JOSÉ BERNARDO PRIETO CIANCA y Otros.
Expediente 1089/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/01/2021
Partes del expediente
- JOSÉ BERNARDO PRIETO CIANCA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que solo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y solo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, solo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de diciembre de dos mil veinte. Quejoso cumple prevención y se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ... y ..., ambos de apellidos ..., mediante el cual dan cumplimiento total a los requerimientos efectuados en proveídos del veintitrés de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil veinte, y al efecto precisan que reclaman la omisión de suspender el procedimiento en el juicio ordinario civil ... del índice del Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, con motivo del recurso de reclamación que promovieron en contra del auto del diecisiete de marzo del presente año. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios y las constancias remitidas por la Juez responsable, se provee lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. .......... En ese contexto, se precisa que el acto reclamado por los quejosos lo constituye la omisión de suspender el procedimiento en el juicio ordinario civil ... del índice del Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, con motivo del recurso de reclamación que promovieron en contra del auto del diecisiete de marzo del presente año, en el que se les desecharon diversas pruebas. En ese contexto, respecto a dicho acto de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se consideró que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo conviene hacer una breve relatoría de los antecedentes del acto reclamado, al tenor siguiente: Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve María del Pilar Trespalacios Orive, por propio derecho, promovió juicio civil de desocupación por pago de rentas y otras prestaciones, en contra de José Bernardo y Fernando José, ambos de apellidos Prieto Cianca, a quienes reclamó diversas prestaciones (fojas 2 a 18 del tomo anexo I). Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a la Juez Tercero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla quien mediante acuerdo del seis de septiembre siguiente la radicó con el número 766/2019, y la admitió a trámite, por lo que entre otras cosas, señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, y ordenó citar a las partes (fojas 62 a 65 ídem). La audiencia en comento se llevó a cabo el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, y dado que las partes no llegaron a algún acuerdo se declaró fracasada la conciliación, por lo que se ordenó emplazar a los demandados al juicio (fojas 74 a 76 ídem). Por acuerdo del doce de diciembre posterior se tuvo a los quejosos formulando su contestación de demanda y promoviendo acción reconvencional de pago de mejores útiles, por lo que se ordenó emplazar a María del Pilar Trespalacios Orive (fojas 108 y 109 ídem). Por auto del doce de febrero de dos mil veinte se tuvo a la demandada reconvencional formulando su contestación respectiva (foja 91 ídem). Mediante proveído del diecisiete de marzo del presente año se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, por lo que se admitieron varias de ellas; sin embargo, se desecharon algunas relativas a la demanda reconvencional, y se señaló fecha y hora para la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia (fojas 211 a 215 ídem). Con motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por auto del veintiuno de septiembre posterior se señaló nueva fecha y hora para la audiencia en cuestión (foja 247 ídem). Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte los quejosos promovieron recurso de reclamación en contra del auto del diecisiete de marzo anterior (fojas 2 a 8 del tomo anexo II), el cual se admitió a trámite el ocho de octubre de esta anualidad, por lo que se ordenó dar vista a su contraparte (foja 17 ídem). El seis de noviembre del presente año se tuvo a la actora en lo principal contestando el recurso en cuestión (foja 19 ídem), sin que hasta la fecha obre constancia de que se haya resuelto. Finalmente el once de noviembre siguiente se celebró la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, a la cual no acudieron los quejosos (fojas 250 a 253 del tomo anexo I), siendo el estado que guarda el juicio civil de origen. Expuesto lo anterior, se advierte que el acto reclamado en la presente vía lo constituye la omisión del Juez responsable de suspender el procedimiento en el juicio ordinario civil ..., pues los impetrantes consideran que en virtud de que promovieron un recurso de reclamación en contra del auto del diecisiete de marzo del presente año, en el que se les desecharon diversas pruebas, no se debió continuar con el juicio hasta en tanto se resolviera tal medio de impugnación. No obstante, se considera que el acto reclamado únicamente tiene efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha omisión no constituye un acto de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se insiste que el acto reclamado sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados, pues en el caso de que en el juicio civil de origen se dictara una sentencia favorable a los intereses de los justiciables, entonces el hecho de que no se suspendiera el procedimiento con motivo del recurso de reclamación que interpusieron en contra del auto que les desechó diversas pruebas se tornaría irrelevante. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a los quejosos, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo; tan es así que la suspensión del procedimiento la hacen derivar de un recurso de reclamación promovido en contra del desechamiento de pruebas, siendo que el artículo 172, fracción III de la ley de la materia, prevé expresamente como una violación procesal lo relacionado precisamente con el desechamiento de pruebas o su desahogo en una forma contraria a la ley; en consecuencia, se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la omisión controvertida no afecta algún derecho sustantivo, pues no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Asimismo, cabe destacar que el hecho de que se considere que la omisión reclamada no constituye un acto de imposible reparación, se patentiza si se pondera que los quejosos aducen que se debió suspender el juicio de origen en virtud de que promovieron una reclamación en contra de un auto que les desechó ciertas pruebas, tema que por regla general no se considera que viola derechos sustantivos. Finalmente, es importante señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ... y ..., ambos de apellidos ... Finalmente, como lo solicitan los justiciables y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa copia certificada del presente acuerdo en un tanto, previa razón que por su entrega se asiente en autos; en el entendido que deberán comparecer debidamente identificados con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberán atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por la copia certificada requerida. Por otro lado, en cuanto hace a los otros dos tantos de copias que solicitan, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que si bien los Secretarios y Actuarios adscritos a este juzgado federal gozan de fe pública, su función preponderante es la jurisdiccional, por lo que, si es su deseo, deben acudir ante un fedatario público a efecto de obtener el número de copias certificadas que requieran. Habida cuenta que la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto es discrecional del juzgador conforme a lo previsto en el artículo 278 del Código supletorio a la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Subsiste prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ... y ..., a través del cual pretenden desahogar la prevención formulada en auto del veintitrés de noviembre del presente año, en el cual se les requirió esencialmente lo siguiente: a) De forma, clara y concreta, evitando el uso de calificativos precisen cuál es el acto que reclaman, esto es, si controvierten el auto del veintiuno de septiembre del presente año, dictado en el juicio civil ... -por haber señalado fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas-; o si reclaman el auto del ocho de octubre de dos mil veinte, en el que se admitió su recurso de reclamación en contra del proveído del diecisiete de marzo anterior -ya que a su consideración al darle trámite al recurso también se debió ordenar la suspensión del procedimiento-; o bien, reclaman algún otro acto, en cuyo caso deberán precisar claramente cuál es. b) En alcance a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad informen: 1) si ya se resolvió el recurso de reclamación que promovieron en contra del auto del diecisiete de marzo de dos mil veinte; 2) si se celebró la audiencia de pruebas señalada para el once de noviembre del presente año; y 3) especifiquen el estado procesal que actualmente guarda el juicio civil de origen, detallando si ya se ha dictado sentencia definitiva. Ahora, del escrito de cuenta se observa que los justiciables cumplen a cabalidad con el inciso b) de la prevención, pues comunican que no se ha resuelto el recurso de reclamación que promovieron en el en el juicio civil ..., en contra del auto del once de marzo del presente año, también precisan que sí se celebró la audiencia de pruebas del once de noviembre de dos mil veinte, e informan que en dicho procedimiento no se ha emitido sentencia definitiva. No obstante, respecto al inciso a) de la prevención no se encuentra cumplido, ya que los impetrantes únicamente se limitaron a transcribir lo que expusieron en el punto relativo a los actos reclamados en su demanda de amparo, lo cual precisamente es lo que se estimó que no permitía definir o conocer el acto o los actos que controvertían, y que dio pauta para realizar la prevención en cuestión. Asimismo, es muy importante reiterar UNA VEZ MAS a los quejosos que es menester definir cuál es el acto o actos que reclaman, pues de otra forma no se podría fijar la litis constitucional. En consecuencia, se requiere a los promoventes para que den cumplimiento a lo requerido en el inciso a) de la prevención formulada en el auto del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, esto es: a) De forma, clara y concreta, evitando el uso de calificativos precisen cuál es el acto que reclaman, esto es, si controvierten el auto del veintiuno de septiembre del presente año, dictado en el juicio civil 766/2019 -por haber señalado fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas-; o si reclaman el auto del ocho de octubre de dos mil veinte, en el que se admitió su recurso de reclamación en contra del proveído del diecisiete de marzo anterior -ya que a su consideración al darle trámite al recurso también se debió ordenar la suspensión del procedimiento-; o bien, reclaman algún otro acto, en cuyo caso deberán precisar claramente cuál es. De igual forma, con fundamento en el artículo 1101 de la ley de la materia, se les requiere para que dentro del mismo plazo exhiban las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes. Hágase del conocimiento de los justiciables que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento aludido se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto del veintitrés de noviembre del presente año, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. En en la inteligencia de que los quejosos han agotado tres de los cinco días que se le concedieron para cumplir con la prevención, pues se les notificó el veinticinco de noviembre del presente año -surtiendo efectos el veintiséis del mismo mes y año- y su escrito lo presentó el dos de diciembre siguiente, por lo que a partir de que surta efectos la notificación de este proveído contará con dos días para desahogarla en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de diciembre de dos mil veinte. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Tercero Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y al efecto remite copias certificadas relativas al juicio ordinario civil de desocupación, de pago de rentas y demás prestaciones ... de su índice, constancias que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Tomando en consideración el volumen de las documentales en comento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmense por separado dos tomos de pruebas debidamente identificados a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales. Notifíquese.
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