José Bladimir Arreola Álvarez
Expediente 2419/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- José Bladimir Arreola Álvarez
- Jorge Luis Solano Armenta
Actuaciones
- Principal
Ténganse por recibido el escrito signado por ****, perito de la autoridad responsable Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, en materia de topografía; atento a lo solicitado, se les otorga una prórroga por el plazo de diez días, que establece el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para emitir su dictamen pericial, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial, asimismo, hágase de su conocimiento por conducto de la autoridad responsable que lo propuso, que queda subsistente el apercibimiento decretado en autos. Estado de autos. Visto el estado de autos de los que se advierte que la XV Zona Militar, no ha dado contestación al oficio 35360/2021, por la que se requirió el apoyo en el sentido de que si cuenta con algún perito en materia de topografía que pueda fungir como perito oficial o no; por ende, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Comandante de la XV Zona Militar en cita, se sirva informar si cuentan con algún diestro en esa materia, para que emita dictamen pericial.
- Principal
Vista la papeleta de turno otorgada a la revisión interpuesta por la autoridad responsable, en contra de la sentencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que resultó competente el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consecuentemente, se provee de la siguiente manera: II. Estado de autos. A efecto de que se conozca lo actuado en este juicio, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y mediante oficio que al efecto se gire, remítase al magistrado presidente del órgano colegiado en cita: Boleta de turno; Sentencia recurrida; Constancias de notificación correspondientes; y, Escrito de agravios. Esto a fin de que este en posibilidad de resolver el recurso de revisión interpuesto en autos.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Visto el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual se le tiene informando que en proveído de nueve de diciembre del presente año, remitió copia certificada de los autos del juicio de amparo 2252/2021-II, de su índice, en razón de la separación de demanda para analizar el acto reclamado cuya génesis es el expediente 2330/2012, del índice Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. II. Recepción. Ahora bien, visto el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de los autos del juicio de amparo 2252/2021-II, de su índice, al respecto agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y acúsese recibo. III. Avocamiento. Al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; este Juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento de la demanda respecto a la solicitud de separación de juicio derivada del expediente 2330/2012, del índice Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, promovido por el Presidente, Secretario General y Tesorero, todos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, de conformidad a lo previsto por los artículos 57, 58, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. IV. Compensación estadística de la carga de trabajo. Por tanto, gírese oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de?????? Trabajo, con sede en esta ciudad, al que deberá adjuntarse copia certificada del oficio de cuenta y del presente acuerdo, para efecto de que realice la compensación estadística en las cargas de trabajo de este Juzgado de Distrito. V. Radicación. Ahora bien, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Presidente, Secretario General y Tesorero, todos del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: ? Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado de Jalisco. ? Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco. ? Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco. ? Pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos que invoca. VI. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número de juicio de amparo 2419/2021. VII. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este ultimó precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Este ultimó precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia.???????? En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. En ese contexto, a criterio de quien esto resuelve la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa se torna improcedente, por los motivos siguientes. VIII. Precisión del acto reclamado. Previamente a enunciar las consideraciones en que descansa el sentido de la presente resolución, se estima pertinente proceder a la fijación del acto reclamado en la demanda de amparo, que esencialmente se hace consistir en lo siguiente: Del análisis integral del escrito de demanda, así como, de los autos que integran el juicio de amparo génesis del presente asunto, es dable concluir que la parte impetrante de amparo???????? reclama, en esencia, la suspensión en el cargo, por el plazo de quince días sin goce de sueldo. Así pues, por lo que ve a la suspensión del cargo, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. (--) Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no perjudica al quejoso. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas que dicen: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." "Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704??????????? PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Séptima Época Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Tercera Parte, Materia(s): Común Tesis: Página: 127 Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 75, página 106. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 51, página 48. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia. Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dice: "Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXII Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus????????? garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo, a la persona física o moral que se estime afectada y, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, debe señalarse que respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos realizados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces único (actualmente Primero) Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la ejecutoria, estimó lo siguiente: ".De lo apuntado al inicio de este considerando, se desprende con claridad que el criterio de irreparabilidad en la ejecución no es aplicable a los actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, supuestos ambos previstos en la fracción III del artículo antes citado. Es la diversa fracción IV, que se ocupa de los actos dentro de juicio, la que establece como condición excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto que tales actos tengan sobre las cosas o las personas una ejecución irreparable. - Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes.