Jose Bernardo Chable Canche
Expediente 1116/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Bernardo Chable Canche
- Yolanda Cruz Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Finalmente, en cuanto al valor jurídico sí lo tiene el presente juicio de garantías.. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintisiete minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo III.1116/2021, promovido por JOSÉ BERNARDO CHABLÉ CANCHÉ Y YOLANDA CRUZ PÉREZ, como defensores del directo quejoso REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ, Estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez Primero de Ejecución de Sentencias del Estado, con sede en esta ciudad, mismo que obra agregado en autos. Acto seguido, la Jueza Acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la responsable para que sea tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como con las documentales que anexó al aludido informe, y las exhibidas por la parte quejosa con su demanda de amparo; respecto a lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. En el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ejerció su derecho a realizar alegaciones, por lo que se cierra dicha etapa. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente que desahogar, al haberse agotado la audiencia en los términos antes señalados, quedan vistos los autos para emitir la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo indirecto 1116/2021-III, promovido por REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ por conducto de sus defensores JOSÉ BERNARDO CHABLÉ CANCHÉ Y YOLANDA CRUZ PÉREZ. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, el quejoso antes mencionado solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y por el acto que a continuación se especifica: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: El Juez Primero de Ejecución de Sentencia del Estado con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad de Mérida". "IV.-ACTO RECLAMADO: Lo constituye el auto de fecha veintiséis de mayo del año en curso, dictada por el Juez Primero de Ejecución de Sentencia del Estado, en los autos del procedimiento de ejecución número 36/2020 en contra del C. REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ". SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se admitió y registró la demanda de amparo bajo el número 1116/2021-III, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de las terceros interesadas, y, por último, se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, pues se reclama un acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde esta juzgadora federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Para ello, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que lo conforman, se desprende que REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ por conducto de sus defensores JOSÉ BERNARDO CHABLÉ CANCHÉ Y YOLANDA CRUZ PÉREZ, reclama del Juez Primero de Ejecución de Sentencia del Estado, la resolución de fecha veintiséis de mayo del año en curso, dictada en el expediente de ejecución 36/2020, en la que determinó que no era procedente conceder al sentenciado Vera Hernández, los beneficios sustitutivos de prisión, consistentes en multa, tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad y la condena condicional, con relación a la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en la sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha cuatro de abril de dos mil once, pronunciada por la entonces Primera Sala, ahora denominada Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 829/2010, que modificó la diversa de primer grado de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, dictada en la causa penal 338/2004, del extinto Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Ejecución del Estado, con sede en esta ciudad, porque así lo manifestó al rendir su informe con justificación, lo que se corrobora del análisis de las copias certificadas del expediente de ejecución 36/2020, que el aludido Juez adjuntó a su informe, las cuales revisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo, pues se encuentra glosada la resolución de fecha veintiséis de mayo del año en curso. CUARTO. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que de los presentes autos se advierte que la resolución reclamada, le fue notificada al propio sentenciado el dos de junio del año en curso. De tal manera que el término para la presentación de la demanda de amparo empezó a correr a partir del día siguiente (artículo 56 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán), es decir, del tres al veintitrés del citado mes, con exclusión de los días sábados y domingos, por ser inhábiles, por lo que si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diecisiete de junio del año en curso, se concluye que la misma fue presentada dentro del tiempo que para ello establece el referido numeral 17 de la Ley de Amparo en vigor. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Antes de abordar los conceptos de violación planteados por el quejoso, conviene precisar los datos relevantes del procedimiento de origen, para una mejor comprensión del acto que se analiza, y a la conclusión a la que llegará este juzgador federal. 1.- De las constancias que integran el expediente de ejecución, se advierte que en fecha veintidós de febrero de dos mil diez, el entonces Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos de la causa penal 338/2004, emitió una sentencia, en la que se condenó a REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ, por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA Y ABUSO SEXUAL; determinación que fue modificada posteriormente el cuatro de abril de dos mil once, por la entonces Primera Sala, ahora Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 829/2010, imponiéndosele la pena de veintiún años nueve meses y veintidós días de prisión, y cuatrocientos setenta y un días multa. 