Jose Bernardo Ocampo Flores

Expediente 829/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
829/2020
Año
2020
Actuaciones
37
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Bernardo Ocampo Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". DE LA PARTE ACTORA. 1.- Testimonial a cargo de los atestes Patricia Abarca Lagunas e Isidoro Castillo. 2.- Inspección a cargo del demandado Jorge Ignacio Vallejo Conecorta. 3.- Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). DE LA PARTE DEMANDADA. 1.- Confesional a cargo de Carlos Felipe Mendoza Castañeda, Tomás Hernández Monroy y Armando García Guillén. 2.- Informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 3.- Informe de autoridad a cargo del Instituto de la Función Registral de la Ciudad de México por conducto del Archivo General de Notarías. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que las pruebas ofrecidas por la parte actora consistente en la testimonial a cargo de los atestes Patricia Abarca Lagunas e Isidoro Castillo, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno tuvo por desierta dicha probanza, por lo que hace a la prueba de Inspección a cargo del demandado Jorge Ignacio Vallejo Conecorta, se tuvo por desahogada mediante diligencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y por lo que hace a la prueba de Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el quince de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por rendido y desahogado dicho informe. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la Confesional a cargo de Carlos Felipe Mendoza Castañeda, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno se decretó su deserción y por lo que hace a los atestes Tomás Hernández Monroy y Armando García Guillén, el quince de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por desistido al oferente de dichas probanza a cargo de los atestes antes mencionados. Así también la prueba consistente en el Informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó la imposibilidad para el desahogo de dicho informe, el cual a su vez fue rendido por la Institución Bancaria Santarder, (México) S.A., mismo que tuvo por desahogado el diecinueve de enero de dos mil veintidós. Y el Informe de autoridad a cargo del Instituto de la Función Registral de la Ciudad de México por conducto del Archivo General de Notarías, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogado. Finalmente, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando dar vista a las parte para formular alegatos, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/1411/2012; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora consistente en la testimonial a cargo de los atestes Patricia Abarca Lagunas e Isidoro Castillo, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno tuvo por desierta dicha probanza, por lo que hace a la prueba de Inspección a cargo del demandado Jorge Ignacio Vallejo Conecorta, se tuvo por desahogada mediante diligencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y por lo que hace a la prueba de Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el quince de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por rendido y desahogado dicho informe. Y por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la demandada consistente en la Confesional a cargo de Carlos Felipe Mendoza Castañeda, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno se decretó su deserción y por lo que hace a los atestes Tomás Hernández Monroy y Armando García Guillén, el quince de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por desistido al oferente de dichas probanza a cargo de los atestes antes mencionados. Así también la prueba consistente en el Informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó la imposibilidad para el desahogo de dicho informe, el cual a su vez fue rendido por la Institución Bancaria Santarder, (México) S.A,, mismo que tuvo por desahogado el diecinueve de enero de dos mil veintidós. Y el Informe de autoridad a cargo del Instituto de la Función Registral de la Ciudad de México por conducto del Archivo General de Notarías, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogado. Finalmente, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando dar vista a las parte para formular alegatos, todo ello, desahogado en el juicio laboral 01/1411/2012; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gabriela Castillo Díaz, encargada de la Presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual tuvo por desierta la testimonial a cargo Patricia Abarca Lagunas e Isidoro Castillo Aguilar, señalada en el juicio laboral 01/1411/12, de su índice. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable, por lo anterior, tomando en consideración las constancias enviadas por la autoridad responsable para cumplir con la ejecutoria, se advierte que a la fecha no son suficientes para analizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que esta potestad además está obligada a vigilar que la misma sea cumplida en sus términos. En efecto, la resolución se concedió para que la responsable desahogara diversos medios probatorios pendiente de desahogar en el juicio laboral 01/1412/11; sin embargo, de las documentales que se remitieron para acreditar el mismo, no se advierte en autos sobre la imposibilidad, deserción o desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte actora a cargo de los atestes Patricia Abarca Lagunas e Isidoro Castillo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certifica del acuerdo por el cual decretó su imposibilidad, deserción o desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte actora a cargo de Geraldine García Guadarrama y Dayra Alicia Valencia, señalada en el expediente laboral 01/994/17, de su índice, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Gabriela Castillo Díaz, encargada del despacho de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de veintidós de febrero del año dos mil veintidós, se tuvo por legalmente desahogado el informe de autoridad a cargo de la Institución HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC; asimismo, comunica que no existen pruebas pendientes por acordar y remite copia certificadas para acreditar su dicho. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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