- El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. - Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general." ".El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal.." ".De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales,???????? administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final.- Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado.- Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto - inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento." De lo transcrito se constata el pronunciamiento del Pleno mencionado, en el sentido de que tratándose de procedimientos judiciales, administrativos o jurisdiccionales, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Además, estableció, que de manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio, como después de concluido éste, pues, aclaró, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Así, concluyó, que es manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado.????????? Derivado de lo anterior, emitió la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Enero de 1997 Página: 45 Tesis: P./J. 1/97 Jurisprudencia Materia(s): Civil PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. De conformidad con lo dispuesto en elartículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, es procedente el juicio de amparo que en la vía indirecta se intente en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento dispuesto en el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la cual se autorice o niegue la venta de la prenda, toda vez que se trata de actos que no provienen de particulares, sino de tribunales judiciales, que son los órganos estatales a quienes dicha Ley encomienda resolver sobre la petición del acreedor para que se sustituya el bien dado en prenda por el importe del efectivo que resulte de su venta y que, además, se dictan fuera de juicio, por cuanto el trámite dispuesto en el precepto citado no constituye de ningún modo un contradictorio, ni permite que las partes deduzcan los derechos que les asistan en relación con la prenda y el cumplimiento de la obligación garantizada; actos que son reclamables hasta el juicio que se proponga en contra de la resolución definitiva que pone fin al trámite respectivo, en el cual podrán aducirse tanto las violaciones cometidas durante el procedimiento como las producidas en la resolución misma, considerando que debe aplicarse en esta materia el mismo principio que rige, en general, la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de autoridades administrativas (fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo) y de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dictados dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido en el caso de ejecución de sentencia y remates (fracción III), conforme al cual, tratándose de actos dictados dentro de un procedimiento, así sea brevísimo, debe reservarse la procedencia de la acción constitucional para combatir aquellos que le pongan fin, para evitar la promoción sucesiva e innecesaria de juicios de garantías." Así, respecto a la suspensión en el cargo por el plazo de quince días sin goce de sueldo, conviene señalar que los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contenidos en el Capítulo IV, intitulado "Del Procedimiento de Ejecución", disponen, entre otras cosas, que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; asimismo, que se impuso al referido órgano jurisdiccional la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a sus Magistrados integrantes la responsabilidad de hacerlos cumplir, facultando al Tribunal para dictar, en aras de lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, todas las medidas que estime necesarias en la forma y términos, que a su juicio sean procedentes, disponiendo, en forma específica, en el artículo 143 de la Ley Burocrática Jalisciense, que el indicado órgano jurisdiccional para hacer cumplir?????????? sus determinaciones, podráimponer sanciones, cuya cuantía puede ir de diez a cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara; y que cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada y si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. Todo lo correlacionado evidencia que en términos generales, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, incluso para hacer cumplir sus determinaciones, haciendo uso de los medios de apremio respectivos, que se pueden traducir, en la imposición de una sanción que va desde diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco o en la imposición de la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento al laudo. Ahora bien, es pertinente la transcripción de los siguientes artículos, contenidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, relativos al proceso de suspensión de cargo, como el de la especie que se reclama. "CAPÍTULO VII Substanciación del Trámite para la Desintegración de Ayuntamientos y Suspensión o Revocación del mandato a alguno de sus miembros. Artículo 224. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los Ayuntamientos, y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados. Artículo 225. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra Ayuntamientos o Concejos Municipales o miembros de estos cuerpos colegiados por alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, procede con arreglo a lo contenido en el presente capítulo. Artículo 226. 1. Una vez ratificada la queja o denuncia, se presenta a la Asamblea del Congreso del Estado para que se turne a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, las cuales califican si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y, si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, deberá dictaminarse en un plazo de hasta cuarenta y cinco días hábiles. 2. Si las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal resuelven que la queja o denuncia no debe atenderse, deben proponer dictamen de acuerdo legislativo en tal sentido para que sea la Asamblea la que resuelva lo conducente. 3. En caso de que la Asamblea apruebe la sustanciación del trámite, los presidentes de??????? las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal notificarán inmediatamente al denunciante y a los denunciados. Artículo 227. 1. Los Ayuntamientos, Concejos Municipales o sus miembros denunciados, pueden manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que fueron notificados. Artículo 228. 