José Candelario Molina Flores
Expediente 1208/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- José Candelario Molina Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informe Justificado. Visto lo de cuenta, recíbase el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Domicilio. No fue señalado. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado de mérito. Sin que en el presente contradictorio sea necesario poner a la vista de las partes el informe justificado de cuenta y el medio de convicción que al mismo se acompañó, dado que en la hipótesis se actualiza una causa de improcedencia que obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, como se explica a continuación: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La parte quejosa se duele de la omisión del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de dictar auto en el que se admitan o desechen pruebas y señale fecha para el desahogo de las mismas, correspondiente al juicio laboral 411/2019-I y acumulado 870/2019-V; sin embargo, de las constancias que obran en el presente expediente, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el día dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el tribunal laboral levantó la reserva decretada en autos y emitió auto sobre la admisión de los elementos probatorios ofrecidos por las partes en esos juicios y, señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas. Consecuentemente, si la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y fijar fecha y hora para el desahogo de las mismas, y esto ya aconteció, es, evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 386, del tomo XVII, marzo de dos mil tres, cuyo rubro y contenido reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Resta precisar, como se anticipó al inicio del presente, que la anterior determinación tampoco implica una violación al procedimiento de amparo que nos ocupa, toda vez que la vista de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de la Materia, con las constancias de cuenta, no aplica en el caso particular, dado que la regla en cuestión sólo opera cuando la resolución de sobreseimiento -sentencia- sea dictada en audiencia, dado lo señalado específicamente en dicho precepto, esto es, que entre la fecha de notificación a las partes del informe justificado y constancias que lo justifiquen, y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de ocho días; lo que no ocurre en el particular, en virtud que de hecho, con motivo del sobreseimiento emitido fuera de audiencia, se determinó dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este asunto, derivado de la actualización de la causal de improcedencia sobrevenida de forma indudable. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Escrito. Por ultimo, agréguese a los autos sin mayor trámite, el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, toda vez que mediante párrafos anteriores, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL PRESENTE AUTO AL TERCERO INTERESADO
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, puede advertirse que en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. No obstante, mediante Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que fueron declarados inhábiles del jueves diecinueve al domingo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por causas de fuerza mayor -paro de labores por parte de los trabajadores de los órganos jurisdiccionales-, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales. Por consiguiente, ante la existencia del impedimento legal para que este órgano jurisdiccional emitiera determinación alguna en el juicio constitucional en que se actúa, ello a la luz de los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como el de mayor beneficio de los justiciables atento a los numerales 1°, 14 y 16 de la Constitución General de la República; se procede a lo siguiente. Audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, lo conducente es fijar como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes por medio de lista, atento a que no existe obligación legal de efectuar la notificación del presente de forma personal, de acuerdo al numeral 26 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto en último lugar, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes rubro, texto y datos: "Registro digital: 206265 Instancia: Primera Sala Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, página 143 Tipo: Aislada AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE." Asimismo, sirve de apoyo a la presente determinación, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, con datos de identificación y rubro siguiente: "Registro digital: 192539 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.A.T.10 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Enero de 2000, página 970 Tipo: Aislada AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA EN DÍA INHÁBIL. VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Mexicali, Baja California, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; mediante el cual, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad, que su nombre correcto es xxxxxxxx lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Nombre correcto de la parte quejosa. Por tanto, infórmese tal circunstancia, por conducto del actuario judicial adscrito, a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", a fin de que realice los cambios correspondientes en dicho sistema. Conocimiento a las autoridades responsables. Asimismo, gírese atento oficio a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; a las primeras para efecto de que se encuentren en posibilidades de rendir el informe justificado correspondiente con el nombre correcto del quejoso y, al segundo para su conocimiento y acorde a la intervención legal que le compete. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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