José Campos Reyes
Expediente 1218/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Campos Reyes
Actuaciones
- Principal
En trece de diciembre de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICA: Que el auto de veintidós de noviembre pasado, fue notificado por lista a la parte quejosa el veintiocho siguiente (foja 18), por lo que el término de cinco días que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de noviembre al seis del mes y año en curso, sin que haya interpuesto recurso de queja en su contra. DOY FE. En la misma fecha el Secretario doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que desechó de plano la demanda promovida por José Campos Reyes. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la ley de la materia, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Virtud a lo anterior, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito; el juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; y en virtud que en el mismo tampoco existen documentos originales por devolver, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del referido acuerdo, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González. Doy Fe. /manuelcc
- Principal
En veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la juez con la demanda de amparo registrada con el folio 19322, y cinco copias de ésta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda promovida por José Campos Reyes, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1218/2016-2, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En el caso, la parte quejosa reclama la interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de interdicto de retener la posesión 412/2015, promovido por Reynaldo Reyes Delgadillo en contra del aquí promovente, por la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de tres de agosto del presente año, en que la autoridad judicial señalada como responsable señaló nueva fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial, misma que se llevaría a cabo en la misma data de la determinación impugnada; lo anterior ya que al llegar la fecha de la diligencia, la parte oferente no presentó a la persona en quien versaría el desahogo de la misma, no obstante haberse comprometido a presentarlo para tal fin y que se le haya apercibido para que en el caso de no presentarlo, se le tendría por desierto el medio de convicción mencionado. De manera que en el acto reclamado únicamente se encuentra involucrada la interlocutoria dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, en la que determinó la improcedencia de un medio de impugnación tendiente a revocar el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, por la que a petición de la parte oferente demandada, señaló nueva fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial; lo que se considera que dicho acto no constituye un perjuicio sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, mucho menos una ejecución de imposible reparación que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Atendiendo a lo anterior, se considera que la demanda de amparo indirecto promovida por José Campos Reyes es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, el auto reclamado no constituye un acto pronunciado en el procedimiento cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas. Por tanto, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, pues bien puede ocurrir que a pesar de esa determinación, el aquí quejoso obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, desapareciendo así cualquier violación procesal que se hubiera cometido en su perjuicio. Sin que la interlocutoria reclamada implique la insubsistencia de la etapa probatoria del juicio natural envuelva un efecto de imposible reparación, ya que el desahogo de pruebas únicamente involucra una cuestión adjetiva, al tratarse de actos procesales tendentes a obtener una sentencia favorable, por lo que su transcendencia se encuentra vinculada al sentido de dicha resolución, lo que implica que el posible perjuicio generado es reparable con ésta. Por su lado, a guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el arraigo, la prueba pericial en genética, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedad y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de tránsito y en el séptimo el derecho a la intimidad del ser humano, al obtenerse características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio. Así pues, en los citados casos, ninguna de esas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, en el supuesto, de embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia ya no podrá volver a su secreto; y, finalmente, la violación al derecho a la intimidad, ya no se podrá restituir. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió el acuerdo impugnado, es inconcuso que tal acto no es de ejecución irreparable, en la medida de que con el mismo sólo se afectan derechos adjetivos, es decir, el acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciséis, que señaló nueva fecha y hora para el desahogo de diversas testimoniales, no afecta los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, la intimidad de las personas, la garantía de audiencia, el principio pro persona, etc.; ante ello, es de indicarse que tal actuación solo tienen efectos intraprocesales, pues resulta evidente que tal violación procesal, podría quedar reparada al obtener una resolución favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, y de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser reparables mediante el juicio de amparo directo que en su contra se promueva, pudiendo reclamar entonces las infracciones que estime se originaron durante la secuela procesal. