José Carlos Delgadillo Carrazco y Otros.
Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2018
Partes del expediente
- José Carlos Delgadillo Carrazco y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese la constancia de notificación de veintidós de febrero del año en curso, realizada al quejoso Carlos Delgadillo Carrasco, en la cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado. En esas condiciones, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado. En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Intégrese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar al representante común de los quejosos José Carlos Delgadillo Carrasco el proveído de catorce de los cursantes, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue informado por el personal de custodia de ese lugar, que no era deseo del quejoso acudir a notificarse. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya nuevamente en las instalaciones el centro federal referido y lleve a cabo la notificación que no fue posible realizar al quejoso de mérito; con el apercibimiento que si se niega a recibir o a firmar la notificación, dicha negativa se asentará en autos y se tendrá por hecha.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda que promueven ***, regístrese bajo el número 210/2018-III-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis al escrito de demanda se desprende que el quejoso, reclama: La negativa al suministro de manera gratuita y periódicamente de artículos de aseo personal y limpieza. DESECHAMIENTO Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. La fracción mencionada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)--------XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.-----------------------------------------------------------------------------No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. -------------------------------------------------------------Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". En efecto la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Como se precisó en párrafos que anteceden el aquí peticionario de amparo reclama de las autoridades responsables, la negativa al suministro de manera gratuita y periódicamente de artículos de aseo personal y limpieza. Ahora, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro penitenciario tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro penitenciario estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que los quejosos, previo a promover demandada de amparo, debieron presentar la petición de que se le suministren de manera gratuita y periódicamente de artículos de aseo personal y limpieza, ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentran internos, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, posteriormente, de ser el caso, ante el Juez de Control o Ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN En uso de la facultad que confiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a José Carlos Delgadillo Carrasco. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
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