1. Las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal actúan como instancias instructoras del Congreso del Estado, las cuales sustancian la causa, se allegan y reciben información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y en general todas las pruebas necesarias y desahogan las mismas para el esclarecimiento de la verdad. 2. En cualquier tiempo las comisiones señaladas en este artículo pueden recabar información o hacer los requerimientos que consideren pertinentes para el mayor esclarecimiento de los hechos. Artículo 229. 1. Dentro de los quince días naturales siguientes, se señala día y hora para que ante las comisiones instructoras se celebre una audiencia, misma que se debe efectuar dentro de los quince días naturales siguientes. 2. En dicha audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y se expresan los alegatos, citándose al denunciante y al representante del Ayuntamiento, Concejo Municipal o al miembro denunciado. Concluida la audiencia, las comisiones presentan, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictamen proponiendo el sentido de la resolución que deba adoptar el Congreso del Estado, según el caso. Artículo 230. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la desintegración del ayuntamiento y esto ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio, previo decreto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resolución y los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias. 2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta conjunta de las comisiones de Gobernación, de Desarrollo Municipal y de Asuntos Electorales, a los integrantes del Concejo Municipal que concluyen el periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Estado y la ley estatal de la materia. 3. El Congreso del Estado debe nombrar una comisión encargada de instalar de inmediato el Concejo Municipal. Artículo 231. 1. Cuando la queja se deba a la ausencia absoluta de la mayoría de los miembros propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el ayuntamiento, basta que las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal constaten el hecho y que sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la desintegración del Ayuntamiento y se proceda a la designación de un Concejo Municipal o se convoque a la celebración de elecciones extraordinarias si así procede. Artículo 232. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, se notifica a éste para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no puede exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato.". De los numerales transcritos, se observa el procedimiento para la suspensión en el cargo de algún miembro de los ayuntamientos, cuyo trámite compete al Congreso del Estado de Jalisco,???????? estipulando que una vez ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, las que aprueben la sustanciación del trámite, mismas que actuarán como instancias instructoras del Congreso del Estado, encargándose de substanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, las cuales se desahogarán en una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes. Una vez desahogada la audiencia de referencia, las comisiones aludidas presentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes, un dictamen en el que propondrán el sentido de la resolución que deberá adoptar el Congreso del Estado, según sea el caso. Luego, el Congreso del Estado una vez que cuente con el dictamen de las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, emitirá una resolución por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual si se refiere a la suspensión o revocación del mandato, se notificará para que se llame al suplente correspondiente y desempeñe el cargo durante el plazo de la suspensión, el cual no podrá exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. Atendiendo a las manifestaciones vertidas en la propia demanda de amparo, se desprende que la suspensión por un plazo de quince días, sin goce de sueldo, de momento, no tiene un agravio personal y directo, lo cual patentiza la improcedencia del juicio de amparo, puesto que ese actuar, por sí mismo, no genera, por el momento, menoscabo en su esfera jurídica. Máxime que, en el caso particular, se tiene que de la demanda de amparo no se advierte que el acto reclamado sea un acto futuro de realización cierta ni de ejecución irreparable, puesto que no hay evidencia de que se ha determinado por el citado órgano legislativo, la mencionada suspensión temporal. Toda vez que, aún falta que el Congreso del Estado de Jalisco, realice previamente el trámite correspondiente para ejecutar la suspensión en el cargo del funcionario por un plazo de quince días sin goce de sueldo y por eso, será hasta el momento en que se ejecute la sanción correspondiente, que en su caso se genere un perjuicio, lo que a la fecha no acontece. Así es, en el caso particular, se cuenta con las copias certificadas deducidas del juicio de amparo 2252/2021-II, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuya separación de autos generó la existencia del presente juicio de amparo; de dichas constancias se advierte que, las autoridades responsables pertenecientes al Congreso del?????????? Estado de Jalisco, rindieron su informe justificado, en donde, en lo que aquí interesa, señalan: ". (.) (.) RICARDO SINENCIO ALVAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.df.8d 23/02/23 11:37:39 JUICIO DE AMPARO 2419/2021 24 (.).". Lo destacado es propio. De lo que se evidencia con claridad que, a la fecha de presentación de la demanda, no se ha ejecutado la sanción emitida por el tribunal laboral de origen; por lo que, será, en su caso, cuando se ejecute o pretenda ejecutarse, que genere un perjuicio, lo que a la fecha no acontece. Sirven de apoyo, la siguiente jurisprudencia. "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022618 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: PC.III.L. J/34 L (10a.)???????? Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, página 1092 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN EL CARGO IMPUESTA A UN INTEGRANTE DE UN AYUNTAMIENTO CON CARGO DE ELECCIÓN POPULAR (PRESIDENTE, REGIDOR O SÍNDICO). LA DECRETADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, POR SÍ MISMA, NO CAUSA UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HAGA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si se actualiza o no una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, que justifique desechar la demanda en contra de la orden de suspensión en el cargo impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco a un funcionario público de un Ayuntamiento constitucional con cargo de elección popular, que figuró como parte demandada en un juicio laboral burocrático, y llegaron a conclusiones divergentes, en tanto que uno estimó actualizada la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico, al señalar que por el momento el quejoso carecía de afectación a su esfera jurídica, lo que ocurriría hasta que se ejecutara la suspensión en el cargo, mientras que el otro consideró que el motivo de improcedencia analizado por el a quo no reunía los requisitos para que fuera manifiesto e indudable, porque lo reclamado estaba íntimamente relacionado con el fondo del asunto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determina que la sanción consistente en la suspensión en el cargo de un funcionario público de elección popular (presidente, regidor o síndico), por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por sí misma, no causa perjuicio en ese momento ni constituye un acto de imposible o difícil reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que no se podrá materializar hasta que el Congreso del Estado desarrolle su procedimiento en uso de su soberanía. Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", determinó que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, como regla general, en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquel en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; y que existe una excepción a esa regla, cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos. Derivado de lo anterior, el acuerdo de suspensión en el cargo de un integrante de un Ayuntamiento con cargo de elección popular (presidente, regidor o síndico), dictado en la etapa de ejecución del laudo, al tratarse de una medida de apremio que aún no se materializa, no causa un daño de imposible reparación al quejoso ni se le afecta un derecho sustantivo que haga procedente el juicio de amparo, ya que dicho perjuicio se causa hasta que se materialice dicha sanción (medida de apremio). Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA??????????????? SANCIÓN.", estableció que, conforme al artículo 115, fracción I, de la Constitución General, el único órgano facultado para suspender en sus funciones a un presidente Municipal, regidor o síndico, es el Congreso Local (de cada entidad federativa), y que derivado de ello, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios debe ser interpretado en el sentido de que el tribunal burocrático de dicha entidad, sólo puede solicitar al Congreso Local dicha suspensión, para lo cual deberá remitir las actuaciones correspondientes a efecto de que aquél verifique, mediante el procedimiento respectivo, si se actualiza o no una causa grave que amerite dicha suspensión. Por ello, aunque el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco decrete como medida de apremio para lograr la ejecución del laudo, la suspensión en el cargo de un servidor público con cargo de elección popular, dicha solicitud no es vinculante para el Congreso del Estado de Jalisco, sino sólo para que inicie y desahogue el procedimiento previsto en su ley orgánica, en el que previo a haber otorgado el derecho de audiencia al afectado, calificará si la omisión del servidor público de cumplir con lo ordenado en el laudo constituye una falta grave que amerite la suspensión en el cargo. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. Contradicción de tesis 3/2019.". (lo destacado es propio) Consecuentemente, al actualizarse, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el artículo 6°, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda de amparo. En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis que dice: "Décima Época Registro: 2000365 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: XVI.1o.A.T.2 K (10a.) Página: 1167 IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para?????????? evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías. IX. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a) Delegados. Asimismo, como lo solicita con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngasele como delegados a las personas que indica. b) Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. c) Medios electrónicos. De conformidad con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a la autoridad responsable utilizar medios electrónicos para la reproducción de las actuaciones que obren en el juicio de amparo en que se actúa, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, en el entendido, de que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos). Asimismo, dígasele al solicitante que si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". X. Exhortos a las partes.?????????? Se exhorta a las partes para que de no haberlo hecho, proporcionen el usuario que tengan registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, a fin de que pueda tramitarse el presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", conforme a los artículos 28 y 29 del acuerdo general citado1. Asimismo, se exhorta a las partes para que en su siguiente promoción propongan correo electrónico o número telefónico que cuente con servicio de mensajería instantánea para que se pueda entablar toda clase de comunicaciones no procesales con este Juzgado Federal, la cual deberá registrarse y en su caso, de ello se levantará constancia para ser agregada a los autos. XI. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las 1 "Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea". partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. XII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo????????? General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 362 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano 2 Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. --- Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. --- Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. --- La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. --- Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente. jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. XIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento y atendido a las cargas laborales con que cuenta este Juzgado, en caso necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente, lo anterior, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dada la naturaleza del juicio de amparo, el cual requiere una atención inmediata, dado que en el mismo se dilucida sobre la posible transgresión de derechos fundamentales. XIV. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y??????????? demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese personalmente.
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