Jose Carlos Estrella Chan

Expediente 1079/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1079/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Jose Carlos Estrella Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, sin hacerse pronunciamiento acerca de él, en virtud, de que de autos se advierte que por proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó el archivo de este expedientillo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, no está demás señalar, que del oficio de cuenta se advierte, que dicha autoridad informa sobre el cumplimiento dado a una sentencia en la que se otorgó el amparo solicitado, dictada en autos de este juicio de garantías, sin embargo, en resolución de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, a José Carlos Estrella Chan, en contra del acto que reclamó de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida: "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Carlos Estrella Chan, respecto del acto que reclamó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca de apelación número 942/2018." De lo que se desprende que en este juicio de amparo, no se ha requerido cumplimiento alguno, aunado al hecho que de la lectura de la demanda de amparo dicha autoridad no fue señalada como autoridad responsable; por tanto, hágasele del conocimiento a la citada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la anterior Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo NIEGA EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN en el presente juicio de garantías; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se tramitó el incidente de suspensión por no haberlo solicitado; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capitulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capitulo quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero del capítulo tercero del acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de garantías. Finalmente, devuélvase a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las copias certificadas de las constancias que adjuntó a su informe justificado.

  3. Principal

    MESA V. ...... se, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ...respecto del acto que reclamó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca de apelación número 942/2018; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución. ... CONTENIDO: SE NOTIFICA RESOLUCIÓN. OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES V.10901 SALA COLEGIADA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. V.10902 JUEZ SEGUNDO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. MÉRIDA, YUCATÁN. Por vía de notificación, para su conocimiento y efectos legales del caso, con el presente remito a usted, copia autorizada de la resolución pronunciada el día de hoy, en el juicio de amparo V.1079/2014, promovido por ********************, contra actos de usted. Mérida, Yucatán, 28 de octubre de 2019. A t e n t a m e n t e: PABLO PÉREZ PACHECO. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2019. EXPEDIENTE NUMERO: V.1079/2019. CONTENIDO: SE NOTIFICA RESOLUCIÓN. OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES V.10901 SALA COLEGIADA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. V.10902 JUEZ SEGUNDO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO. MÉRIDA, YUCATÁN. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y tres minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo V.1079/2019, promovido por ********************estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; los cuales obran agregados en los presentes autos. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas que adjuntaron el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y la Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia; por lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita; por tanto, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tienen por formuladas las manifestaciones de la Fiscal Federal adscrita, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, con lo que se cierra dicha etapa. A continuación, el Secretario en funciones de Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1079/2019-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de marzo del año en curso, ante la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridad ordenadora, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Sala Civil, y como autoridad ejecutora el C. Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. La primera autoridad con domicilio conocido en esta ciudad de Mérida, y la segunda con domicilio en el predio que ocupa el recinto del Poder Judicial del Estado, ubicado en el predio número 501, de la calle 35, entre 62 y 62 "A", de esta propia ciudad de Mérida". "ACTO RECLAMADO: La ilegal sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la autoridad responsable con relación a los agravios vertidos por el compareciente, en los autos del toca 942/2018, relativo a la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en fecha 4 de junio del año 2018, en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovido por la C. Genoveva Isabel Farfán Ku, en contra del suscrito. De la autoridad ejecutora reclamo la posible ejecución de la sentencia definitiva de segunda instancia que dictara la autoridad ordenadora". SEGUNDO. Por acuerdo de dos de agosto del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, a quien por turno le correspondió conocer de la demanda de amparo, se declaró legalmente incompetente para conocer de ella, indicando que el competente lo sería un juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad de Mérida. TERCERO. Mediante proveído de catorce de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional que por turno le correspondió conocer de dicha demanda, se abocó al conocimiento de la misma, por lo que se admitió a trámite, y se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1079/2019-V; se solicitó a las responsables sus informes con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, y se fijó fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 37, y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado fue emitido por una autoridad, que se encuentra dentro de la jurisdicción territorial que corresponde a este Órgano de Control Constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que el quejoso quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que el peticionario del amparo reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la resolución de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca de apelación número 942/2018; Y del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la ejecución de dicha sentencia. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad señalada como responsable, la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe con justificación, manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con el expediente de primera instancia número 1495/2016, y el toca de apelación 942/2018, los que anexó a su informe, a los cuales, este juzgador les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo; por tanto, se evidencia la existencia de los actos que se le atribuyen. CUARTO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que de los presentes autos se advierte, que se notificó el acto reclamado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. De tal manera que el término para la presentación de la demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente, de conformidad con el artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, es decir, desde el veintiuno del citado mes y año, debiendo concluir el día quince de marzo siguiente, con exclusión de los días veintitrés y veinticuatro de febrero, dos, tres, nueve y diez de marzo, por corresponder a sábados y domingos, así como los días cuatro y cinco de marzo por haber sido inhábiles, por lo que si la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable, el día de su vencimiento, se concluye que la misma fue presentada dentro del tiempo que para ello establece el referido numeral 17 de la Ley de Amparo en vigor. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa son infundados en una parte e inoperantes por insuficientes en otra, como se expondrá más adelante. Por cuestión de orden se analizarán en primer lugar, los motivos de inconformidad que se califican de infundados, pues uno de ellos gira en torno a destacar, que la resolución reclamada adolece de fundamentación y motivación, y en el otro el quejoso se duele, que la responsable no atendió todos sus agravios expuestos en la apelación. Como se adelantó, los mencionados motivos de inconformidad son infundados por las razones siguientes. La Sala Colegiada responsable, al emitir la resolución de veintinueve de enero del año en curso, consideró en esencia: Que el recurrente manifestó en su agravio marcado como primero, que se vulneró su derecho de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien era cierto que tratándose de procedimientos judiciales en donde se involucraran derechos de menores, debía prevalecer el principio del interés superior del menor, así como de los incapaces, tal como lo establecía el artículo 4º Constitucional; sin embargo, que también lo era, que lo anterior no implicaba que no se le diera la oportunidad de oírlo previamente a la emisión de la resolución donde se estableciera un monto a su cargo en concepto de pensión alimenticia. A lo anterior la Sala consideró, que era pertinente invocar en primer lugar, el criterio obligatorio emitido por esa Sala de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES EN PROCEDIMIENTO ORAL FAMILIAR. EL OBLIGADO A SU PAGO NO DEBE SER LLAMADO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR", así como transcribir el contenido del artículo 672 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; así