José Cándido Baez González

Expediente 1009/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1009/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2015

Partes del expediente

  • José Cándido Baez González

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio número oficio número 2806/2015-I signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de noviembre del año en curso, dentro del recurso de queja 116/2015, relativo a la queja formulada por el Aceros y Perfiles Ocotlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal José Cándido Báez González, contra del auto de once de junio de dos mil quince, dictado por este juzgado federal, dentro del juicio de amparo 1009/2015 mismo que devuelve. Acúsese el recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes que la queja de referencia fue resuelta bajo el siguiente punto resolutivo "ÚNICO.- Es INFUNDADO el recurso de queja hecho valer por ACEROS Y PERFILES OCOTLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la resolución de once de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1009/2015, en el que desechó de plano la demanda de amparo." Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, y archívese este asunto como totalmente concluido. Así mismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramito sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil quince. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual comunica a este Juzgado que fue admitido el recurso de queja interpuesto por Acero y Perfiles Ocotlán, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal José Cándido Báez González, quedando registrado bajo el recurso de queja 116/2015 de los de su índice, relativo al expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de junio de dos mil quince. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por José Cándido Báez González, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "Aceros y Perfiles Ocotlán", Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que acredita y se le reconoce en términos del artículo 11 de la nueva Ley de Amparo, en relación con las documentales que anexó a su escrito de demanda; contra actos de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1009/2015; y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que José Cándido Báez González, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "Aceros y Perfiles Ocotlán", Sociedad Anónima de Capital Variable, señala como actos reclamados, los siguientes: La interlocutoria de once de mayo de dos mil quince, que resolvió como improcedente por extemporáneo el incidente de nulidad interpuesto por la aquí parte quejosa en contra de la notificación del auto de ocho de octubre de dos mil catorce, en el que se determinó desechar la prueba de inspección ocular y la pericial en grafoscopía ofrecidas en el expediente 3109/10-12-01-4, de la Primera Sala Regional de Oriente de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La interlocutoria de doce de mayo de dos mil quince, en la que se determinó dejar sin materia el recurso de reclamación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto de cinco de enero de dos mil quince, en el que se desechó la prueba pericial en grafoscopía ofrecida en el incidente de nulidad interpuesto en el expediente 3109/10-12-01-4, de la Primera Sala Regional de Oriente de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que respecto a los actos reclamados en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la nueva Ley de Amparo, que disponen "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás caso s en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el promovente reclama las interlocutorias de once y doce de mayo de dos mil quince, en las que se resolvió como improcedente por extemporáneo el incidente de nulidad interpuesto por la aquí parte quejosa en contra de la notificación del auto de ocho de octubre de dos mil catorce, en el que se determinó desechar la prueba de inspección ocular y la pericial en grafoscopía, así como dejar sin materia el recurso de reclamación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto de cinco de enero de dos mil quince, en el que se desechó la prueba pericial en grafoscopía, respectivamente, ofrecidas en el expediente 3109/10-12-01-4, de la Primera Sala Regional de Oriente de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En tal sentido, las referidas determinaciones no constituyen un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afectan irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo generan la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influyan para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, los actos que se impugnan no son de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causan un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el expediente de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de las posibles violaciones procesales que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, las referidas resoluciones sólo constituyen violaciones procesales reclamables a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para la parte quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracciones III y V, ambos de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama las interlocutorias de once y doce de mayo de dos mil quince, en las que se resolvió como improcedente por extemporáneo el incidente de nulidad interpuesto por la aquí parte quejosa en contra de la notificación del auto de ocho de octubre de dos mil catorce, en el que se determinó desechar la prueba de inspección ocular y la pericial en grafoscopía, así como dejar sin materia el recurso de reclamación interpuesto por la aquí parte quejosa en contra del auto de cinco de enero de dos mil quince, en el que se desechó la prueba pericial en grafoscopía, respectivamente ofrecidas en el expediente 3109/10-12-01-4, de la Primera Sala Regional de Oriente de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinaciones que no afectan de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; en consecuencia se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues los actos reclamados sólo constituyen, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el expediente de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías de mérito. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, a Ernesto Arenas Guzmán, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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