José Bernardo Manilla Vargas
Expediente 637/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Bernardo Manilla Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a treinta de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como consta en la certificación que antecede. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de seis de agosto de dos mil veinte, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "[.]1. Deje insubsistente el laudo reclamado.- 2. Hecho lo anterior, dicte otro en el que reitere la improcedencia de la excepción de falta de legitimación procesal activa.- 3. Al analizar la excepción de falta de conservación de derechos, tome en consideración lo expuesto en el escrito de demanda (respecto al número de seguridad social) y lo vertido en la contestación de demanda en torno a dicho tema, de acuerdo con lo expuesto en esta ejecutoria.- 4. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva sobre el reclamo de pensión cesantía en edad avanzada." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el dos de septiembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo reclamado y, el once siguiente, emitió uno nuevo, en el que: a) Reiteró la improcedencia de la excepción de falta de legitimación procesal activa. b) Analizó la excepción de falta de conservación de derechos, tomando en consideración lo expuesto en el escrito de demanda (respecto al número de seguridad social) y lo vertido en la contestación de la misma, determinando que dicha excepción es procedente, de acuerdo a lo siguiente: "[.] Como se podrá observar de la contestación al escrito inicial de demanda del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó que el hecho de reconocer el número de seguridad social no implicaba aceptar el número de semanas cotizadas, además de que era falsa la fecha en la que empezó a laborar, máxime si su contraparte insistía en que fue inscrito con antelación o que contaba con más semanas a las reportadas en la hoja, debió exhibir prueba en contrario. Como puede verse, el demandado reconoció el número de afiliación asignado al actor, pero aclaró que admitirlo no implicaba que lo hiciera en cuanto al número de semanas cotizadas, además, señaló que si el actor insistía en que fue inscrito con antelación o que contaba con más semanas de las reflejadas en la hoja de certificación, debía exhibir prueba fehaciente y en contrario, por lo cual resultaba falsa la fecha en la que dijo empezaba a laborar; por lo que al negar el instituto demandado que el actor haya cotizado a partir de 1977; la carga de la prueba para acreditar dicha situación es de la parte actora José Bernardo Manilla Vargas, por tratarse de un presupuesto constitutivo de su acción, esto atendiendo al principio general de derecho que dice: El que afirma, está obligado a probar, aunado a que cuando el demandado niega tener alguna relación o antecedente del actor, no es a él a quien corresponde demostrar su dicho por tratarse de hechos negativos que escapan a la posibilidad de prueba, lo que resultaría ser contrario a la técnica jurídica, teniendo relación la tesis cuyo rubro es el siguiente: HECHOS NEGATIVOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE DEMOSTRACIÓN. Aunado a que al negar el instituto lo ya antes mencionado, es equiparable a cuando un patrón niega la relación laboral, y de conformidad con la jurisprudencia aplicada por analogía, de rubro: RELACIÓN LABORAL.CUANDO EL PATRÓN NIEGA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, LA CARGA RECAE EN EL TRABAJADOR.- No es posible entonces, exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social la exhibición de documento alguno que lleve a esta autoridad al conocimiento de que no existe semana cotizada del actor a partir del año de 1977, pues de hacerlo, lo estaría forzando a demostrar hechos negativos, lo cual es contrario a la técnica jurídica.- Ante lo cual, esta autoridad del trabajo, estará a lo dispuesto por la tesis de rubro: SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.- De la cual, tal y como se asentó en líneas anteriores, se colige que la hoja de certificación de vigencia de derechos resulta ser medio idóneo para demostrar esos extremos sin que sea necesario adjuntar o exhibir los documentos de los que obtuvo la información contenida. Ahora bien, respecto a la cuestión relativa a la expedición de tal documental, esta junta no puede pasar desapercibida la tesis intitulada: SEGURO SOCIAL LOS TITULARES DE LAS SUBDELEGACIONES TIENEN ATRIBUCIONES PARA SUSCRIBIR Y EXPEDIR, DENTRO DE SUS RESPECTIVAS CIRCUNSCRIPCIONES, LAS HOJAS DE CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS.- De la cual en interpretación de los artículos 144, fracción XVII, inciso e) y 150, fracción IV, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006, se advierte que tanto los delegados como los subdelegados del citado instituto, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, tienen atribuciones para resolver cuestiones relacionadas con la vigencia de derechos de los trabajadores; y, en tal virtud, es válida la hoja de certificación de vigencia de derechos expedido por el titular de la subdelegación respectivo por ser un funcionario legitimado para ello en términos del señalado artículo 150, toda vez que dicha facultad no es exclusiva de los delegados de dicho organismo.- [.] Así las cosas, la condición para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada es acreditar que el hecho que le dé origen haya acaecido durante el tiempo en que el trabajador estuvo sujeto al régimen obligatorio o dentro del periodo de conservación de los derechos respectivos, es decir, que el ciudadano José Bernardo Manilla Vargas haya cumplido la edad de 60 años durante el tiempo en que estuvo sujeto al régimen obligatorio o dentro del periodo de conservación de los derechos respectivos; por lo que resulta importante establecer cuando feneció la conservación de derechos del actor, y visto que de la hoja de certificación de vigencia de derechos, a la que esta Junta le dio pleno valor probatorio, que el trabajador laboró en dos periodos diferentes, en el primero cotizó desde el 25 de marzo (sic) de 1988 al 26 de mayo de 1988 que por ser sólo 2 días no logra cotizar semana alguna; del día 27 de mayo 1988 al 22 de septiembre de 1988 cotizando 17 semanas y que su periodo de conservación de semanas feneció el 2 de septiembre de 1989. Y que el segundo periodo de cotización lo fue hasta el día 01 de enero de 1993 al 31 de enero de 1993 con 4 semanas cotizadas; del 01 de marzo de 1993 al 06 de marzo de 1993 cotizando una semana, logrando cotizar en este segundo periodo 5 semanas; y que de acuerdo con el artículo 183 fracción II de la Ley del Seguro Social de 1973, tenía que haber cotizado un mínimo de 26 semanas de nuevas cotizaciones para recuperar las 17 semanas cotizadas en su primer periodo. Por lo tanto, al no haber cotizado el actor en el segundo periodo un mínimo de 26 semanas no estuvo en aptitud de recuperar las 17 semanas que cotizó en el primer periodo de cotización; en todo caso el actor tendría 5 semanas cotizadas en el segundo periodo, sin embargo, su periodo de conservación ha fenecido el día 06 de marzo de 1994.- Entonces, si atendemos al artículo 182 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, de que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservaran sus derechos que tuviere adquiridos por un periodo igual a la cuarta parte de tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales contando a partir de su baja, y que este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses, en consecuencia, y si su baja lo fue el 06 de marzo de 1993, resulta ser que el actor conservó sus derechos hasta el 06 de marzo de 1994, y si del acta de nacimiento del actor JBMV por la licenciada Claudia Montalvo Sánchez, en su carácter de oficial número 01 del Registro Civil del Municipio de Xaltocan, de fecha 31 de enero de 2015, misma que obra en autos a foja 13 y a la cual se le concede pleno valor probatorio por tratarse de un documento público expedido en términos de los artículos 794 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, y de la cual se colige que el actor nació el día 09 de abril de 1951, por ende, cumplió con el requisito de la edad con fecha 09 de abril de 2011, por lo que, si de la hoja de certificación de vigencia de derechos se desprende que la conservación de derechos feneció el 06 de marzo de 1994, se acredita entonces que el actor, al cumplir la edad de 60 años, se encontraba fuera de su conservación de derechos. Por lo que al encontrarse legalmente acreditados los requisitos en los que basa el instituto demandado su excepción, de falta de conservación de derechos la misma se declara procedente." c) Con plenitud de jurisdicción, determinó absolver al instituto demandado de pagar al actor la pensión de cesantía en edad avanzada, así como los incrementos a la misma. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues, de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el oficio MA. 785/2020, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite el duplicado del laudo de once de septiembre del año en curso, dictado por la citada junta; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y tercero interesado, así como con el diverso MA. 639/2020, y su respectivo anexo, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda.
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