mismo refirió, que de las constancias que obraban en autos se advertía, que Genoveva Isabel Farfán Ku, había promovido diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de que se decretara una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad, tramitadas con base en el numeral 672 de la legislación procesal familiar, de cuyo contenido se desprendía que existían diferencias substanciales entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa, pues la primera contemplaba actos fuera de juicio donde no había controversia, litigio o conflicto entre partes, la que se resolvía sin escuchar al deudor. Que con base en lo anterior y del precedente invocado se consideraba importante resaltar, que quien promovía unas diligencias de jurisdicción voluntaria para determinar alimentos, lo hacía con el carácter de urgente, y las sentencias que se dictaban en ese procedimiento no eran definitivas, en razón de que la necesidad de percibir alimentos por su propia naturaleza, tenía un rango especial dentro del derecho familiar, en consecuencia, se requerían de disposiciones adecuadas que permitieran su satisfacción oportuna, careciendo de sentido condicionar su otorgamiento, a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera interponer recursos que retrasarían su tramitación. Así mismo, la responsable también relató, que el recurrente en su agravio primero así como del segundo se había dolido, que era falso que los testigos hubieran manifestado que no proporcionaba cantidad alguna a sus hijos, y que la testigo Jiménez May había señalado que eso lo sabía porque vivía enfrente y que oía los comentarios que la promovente le decía, siendo lo anterior un testigo de oídas, además de que sí consignaba alimentos desde el año dos mil trece, tal como se advertía del diverso expediente 1659/2013, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, lo que pretendía demostrar con la copia simple de la Unidad de Administración del Fondo para la Administración de Justicia del Estado. En respuesta a lo anterior la sala argumentó, que era insuficiente lo que manifestaba el agraviado, pues el legislador había dispuesto en el artículo 709 y demás del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que cuando se reclamen alimentos en la vía de jurisdicción voluntaria, correspondía al juzgador determinarlos, siempre que considerara fundada la solicitud, lo cual era de forma independiente a lo que voluntariamente consignara el deudor alimentario por dicho concepto. Y que en relación con la copia simple que había ofrecido con su escrito de agravios, mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dicha Sala había determinado con base en el artículo 437 del código adjetivo de la materia, no admitirla, pues en la segunda instancia no existía un período probatorio. Que en sus agravios segundo y tercero el recurrente había señalado, que le causaba un perjuicio que el juez hubiera considerado que se cumplían con los requisitos contemplados en el artículo 705 del código procesal familiar en sus fracciones I, II, y III, tomando en consideración la información testimonial de Josefina Jiménez y Lenny Aurora Alcalá Dzul, quienes habían manifestado que era dueño de un puesto de cochinita, pues no eran hechos que les constaran; así como que la segunda testigo había indicado que era dueño de dos automóviles, siendo falsas dichas aseveraciones, pues de los oficios que la Secretaría de Seguridad Pública había remitido así como del Servicio de Administración Tributaria se advertía, que no era propietario de los vehículos así como del puesto de cochinita. Que el recurrente también se había dolido, que la juez tomó como base para decretar una pensión alimenticia, la cantidad que resultara de cuatro salarios mínimos diarios de sus ingresos, deduciendo que eran tres hijos menores de edad los que tenía la necesidad de alimentos, por lo que a cada acreedor así como a Estrella Chan, le correspondía el veinticinco por ciento de sus ingresos, lo que resultaba la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta pesos, además de obligarlo a pagar una fianza para asegurarlos, equivalente a tres meses de pensión alimenticia, lo que resultaba ilógico, pues la juez únicamente se había sustentado en las declaraciones de los citados testigos. En relación con lo anterior la Sala consideró, que era necesario precisar, que en autos no existía informe alguno del Servicio de Administración Tributaria así como de la Secretaría de Seguridad Pública; y que de la lectura del acta de la audiencia preliminar se desprendía, que la juez había determinado que con motivo de que en autos no existía prueba alguna que acreditara aproximadamente el caudal económico del deudor, y de las informaciones testimoniales se advertía que era propietario de un negocio de venta de comida rápida, y con el objeto de obtener mayores datos en relación con dicho negocio, se giraron los oficios correspondientes a la Procuraduría de la Defensa y el Menor de la Familia del Estado, para que realizara un estudio socio económico en el domicilio particular, así como en el laboral del afectado. Y que de la lectura de la sentencia recurrida se desprendía, que la juez había indicado, que no pasaba inadvertido el estudio socio económico señalado, del cual se advertía que el deudor era una persona adulta, del género masculino, de familia reconstruida, del que se obtenían datos de conducta reservada pero económicamente favorable, pues los vecinos donde se ubicaba el puesto de cochinita referían que era redituable, por lo que, contrariamente a lo alegado, la juez sí se allegó de diversos medios de convicción necesarios para determinar su capacidad económica, los cuales concatenados con las mencionadas testimoniales, determinó fijar dicha cantidad, siendo en consecuencia infundado el argumento en el que señala que la a quo únicamente se había basado en dichos atestes para condenarlo. Así mismo, que con base en el oficio que la Directora del Registro Civil había remitido al juzgado de origen, la juez había advertido la existencia de otros descendientes, lo que tomó en consideración al momento de resolver, de ahí que resultara incorrecto el argumento orientado a señalar, que únicamente se habían tomado en consideración las mencionadas testimoniales. Que en otro apartado el recurrente manifestó, que la juez no tomó en consideración que era casado, y que de ese matrimonio había procreado dos hijos, una hija que era mayor de edad, pero se encontraba estudiando el quinto semestre de la Licenciatura en Derecho, y un hijo menor edad, bajo tratamiento de TDAH, con conducta desafiante y depresión infantil, el cual requería un tratamiento especial y costoso, exhibiendo una copia simple del patronato del hospital Psiquiátrico de Yucatán, Asociación Civil, resultando en consecuencia inequitativa la cantidad determinada, pues eran en total cuatro hijos y su esposa a quienes tenía que mantener. Con base en lo anterior, la sala determinó, que de conformidad con el artículo 30 del código sustantivo de la materia, la juez debía de presumir la necesidad de los menores de recibir alimentos, y que al momento de emitir el fallo impugnado, había indicado que eran tres menores los que tenían el derecho de percibir alimentos, o sea, que contrariamente a lo alegado, sí tomó en consideración al menor bajo tratamiento de TDAH. Y que en relación con la hija mayor de edad, no existía presunción de que necesitara alimentos, y de ser así, debía demostrarlo por la vía procesal correspondiente; respecto a que se encontraba casado, dicha afirmación resultaba insuficiente para presumir dicha necesidad, pues dicha presunción se actualizaba, cuando se demostraba que la esposa se dedicaba a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, aunado al hecho que las diligencias de jurisdicción voluntaria, no tenía el objeto de que se determinara una cantidad en concepto de pensión para su esposa, por tal motivo, su hija mayor y su esposa no podían ser consideradas acreedoras alimentistas. Que no obstante lo expuesto, de conformidad con los artículos 711, 712 y 713 del Código de Procedimientos Familiares, el agraviado tenía expedito su derecho para tramitar por la vía contenciosa ordinaria, cualquier aumento o disminución a dicha pensión, pues en la vía que se analizaba, la legislación no contemplaba un período probatorio ni se podía asumir jurisdicción en relación con los asuntos planteados ante el juez de primera instancia. Invocando como apoyo el criterio emitido por dicha Sala Colegiada Civil y Familiar de rubro: "ALIMENTOS. VÍA LEGAL PARA SU AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORAL FAMILIAR". Como se puede advertir de lo narrado párrafos precedentes y contrariamente a lo expuesto por la parte quejosa, dicha resolución emitida por la Sala responsable, sí se encuentra fundada y motivada, además de que la a quo fue relacionando cada precepto legal invocado, con su correspondiente argumento, de ahí que se califiquen de infundados los conceptos de violación orientados a destacar ese vicio de forma. Así mismo, también se considera infundado el argumento expuesto por el titular de la acción constitucional, en el que señala que la responsable desatendió todos sus agravios expuestos en la apelación, pues como se advierte de las consideraciones expuestas por la Sala las que fueron resumidas líneas arriba, ésta fue abordando uno por uno sus motivo de disenso, pues de manera detallada fue atendiendo cada uno de ellos tal como se explicará a continuación. En efecto, el aquí quejoso en su agravio marcado como primero señaló: Que se vulneró su derecho de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues si bien era cierto que tratándose de procedimientos judiciales en donde se involucraran derechos de menores, debía prevalecer el principio del interés superior del menor, así como de los