Jose Calixto Lopez
Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Calixto Lopez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 486/2023-IX. Puebla, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción II, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria, se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a proveer al respecto, porque como la demanda de amparo se tuvo por no presentada, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el plazo de cinco días hábiles otorgado al quejoso *, en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, transcurrió del diecinueve de mayo al uno de junio de dos mil veintitrés, en virtud de que fue notificado (de forma personal a través de su autorizada *) el diecisiete de mayo de esta anualidad. Lo anterior, sin que dentro de ese plazo el quejoso haya presentado escrito alguno para desahogar la prevención contenida en dicho proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en tal acuerdo y, por tanto, se tiene por no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a partir de esta fecha, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambia su denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, con domicilio en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por José Calixto López, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Prevención de la demanda. Ahora, la lectura integral1 de la demanda de amparo, llevó a encontrar irregularidades respecto de los actos reclamados y autoridades responsables. Para explicar lo anterior, se advierte que el promovente, en el apartado de autoridades responsables, luego de señalar a las que les atribuye el carácter de ordenadoras, asentó: ".ACTOS RECLAMADOS: la modificación de medidas cautelares para privarme de mi libertad, mediante la celebración de audiencia de medidas cautelares en términos del artículo 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, apuntando que las anteriores autoridades señaladas como responsables, afirman que en mi carácter de imputado he continuado manteniendo comunicación con la víctima *, situación esta que refleja que la intención es volver a privarme de mi libertad como se hiciera previa en la audiencia de revisión se medidas cautelares de fecha 03 de marzo de la presente anualidad, es decir, que del 03 de febrero al 03 de marzo estuve privado de mi libertad al llevarse a cabo una revisión de medidas cautelares mediante la cual se decretó 30 días el estar privado de mi libertad por el Juez conocedor de la causa, en el Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, situación esta que me deja en completo estado de indefensión para continuar la causa penal instaurada en mi contra, gozando de beneficio de libertad condicional y sus beneficios." -lo subrayado es propio-. Pero de manera posterior, incluye el propio apartado titulado "acto reclamado", del que se observa que de forma destacada reclama lo siguiente: ".A).- DE LAS ORDENADORAS.- la comparecencia con auxilio de la fuerza pública o en su caso la ejecución de ejecutar orden de aprehensión que se sirva librar las autoridades ordenadoras. B).- DE LAS EJECUTORAS.- reclamo el inminente cumplimiento que dé, a la orden emitida por la Ordenadora, privándome de mi libertad personal e internándome en el Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Cholula, Puebla, sin una valoración idónea de los datos de prueba aportados mediante los cuales he acreditado que a la fecha en mi carácter de imputado no he incumplido con las medidas cautelares impuestas por el juez de control que conoce de mi causa penal. 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: * C).- Asimismo reclamo todas las consecuencias de los actos reclamados que pudieran concretarse con violación a mi garantías individuales y, en lo particular privarme de mi libertad personal, sin un debido procedimiento, no razonado ni asistido bajo la óptica del derecho." -lo subrayado es propio-. Lo anterior genera incertidumbre respecto de lo que en realidad pretende reclamar el quejoso, esto porque en primera instancia refiere que reclama la modificación de medidas cautelares, pero no indica la fecha de la audiencia relativa, en la que se haya emitido tal modificación. Luego, si bien en los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, manifiesta que en la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla - que se sigue en su contra-, goza de su libertad condicionada a no tener comunicación ni acercarse a la víctima *; pero que la jueza de origen advirtió que ha incumplido con dichas condiciones, por lo que señaló una audiencia para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, y que tiene el temor de que en ésta se le revoque la aludida medida cautelar y se le prive de su libertad. En ese sentido, lo cierto es que la audiencia aludida se trata de hechos futuros e inciertos, es decir, no se puede saber con antelación el sentido de la determinación que ha de emitir la jueza de control responsable, incluso, podría suceder el caso de que no le revoque el beneficio de la libertad de la que goza. Ahora bien, como se vio en líneas anteriores, el quejoso de forma destacada indicó que reclama la orden de aprehensión que emitan las autoridades que señala como ordenadoras; además de que en diversas ocasiones refiere que teme ser restringido de su libertad por la orden que pronuncie la jueza de control de origen. Aunado a ello, en el apartado de conceptos de violación, vuelve a destacar su inconformidad por la posible orden de aprehensión dictada en su contra, por lo que se deduce que en realidad el quejoso se duele de la orden de aprehensión emitida en su contra por la jueza de control señalada como responsable; lo que se infiere de esa forma porque además de una concatenación de lo narrado en su demanda, así lo asentó de manera textual el quejoso en el apartado titulado "acto reclamado", inciso "A". Sumado a lo anterior, también resulta importante destacar que el quejoso atribuye los actos al jefe de causas adscrito al juzgado de control de que se trata (como autoridad ordenadora); sin embargo, debe decirse que ente las atribuciones que tiene dicho funcionario público, no están las de emitir alguna de las actuaciones de las que se duele, ni mucho menos ejecutarlas, en ese sentido también resulta necesario prevenirlo para que aclare lo relativo a dicho señalamiento que le hizo. Razones por las cuales esta juzgadora no tiene de cuáles son los actos que realmente desea reclamar el peticionario del amparo, así como las autoridades a las que se los atribuye; por consiguiente, es evidente que resulta necesario prevenir al impetrante para que lo aclare, ello con el fin de entablar la Litis del presente sumario constitucional. Sin que esta autoridad pueda constituirse en favor del quejoso de manera que supla ese deber de precisar los actos reclamados y autoridades responsables, porque la ley de la materia no faculta para proceder de esa manera, sino únicamente suplir las deficiencias de la demanda cuando se refiera a los conceptos de violación o agravios. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV, de la ley de la materia, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe las aclaraciones siguientes: 1) Puntualice si el único acto que desea señalar es: a) La audiencia en la que se modificó la medida cautelar que le fue impuesta, ello en la causa pena *. Para lo cual, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad: ? La fecha exacta en que se emitió el acto. b) El auto en el que se señalaron las diez horas con treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la referida audiencia. Para lo cual, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad: ? La fecha exacta en que se emitió el acto; ? El pronunciamiento concreto que le causa perjuicio. O bien, c) La orden de aprehensión emitida en su contra por la jueza de control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla. 2) También, deberá indicar expresamente si desea prescindir de insistir en señalar como autoridad responsable al jefe de causas jefe de causas adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla. Se informa a la parte quejosa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la forma siguiente: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5º, fracción III, de la ley de la materia y una para el incidente de suspensión. Además, se formula al promovente de la demanda el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con el requerimiento anterior, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Correo electrónico, número telefónico, domicilio y autorizado de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda - ubicado en zona conurbada- Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Jaime Calixto * porque así lo solicitó el quejoso, y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de actuaciones y para oír y recibir notificaciones a *, pues no se encontró registro de su cédula en dicho sistema. Luego, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, únicamente como medios de contacto para comunicaciones no procesales, pues la ley de la materia no prevé dicho medio de comunicación para oír y recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita)
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