembre de la presente anualidad, adjuntó copias certificadas de las resoluciones de trece de septiembre del presente año, dictadas en los expedientes EP-533/2014 y EP-535/2014, en las que se advierte que dejó insubsistentes las resoluciones reclamadas y dictó otras en cumplimiento al fallo protector. En dichas resoluciones se pone en evidencia que la Juez cumplió la ejecutoria de amparo, toda vez que, por una parte, prescindió del argumento relativo a que los sentenciados no cumplieron con la obligación de acudir ante la autoridad administrativa y con libertad de jurisdicción, sobre la devolución de la garantía solicitada determinó: "De igual forma, conforme a lo estipulado en los numerales 598 del Código de Procedimientos Penales del Estado (publicado el 31 de agosto de 1998) así como lo dispuesto en el numeral 79, párrafo cuarto, del Código Penal del Estado (publicado el 07 de julio de 1980), ambos ordenamientos aplicados supletoriamente conforme a lo estatuido en el numeral 2°, fracciones II y III, de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, este tribunal declara que quedan sin efectos las sanciones impuestas -tres años de prisión y multa por la suma de tres mil ciento ochenta y ocho pesos cincuenta centavos, sustituibles por cuatro días más de cárcel en caso de impago- derivando de ello la extinción de esas consecuencias jurídicas y, por ende, ordenando la libertad definitiva de Marco Antonio Valdez Garduño respecto al proceso penal número 24/2014, del índice del entonces juzgado de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Zinapécuaro, seguida por el delito contra la ecología en la modalidad de transporte de producto forestal sin permiso o autorización legal, en detrimento de la sociedad. Se autoriza la cancelación de la fianza otorgada por José Carlos Francisco Narváez Sánchez, en los términos precisados en el considerando único de esta determinación". Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, Michoacán, dejó insubsistentes los autos reclamado, de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictados en los expedientes ERP-533/2014 y EP-535/2014, de Marco Antonio Valdez Garduño y José Enrique Vidal García, respectivamente y, hecho lo anterior, pronunció nuevas resoluciones donde prescindió del argumento relativo a que los sentenciados no cumplieron con la obligación de acudir ante la autoridad administrativa y, con libertad de jurisdicción, proveyó sobre la devolución de la garantía y los consecuentes efectos que ello conlleva, respecto de lo cual ordenó la libertad de Marco Antonio Valdez Garduño y autorizó la canalización de la fianza otorgada por el aquí quejoso José Carlos Narváez Sánchez. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense los oficios 244/2018-J y 242/2018-J, signados por la Juez de Ejecuciones Penales de la Región de ,Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remite las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 5311, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dentro del amparo en revisión penal 53/2018, así como los autos originales del juicio de amparo número 932/2017-ll promovido por José Carlos Francisco Narváez Sánchez; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "...PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia sometida a revisión de seis de febrero de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 932/2017, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, promovido por José Carlos Francisco Narváez Sánchez (fiador), por inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, consistente en el expediente personal EP-534/2014. TERDERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Carlos Francisco Narváez Sánchez contra el acto atribuido al juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región de Morelia, consistente en el acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los expedientes personales EP-533/2014 y EP-535/2014. El amparo es para los efectos precisados en el último considerando."; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes, así como el incidente incidental respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de alzada, modificó la sentencia dictada por este Juzgado el día seis de febrero de dos mil dieciocho, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a José Carlos Francisco Narváez Sánchez, para ahora concederla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región de Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación con los puntos especificados de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, es decir: ".1. Deje insubsistente el auto reclamado de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los expedientes de ejecución EP-533/2014 y EP-535/22014, de Marco Antonio Valdez Garduño y José Enrique Vidal García, respectivamente. 2. Hecho lo anterior, pronuncie otro donde prescinda del argumento relativo a que los sentenciados no cumplieron con la obligación de acudir ante la autoridad administrativa y, con libertad de jurisdicción, provea sobre la devolución de la garantía y los consecuentes efectos que ello conlleva.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa a la autoridad responsable, por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 5311, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dentro del amparo en revisión penal 53/2018, así como los autos originales del juicio de amparo número 932/2017-ll promovido por José Carlos Francisco Narváez Sánchez; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "...PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia sometida a revisión de seis de febrero de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 932/2017, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, promovido por José Carlos Francisco Narváez Sánchez (fiador), por inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia, consistente en el expediente personal EP-534/2014. TERDERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Carlos Francisco Narváez Sánchez contra el acto atribuido al juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región de Morelia, consistente en el acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los expedientes personales EP-533/2014 y EP-535/2014. El amparo es para los efectos precisados en el último considerando."; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes, así como el incidente incidental respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de alzada, modificó la sentencia dictada por este Juzgado el día seis de febrero de dos mil dieciocho, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a José Carlos Francisco Narváez Sánchez, para ahora concederla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la región de Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación con los puntos especificados de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, es decir: ".1. Deje insubsistente el auto reclamado de doce de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en los expedientes de ejecución EP-533/2014 y EP-535/22014, de Marco Antonio Valdez Garduño y José Enrique Vidal García, respectivamente. 2. Hecho lo anterior, pronuncie otro donde prescinda del argumento relativo a que los sentenciados no cumplieron con la obligación de acudir ante la autoridad administrativa y, con libertad de jurisdicción, provea sobre la devolución de la garantía y los consecuentes efectos que ello conlleva.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa a la autoridad responsable, por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    ... Agréguese el oficio 1230/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 3118, con el que se remitieron los autos del juicio de amparo número 932/2017-II, en virtud de que la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia definitiva dictada el seis de febrero de dos mil dieciocho, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer; informando además que se admitió dicho medio de impugnación; lo anterior para los efectos legales procedentes. ...

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano