José Carlos Alberto Monge Amezcua

Expediente 313/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
313/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • José Carlos Alberto Monge Amezcua
  • José Carlos Alberto Monge Amezcua y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, promovido por , ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que pase inadvertido que a la presente data, las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, no les ha transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo; sin embargo, la presente determinación en modo alguno les depara perjuicio al tener el carácter de autoridades jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2003, visible en la página 23, Tomo XVIII, Julio de 2003, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 183709 de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del dos de agosto de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con la fracción III, primer párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá destruirse el original y duplicado del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo al haberse negado la medida cautelar solicitada. De igual manera, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Por otra parte, se advierte que en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en consecuencia, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, dado que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, informó a este órgano jurisdiccional que los Juzgados Civiles, su primer periodo vacacional será comprendido del diecisiete de julio al cuatro de agosto del presente año, resérvese el envío del oficio respectivo hasta en tanto las autoridades responsables reanuden sus labores. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 13858 y 13859

  2. Principal

    ........procedo a notificar por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación al quejoso José Carlos Monge Amezcua, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de uno de agosto de dos mil diecisiete......Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio, promovido por , ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que pase inadvertido que a la presente data, las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, no les ha transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 86 de la Ley de Amparo; sin embargo, la presente determinación en modo alguno les depara perjuicio al tener el carácter de autoridades jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2003, visible en la página 23, Tomo XVIII, Julio de 2003, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 183709 de rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del dos de agosto de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con la fracción III, primer párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá destruirse el original y duplicado del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo al haberse negado la medida cautelar solicitada. De igual manera, en términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto 1/2009, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. Por otra parte, se advierte que en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en consecuencia, hágase de su conocimiento para que dentro del término de noventa días solicite la devolución de los mismos, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, dado que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, informó a este órgano jurisdiccional que los Juzgados Civiles, su primer periodo vacacional será comprendido del diecisiete de julio al cuatro de agosto del presente año, resérvese el envío del oficio respectivo hasta en tanto las autoridades responsables reanuden sus labores. En cumplimiento al presente proveído, se giran los oficios siguientes: 13858 y 13859

  3. Principal

    .......RESUELVE. PRIMERO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS........SEGUNDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO...

  4. Incidental

    ..........RESUELVE. ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA.......

Quedan 7 actuaciones en este expediente

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