José Cándido Oscar Díaz González
Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Cándido Oscar Díaz González
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo ***, de su índice, e informa que no insiste en declinar la competencia por territorio. En virtud de lo anterior, se ordena enviarle el tomo de pruebas y los cuatro discos compactos con que acompañó al citado expediente. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Radicación Agréguese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene inserto el auto de veintiséis de agosto de la anualidad en curso, en el que el titular de ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Cándido Óscar Díaz González, por derecho propio; asimismo, remite el original del juicio de amparo 612/2022. Con el oficio y el juicio de amparo remitidos, fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 1051/2022-III, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado. No se acepta competencia El juzgado declinante remite por incompetencia el juicio de amparo promovido por José Cándido Óscar Díaz González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, y otras autoridades, bajo el argumento de que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución dentro la circunscripción territorial asignada a los Juzgados de Distrito en el Estado de México, residentes en Naucalpan de Juárez. Lo anterior, porque las autoridades responsables de la Ciudad de México negaron los actos que se les atribuyeron, mientras que las residentes en el Estado de México aceptaron haber girado aquél mandamiento de captura y también su ejecución. Sin embargo, respetuosamente no se comparte el criterio sostenido por la autoridad oficiante y, por ende, no se acepta la competencia planteada, por las consideraciones siguientes. Conforme a las reglas de competencia para el juicio de amparo, prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es juez competente aquél que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el presente supuesto, el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión emitida el dieciséis de diciembre de dos mil veinte en la carpeta administrativa 1129/2019, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, la cual, al ser restrictiva de la libertad personal, necesariamente tiene una naturaleza ejecutiva, ya que al cumplimentarse ese mandamiento el amparista deberá ser puesto bajo la potestad de que autoridad que lo requiere. Por ello, en congruencia con la regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo, si los actos requieren de ejecución material, corresponde el conocimiento del juicio constitucional al juez federal que ejerza sus funciones en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/95, estableció que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, empero, si las autoridades ejecutoras que por residir dentro de la jurisdicción territorial del juez de distrito, lo hacían competente, niegan el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esa negativa, dicho juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional, salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y remitir lo actuado al juzgado que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Así, en caso de que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras en sus informes justificados nieguen los actos que se les atribuyen, el quejoso tiene oportunidad para controvertir y desvirtuar esas negativas, que comprende desde que se le da vista con el contenido de esos informes hasta la celebración de la audiencia constitucional, de modo que, si una vez iniciada la celebración de la audiencia respectiva, en su fase probatoria no queda acreditada la existencia de esos actos reclamados a las autoridades ejecutoras, esta particular situación debe motivar el desarrollo total de dicha audiencia, salvo el dictado de la sentencia, y entonces el juez de distrito debe proceder a formular la declaración de incompetencia respectiva, declinándola en favor del diverso juez federal en cuya jurisdicción y de acuerdo a las constancias de autos aparezca que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto combatido. El criterio a que se ha hecho referencia está contenido en la jurisprudencia P./J. 9/2001, que expresa: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Así, pese a que si bien es verdad que las autoridades ejecutoras residentes en la jurisdicción territorial del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (que inicialmente lo hacían competente), negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa (hasta el momento en que se emitió el acuerdo de incompetencia, esto es, antes de la celebración de la audiencia constitucional), lo cierto es que, de conformidad con el criterio jurisprudencial citado, era menester que se otorgara al impetrante la oportunidad de controvertir y desvirtuar esa negativa hasta la celebración de la citada audiencia. Ello, porque para que pueda ejercer la carga procesal probatoria y controvertir los informes respectivos se requiere que el sumario se agote en todas sus etapas hasta la audiencia de ley, en la que tendrá la última oportunidad de aportar los medios de convicción para, en su cao, acreditar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Da soporte al anterior criterio, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.) , emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." De igual forma es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En las relatadas condiciones, este juzgador no acepta la competencia planteada, por lo que, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvase el juicio constitucional y su anexo al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Finalmente, con copia del presente proveído y de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
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