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos reclamados de que se trata no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por José Campos Reyes. En otro aspecto, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados José López Velázquez (cédula profesional 1088170), José Luis López López (cédula 1894968), toda vez que SI cuentan con sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Salvador Vidal, número 114, de la Colonia Bellavista, en esta ciudad; y, únicamente para tal efecto, a José López López, quien no cuenta con dicho registro. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda promovida por José Campos Reyes, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1218/2016-2, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Es decir, las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impiden o afectan, en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En el caso, la parte quejosa reclama la interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de interdicto de retener la posesión 412/2015, promovido por Reynaldo Reyes Delgadillo en contra del aquí promovente, por la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de tres de agosto del presente año, en que la autoridad judicial señalada como responsable señaló nueva fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial, misma que se llevaría a cabo en la misma data de la determinación impugnada; lo anterior ya que al llegar la fecha de la diligencia, la parte oferente no presentó a la persona en quien versaría el desahogo de la misma, no obstante haberse comprometido a presentarlo para tal fin y que se le haya apercibido para que en el caso de no presentarlo, se le tendría por desierto el medio de convicción mencionado. De manera que en el acto reclamado únicamente se encuentra involucrada la interlocutoria dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, en la que determinó la improcedencia de un medio de impugnación tendiente a revocar el proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, por la que a petición de la parte oferente demandada, señaló nueva fecha y hora para el desahogo de una prueba testimonial; lo que se considera que dicho acto no constituye un perjuicio sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, mucho menos una ejecución de imposible reparación que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Atendiendo a lo anterior, se considera que la demanda de amparo indirecto promovida por José Campos Reyes es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, el auto reclamado no constituye un acto pronunciado en el procedimiento cuya repercusión sobre el hoy accionante del amparo se considere como de imposible reparación, por no afectar materialmente sus derechos sustantivos previstos en la Constitución General o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues sólo constituye una violación procesal que no repercute en dichas prerrogativas. Por tanto, bajo la directriz establecida por el constituyente derivado, al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, pues bien puede ocurrir que a pesar de esa determinación, el aquí quejoso obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, desapareciendo así cualquier violación procesal que se hubiera cometido en su perjuicio. Sin que la interlocutoria reclamada implique la insubsistencia de la etapa probatoria del juicio natural envuelva un efecto de imposible reparación, ya que el desahogo de pruebas únicamente involucra una cuestión adjetiva, al tratarse de actos procesales tendentes a obtener una sentencia favorable, por lo que su transcendencia se encuentra vinculada al sentido de dicha resolución, lo que implica que el posible perjuicio generado es reparable con ésta. Por su lado, a guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el arraigo, la prueba pericial en genética, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedad y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de tránsito y en el séptimo el derecho a la intimidad del ser humano, al obtenerse características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio. Así pues, en los citados casos, ninguna de esas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, en el supuesto, de embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia ya no podrá volver a su secreto; y, finalmente, la violación al derecho a la intimidad, ya no se podrá restituir. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió el acuerdo impugnado, es inconcuso que tal acto no es de ejecución irreparable, en la medida de que con el mismo sólo se afectan derechos adjetivos, es decir, el acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciséis, que señaló nueva fecha y hora para el desahogo de diversas testimoniales, no afecta los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, la intimidad de las personas, la garantía de audiencia, el principio pro persona, etc.; ante ello, es de indicarse que tal actuación solo tienen efectos intraprocesales, pues resulta evidente que tal violación procesal, podría quedar reparada al obtener una resolución favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, y de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser reparables mediante el juicio de amparo directo que en su contra se promueva, pudiendo reclamar entonces las infracciones que estime se originaron durante la secuela procesal. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos reclamados de que se trata no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por José Campos Reyes. En otro aspecto, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados José López Velázquez (cédula profesional 1088170), José Luis López López (cédula 1894968), toda vez que SI cuentan con sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada Salvador Vidal, número 114, de la Colonia Bellavista, en esta ciudad; y, únicamente para tal efecto, a José López López, quien no cuenta con dicho registro. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. "
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