José Cándido Nava González
Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Cándido Nava González
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la copia del oficio 60/2023, remitido por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual, informa el cumplimiento dado al requerimiento que se le formuló por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; al respecto, agréguese sin mayor proveído, toda vez que el cuatro de abril de la anualidad que transcurre, se archivó el biinstancial en que se actúa como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la diligencia de notificación de catorce de abril de la presente anualidad, en la que el quejoso, realizó diversas manifestaciones en relación al proveído de cuatro de abril de la anualidad que transcurre; al respecto, agréguese sin mayor proveído, toda vez que en esa propia data, se archivó el biinstancial en que se actúa. Cúmplase.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por ************ contra los actos que reclama del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con residencia en la Congregación de Cerro de León, Villa Aldama, Veracruz y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 317/2023/II-B. Al respecto, se acuerda: SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de garantías. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Ahora bien, en razón de que el directo quejoso refiere ha sido objeto de actos de tortura y malos tratos que afectan su integridad física y psicológica, por parte de los elementos de custodia del Centro Federal Número Cinco "Oriente", con residencia en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSION DE OFICIO de los actos precisados en líneas que anteceden, llevados a cabo por parte de personal de custodia del centro federal penitenciario en cita. LAS RAZONES DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA, atienden en primer lugar, a que el agraviado se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, y los actos reclamados se consideran como de aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, al ubicarse en el rubro de tortura. Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis de jurisprudencia I. 3º. A. J/7, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN consisten en que: cesen de inmediato los actos de tortura y malos tratos, que refiere el quejoso ha sido objeto, así como que se le proporcione la atención médica con motivo de los golpes de los que refiere fue objeto el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, hasta en tanto se resuelva en lo principal el juicio de amparo, pues de lo contrario, de consumarse se haría imposible físicamente restituirlo en el goce de sus derechos violados. EL REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES con motivo de la suspensión, consisten: 1. En el término de veinticuatro horas comuniquen a este Juzgado, a través de oficio, de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes. Hágase del conocimiento al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número "Cinco" Oriente, con sede en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, que se pone a su disposición el correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx , para que rinda su informe que se le solicita. Es oportuno aclarar que el término citado transcurre de momento a momento, sin tomar en consideración días y horas inhábiles. LOS APERCIBIMIENTOS AL REQUERIMIENTO A LAS RESPONSABLES con motivo de la suspensión, consisten en: 1. La violación a esta suspensión entraña el delito establecido en la fracción III, del numeral 262 de la Ley de Amparo, relativo a que se desobedezca un auto de suspensión debidamente notificado. 2. El no informar sobre las medidas tendentes al cumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a que se actualice la comisión de un delito en términos de lo dispuesto por el artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto hace a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. ACTOS DE TORTURA. No obstante lo anterior, debe establecerse que de conformidad con los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a tortura. Este derecho humano fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1o., 6o. y 8o. disponen: "Artículo 1°. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención". "Artículo 6°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.". "Artículo 8°. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente." Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. De los preceptos transcritos se colige que el Estado Mexicano se obligó a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, entre las cuales se encuentran las siguientes: 1. Garantizar el derecho de toda persona que denuncie haber sido torturada a que su caso sea examinado imparcialmente. 2. Garantizar que cuando exista una denuncia o razón para creer que se ha cometido un acto de tortura, las autoridades intervendrán oficiosa e inmediatamente para realizar una investigación sobre el caso e iniciar, cuando corresponda, un proceso penal. Cabe mencionar que, en congruencia con los referidos deberes del Estado Mexicano, en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se estableció: "Artículo 11. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes. Para la determinación de los días multa se estará a la remisión que se hace en la parte final del artículo 4o. de este ordenamiento". Así pues, con base en los artículos 1o. y 22 constitucionales; 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1o., 6o. y 8o. de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se advierte que las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. La obligación de velar por el cumplimiento de ese derecho recae en todas las autoridades del Estado Mexicano dentro del ámbito de su competencia, y no sólo en aquellas que directamente deban investigar o procesar el acto de tortura denunciado. Además, atendiendo al principio interpretativo pro homine, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, deben tomar medidas a efecto de que las autoridades competentes procedan a investigar al respecto. Acorde con lo anterior, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en sus artículos 12 y 13, establecen la obligación de velar porque siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial. Asimismo, debe garantizarse que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes, debiéndose tomar medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. En consecuencia, procede denunciar los hechos de tortura alegados por el quejoso en la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1º, 3º y 11º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Por tanto, mediante oficio al que se adjunte copia certificada de las actuaciones que integran el presente juicio se dispone dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que en su calidad de representante de la Procuraduría General de la República gestione lo conducente y, en su caso, turne las actuaciones al organismo que corresponda dentro de dicha dependencia, para que bajo la investidura de representante de la sociedad actúe conforme a sus atribuciones constitucionales y obligaciones convencionales, así como de conformidad con los estándares internacionales en la investigación sobre probables actos de tortura alegados por los quejosos. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCVII/2014 (10a ), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla lo siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable de manera inmediata, ordene a quien corresponda cesen los malos tratos cometidos en la persona del quejoso, los cuales pudieran ser constitutivo de actos de tortura. De ahí que al reclamar actos de la naturaleza como la de los que se trata, al conllevar situaciones extraordinarias, obligan a decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, atendiendo a que se equiparan a una pena inusitada que hace posible incluirlas en el catálogo del artículo 22 constitucional. Asimismo, la tesis de jurisprudencia I. 3º. A. J/7, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se les presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. Lo anterior, sin perjuicio que en sentencia se le imponga una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el informe solicitado, podrá ser remitido a este juzgado vía ordinaria, al correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, por medio de cuenta de correo o vía telegráfica; sin embargo, salvo que resulte estrictamente indispensable, la autoridad responsable deberá abstenerse de remitir su informe por más de uno de los mencionados medios; esto a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actuaciones. SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: I. A las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) Proporcionen un correo electrónico en el cual se le puedan realizar las subsecuentes notificaciones, así como número de teléfono móvil para su confirmación. b) Comuniquen el cambio de situación jurídica y, en su caso, si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Remitan copia certificada completa y legible de las constancias que guardan relación con el acto reclamado y sean necesarias para la solución del juicio constitucional. En caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. II. A la parte quejosa: a) Proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones. b) Que para el caso que alguna de las autoridades señaladas como responsables sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de ésta, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. NO SE ESTIMA QUE EXISTAN TERCEROS INTERESADOS al no actualizarse ninguna de la hipótesis a que se refiere el artículo 5° de la Ley de amparo, dada la naturaleza del acto que por esta vía se combate. PRUEBAS Resérvese acordar lo conducente respecto a las probanzas ofrecidas por el impetrante de amparo, hasta en tanto obre en autos los informes justificados de las autoridades responsables. NOTIFICACIONES A LOS QUEJOSOS. Con motivo de que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", ubicado en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, debe llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley d Amparo. EXHORTO Con fundamento en los artículos 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con sede en Villa Aldama, Veracruz, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se sirva comisionar a quien corresponda para que se constituya en el Centro federal de Readaptación Social número "5" Oriente, en Villa Aldama, para que bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia, realice lo siguiente: 1. Notifique personalmente al quejoso ********** el presente proveído y haga entrega de la copia autorizada del mismo. 2. Dado que el aquí quejoso **********, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, el Actuario Judicial, deberá constituirse en las instalaciones de dicho centro penitenciario, y proceda a: a) Localizar a **********, y solicitar su presencia. b) Hecho lo anterior, verifique el estado físico y condiciones en que se encuentra el quejoso, asentando en el acta respectiva los pormenores de la diligencia. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, remítase el exhorto por la vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su diligenciación correspondiente. Asimismo, se solicita respetuosamente al Juzgado exhortado para que notifique el oficio que para tal efecto se acompaña, a la autoridad responsable residente en aquel municipio, lo anterior con la finalidad de que se encuentre notificada de la suspensión de plano concedida en este asunto; para acreditar lo anterior, deberá remitir las constancias de notificación respectivas. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar el exhorto de mérito, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial respectiva, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO. Ahora toda vez que el quejoso solicita se le designe un asesor jurídico, requiérase a la Delegación Estatal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Veracruz, Veracruz, con el propósito de que, de no tener inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificado, y a fin de no dejar en estado de indefensión al impetrante, designe asesor jurídico federal para que represente en el presente juicio de amparo al quejoso ************, o bien, manifieste la imposibilidad legal que tenga para ello, para lo cual se le remite copia de la demanda y del presente auto. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, conforme a lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como para realizar una labor judicial eficiente, se ordena al Secretario que corresponda, únicamente certificar y agregar a los autos aquéllas promociones de las que resulte intrascendente dictar acuerdo. Lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: Promociones ya acordadas en autos; Duplicación de informes y comunicaciones recibidas; Piezas postales devueltas que hayan sido proveídas con anterioridad, resulte innecesario su acuerdo o, el expediente esté archivado como concluido; Acuses de recibo; y, Solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas en este auto). EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente" HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
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