incapaces, tal como lo establecía el artículo 4º Constitucional; sin embargo, que también lo era, que lo anterior no implicaba que no se le diera la oportunidad de oírlo previamente a la emisión de la resolución donde se estableciera un monto a su cargo en concepto de pensión alimenticia. En respuesta a lo anterior la Sala consideró, que era pertinente invocar en primer lugar, el criterio obligatorio emitido por esa Sala de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES EN PROCEDIMIENTO ORAL FAMILIAR. EL OBLIGADO A SU PAGO NO DEBE SER LLAMADO A LA AUDIENCIA PRELIMINAR", así como transcribir el contenido del artículo 672 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán; así mismo refirió, que de las constancias que obraban en autos se advertía, que Genoveva Isabel Farfán Ku, había promovido diligencias de jurisdicción voluntaria con el objeto de que se decretara una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad, tramitadas con base en el numeral 672 de la legislación procesal familiar, de cuyo contenido se desprendía que existían diferencias substanciales entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa, pues la primera contemplaba actos fuera de juicio donde no había controversia, litigio o conflicto entre partes, la que se resolvía sin escuchar al deudor. Que con base en lo anterior y del precedente invocado se consideraba importante resaltar, que quien promovía unas diligencias de jurisdicción voluntaria para determinar alimentos, lo hacía con el carácter de urgente, y las sentencias que se dictaban en ese procedimiento no eran definitivas, en razón de que la necesidad de percibir alimentos por su propia naturaleza, tenía un rango especial dentro del derecho familiar, en consecuencia, se requerían de disposiciones adecuadas que permitieran su satisfacción oportuna, careciendo de sentido condicionar su otorgamiento, a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera interponer recursos que retrasarían su tramitación. Así mismo, en una parte de su motivo de inconformidad marcado como primero así como en el segundo el recurrente se dolió: Que era falso que los testigos hubieran manifestado que no proporcionaba cantidad alguna a sus hijos, y que la testigo Jiménez May había señalado que eso lo sabía porque vivía enfrente y que oía los comentarios que la promovente le decía, siendo lo anterior un testigo de oídas, además de que sí consignaba alimentos desde el año dos mil trece, tal como se advertía del diverso expediente 1659/2013, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, lo que pretendía demostrar con la copia simple de la Unidad de Administración del Fondo para la Administración de Justicia del Estado. En respuesta a lo anterior la sala argumentó, que era insuficiente lo que manifestaba el agraviado, pues el legislador había dispuesto en el artículo 709 y demás del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que cuando se reclamen alimentos en la vía de jurisdicción voluntaria, correspondía al juzgador determinarlos, siempre que considerara fundada la solicitud, lo cual era de forma independiente a lo que voluntariamente consignara el deudor alimentario por dicho concepto. Y que en relación con la copia simple que había ofrecido con su escrito de agravios, mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dicha Sala había determinado con base en el artículo 437 del código adjetivo de la materia, no admitirla, pues en la segunda instancia no existía un período probatorio. En su agravio segundo y tercero destacó: Que le causaba un perjuicio que el juez hubiera considerado que se cumplían con los requisitos contemplados en el artículo 705 del código procesal familiar en sus fracciones I, II, y III, tomando en consideración la información testimonial de Josefina Jiménez y Lenny Aurora Alcalá Dzul, quienes habían manifestado que era dueño de un puesto de cochinita, pues no eran hechos que les constaran; así como que la segunda testigo había indicado que era dueño de dos automóviles, siendo falsas dichas aseveraciones, pues de los oficios que la Secretaría de Seguridad Pública había remitido así como del Servicio de Administración Tributaria se advertía, que no era propietario de los vehículos así como del puesto de cochinita. Que el juez había tomado como base para decretar una pensión alimenticia, la cantidad que resultara de cuatro salarios mínimos diarios de sus ingresos, deduciendo que eran tres hijos menores de edad los que tenía la necesidad de alimentos, por lo que a cada acreedor así como a Estrella Chan, le correspondía el veinticinco por ciento de sus ingresos, lo que resultaba la cantidad de dos mil seiscientos cincuenta pesos, además de obligarlo a pagar una fianza para asegurarlos, equivalente a tres meses de pensión alimenticia, lo que resultaba ilógico, pues la juez únicamente se había sustentado en las declaraciones de los citados testigos. En relación con lo anterior la Sala consideró, que era necesario precisar, que en autos no existía informe alguno del Servicio de Administración Tributaria así como de la Secretaría de Seguridad Pública; y que de la lectura del acta de la audiencia preliminar se desprendía, que la juez había determinado que con motivo de que en autos no existía prueba alguna que acreditara aproximadamente el caudal económico del deudor, y de las informaciones testimoniales se advertía que era propietario de un negocio de venta de comida rápida, y con el objeto de obtener mayores datos en relación con dicho negocio, se giraron los oficios correspondientes a la Procuraduría de la Defensa y el Menor de la Familia del Estado, para que realizara un estudio socio económico en el domicilio particular, así como en el laboral del afectado. Y que de la lectura de la sentencia recurrida se desprendía, que el juez había indicado, que no pasaba inadvertido el estudio socio económico señalado, del cual se advertía que el deudor era una persona adulta, del género masculino, de familia reconstruida, del que se obtenían datos de conducta reservada pero económicamente favorable, pues los vecinos donde se ubicaba el puesto de cochinita referían que era redituable, por lo que, contrariamente a lo alegado, la juez sí se allegó de diversos medios de convicción necesarios para determinar su capacidad económica, los cuales concatenados con las mencionadas testimoniales, determinó fijar dicha cantidad, siendo en consecuencia infundado el argumento en el que señala que la a quo únicamente se había basado en dichos atestes para condenarlo. Así mismo, que con base en el oficio que la Directora del Registro Civil había remitido al juzgado de origen, la juez había advertido la existencia de otros descendientes, lo que tomó en consideración al momento de resolver, de ahí que resultara incorrecto el argumento orientado a señalar, que únicamente se habían tomado en consideración las mencionadas testimoniales. En otro de sus motivos de inconformidad el deudor alimentario indicó: Que el juez no tomó en consideración que era casado, y que de ese matrimonio había procreado dos hijos, una hija que era mayor de edad, pero se encontraba estudiando el quinto semestre de la Licenciatura en Derecho, y un hijo menor edad, bajo tratamiento de TDAH, con conducta desafiante y depresión infantil, el cual requería un tratamiento especial y costoso, exhibiendo una copia simple del patronato del hospital Psiquiátrico de Yucatán, Asociación Civil, resultando en consecuencia inequitativa la cantidad determinada, pues eran en total cuatro hijos y su esposa a quienes tenía que mantener. Con base en lo anterior, la sala determinó, que de conformidad con el artículo 30 del código sustantivo de la materia, la juez debía de presumir la necesidad de los menores de recibir alimentos, y que al momento de emitir el fallo impugnado, había indicado que eran tres menores los que tenían el derecho de percibir alimentos, o sea, que contrariamente a lo alegado, sí tomó en consideración al menor bajo tratamiento de TDAH. Y que en relación con la hija mayor de edad, no existía presunción de que necesitara alimentos, y de ser así, debía demostrarlo por la vía procesal correspondiente; respecto a que se encontraba casado, dicha afirmación resultaba insuficiente para presumir dicha necesidad, pues dicha presunción se actualizaba, cuando se demostraba que la esposa se dedicaba a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, aunado al hecho que las diligencias de jurisdicción voluntaria, no tenía el objeto de que se determinara una cantidad en concepto de pensión para su esposa, por tal motivo, su hija mayor y su esposa no podían ser consideradas acreedoras alimentistas. Que no obstante lo expuesto, de conformidad con los artículos 711, 712 y 713 del Código de Procedimientos Familiares, el agraviado tenía expedito su derecho para tramitar por la vía contenciosa ordinaria, cualquier aumento o disminución a dicha pensión, pues en la vía que se analizaba, la legislación no contemplaba un período probatorio ni se podía asumir jurisdicción en relación con los asuntos planteados ante el juez de primera instancia. Invocando como apoyo el criterio emitido por dicha Sala Colegiada Civil y Familiar de rubro: "ALIMENTOS. VÍA LEGAL PARA SU AUMENTO O DISMINUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORAL FAMILIAR". Como se precisó párrafos arriba, de lo resumido se llega a la convicción, que la Sala responsable atendió todos y cada uno de los motivos de inconformidad vertidos vía agravios por el recurrente, por tal motivo es que dichos argumentos se tilden de infundados. Ahora bien, los restantes conceptos de violación propuestos por el titular de la acción constitucional se estiman inoperantes, en la medida que no fueron suficientes para controvertir las consideraciones de la sentencia reclamada. En efecto, el quejoso expresó en esencia: Que en el considerando tercero la responsable únicamente señaló que se tenían por reproducidos los agravios vertidos por el recurrente, dado que el artículo 396 y demás del Código de Procedimientos Familiares no exigía su transcripción. Así mismo, que la parte actora no demostró que él percibiera más de un salario mínimo y que la juzgadora únicamente se había basado en las testimoniales ofrecidas por la promovente de las diligencias. Que la juez con el objeto de allegarse de medios de convicción que le permitieran tener los elementos suficientes para determinar una cantidad en concepto de pensión alimenticia, giró diversos oficios a varias instituciones bancarias así como departamentales, y al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuyas respuestas fueron en sentido negativo. Que incluso, la Directora del Registro Civil informó que tenía otra familia, esto es, que era casado y con dos hijos, una hija mayor de edad pero que se encontraba estudiando la Licenciatura en Derecho, y un menor bajo tratamiento de TDA, en consecuencia, no habían los elementos suficientes para condenarlo, pues la propia juez en la audiencia preliminar había indicado que no existía medio probatorio alguno que demostrara a cuánto ascendía sus ingresos, por lo tanto, únicamente se habían basado en el trabajo socioeconómico así como las testimoniales para determinar que tenía un negocio de comida rápida, esto es, de cochinita. Que en virtud de lo expuesto se advierte, que la promovente no demostró con medio de convicción alguno el derecho que intentó de tener derecho a una cantidad en concepto de pensión alimenticia Como se anunció párrafos precedentes, los motivos de inconformidad resumidos líneas arriba son inoperantes por insuficientes, sin que resulte necesario transcribir una vez más las consideraciones de la sentencia reclamada, en obvio de repeticiones innecesarias, pues la misma ya ha quedado transcrita párrafos precedentes. En efecto, de la confrontación realizada entre los argumentos torales de la resolución combatida y los conceptos de violación formulados se advierte, que no están orientados a combatir la resolución decretada en su totalidad, ya que el agraviado, en lugar de enfrentar los argumentos jurídicos expresados por la responsable en su integridad, se limitó a combatir algunos de ellos, esto es, los orientados a señalar que únicamente se le otorgó valor probatorio a las testimoniales, cuando la sentencia de la Sala descansó en diversas consideraciones, las cuales se reitera, no fueron controvertidas. Por lo consiguiente, dichos motivos de inconformidad, al no estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado en su totalidad y no de manera parcial como se ha dejado sentado, es que los mismos resulten inoperantes. Es aplicable al caso la jurisprudencia con número de tesis IV.3o.A. J/4 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1138, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada". En las relatadas consideraciones, al resultar infundados por una parte e inoperantes por insuficientes por otra, los conceptos de violación propuestos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO SOLICITADO por ********************respecto al acto que reclamó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca de apelación número 942/2018. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor; se, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************respecto del acto que reclamó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en autos del toca de apelación número 942/2018; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. ES COPIA FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL, MISMA QUE AUTORIZO Y FIRMO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y tres minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo V.1079/2019, promovido por ********************estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; los cuales obran agregados en los presentes autos. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las pruebas que adjuntaron el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y la Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia; por lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita; por tanto, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tienen por formuladas las manifestaciones de la Fiscal Federal adscrita, las cuales serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, con lo que se cierra dicha etapa. A continuación, el Secretario en funciones de Juez procede a dictar la siguiente resolución.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y anexo que acompaña, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de veintiséis de septiembre del presente año, remite copia certificada de las constancias requeridas en el mismo; por tanto, tómense en consideración al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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