2.- En acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado, se dio inicio al procedimiento de ejecución, quedando registrado con el número 36/2020. 3.- Mediante escrito de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el sentenciado REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ solicitó se concedan a su favor los beneficios los beneficios sustitutivos de prisión, consistentes en multa, tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad y la condena condicional, con relación a la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en la sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha cuatro de abril de dos mil once, pronunciada por la entonces Primera Sala, ahora denominada Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 829/2010, que modificó la diversa de primer grado de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, dictada en la causa penal 338/2004, del extinto Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. 4.- Mediante resolución de veintiséis de mayo de dos ml veintiuno, el Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado, con sede en esta ciudad, emitió una resolución en la que determinó que no era procedente conceder al sentenciado Vera Hernández, los beneficios sustitutivos de prisión, consistentes en multa, tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad y la condena condicional, con relación a la sanción privativa de libertad que le fue impuesta en la sentencia ejecutoriada de segunda instancia de fecha cuatro de abril de dos mil once, pronunciada por la entonces Primera Sala, ahora denominada Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal 829/2010, que modificó la diversa de primer grado de fecha veintidós de febrero de dos mil diez, dictada en la causa penal 338/2004, del extinto Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Ésta última resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. No existiendo alguna causa de improcedencia hecha valer por las partes o advertida de oficio por este Juzgador Constitucional, procede al estudio del fondo del asunto. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a/J. 58/2010, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa aduce en su concepto de violación, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que su actuación se contrapone al principio de irretroactividad de la Ley, ya que refiere que la ley sustantiva penal solo es aplicable durante su vigencia temporal, siendo que para concederle al inculpado el beneficio aplicable a la ley penal más benigna, resultaría absurdo condicionar tal aplicación a un requisito que carece de sentido lógico como lo es el que, aunque dicha ley hubiese surgido en fecha posterior a la comisión del delito, exigir que la misma deba encontrarse vigente todavía en la fecha en que se le dicta la sentencia de primer o segundo grado, pues tal exigencia carecería de sustento racional, teniendo en cuenta que no se encuentra bajo el control de la exclusiva voluntad del inculpado el hecho de que la duración del trámite completo del proceso penal en su primera o segunda instancia desde su inicio hasta la emisión de la sentencia respectiva, coincida exactamente con una fecha en la que todavía permanezca vigente dicha ley penal benigna. Es decir, aduce la parte quejosa, que se le pretende aplicar a la parte quejosa, la Ley de Ejecución Penal, misma que no estaba vigente al momento del dictado de la sentencia respectiva de la causa penal en la que se le condenó, violentando así sus derechos humanos. El concepto de violación hecho valer en favor del quejoso resulta infundado, por cuanto parten de una premisa errónea que no guarda relación con lo determinado en la resolución tildada de inconstitucional. La resolución reclamada se encuentra fundada y motivada correctamente, como lo requiere el numeral 16 constitucional, ya que el tribunal responsable señaló con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, el cual, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, lo constituyen los artículos 95 y 100 del Código Penal del Estado, en vigor en la época de la comisión de los ilícitos por los que se le condenó; además los razonamientos lógico-jurídicos para sostenerla, esto es, expresó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir su determinación, así como los medios probatorios en que versó su decisión, de lo cual se advierte que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables. En efecto, del acto combatido se aprecia que no se vulneraron derechos humanos en detrimento del quejoso REYES ARMANDO VERA HÉRNÁNDEZ, pues como acertadamente lo concluyó el Juez responsable, de las constancias que conforman el sumario, se advierte que no resultaba procedente la concesión de los beneficios solicitados, por los motivos que a continuación se exponen. De las constancias que integran el expediente de ejecución, se advierte la sentencia emitida en la causa penal 338/2004, dictada por el entonces Juez Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se condenó a REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ, por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN EQUIPARADA Y ABUSO SEXUAL, imponiéndosele la pena de veintidós años nueve meses y veintidós días de prisión, y quinientos sesenta y tres días multa. De igual forma, en la referida sentencia, en su resolutivo cuarto, se negó al quejoso la remisión parcial de la pena; y en el diverso sexto, se le negaron los substitutivos de la sanción privativa de libertad impuesta y el beneficio de condena condicional, por no reunir los requisitos que para tal efecto establecen los artículos 95 y 100 del Código Penal del Estado en vigor a la fecha de los hechos. Inconforme con dicha determinación, el aludido sentenciado y el Agente del Ministerio Público de la Adscripción, interpusieron recurso de apelación contra la referida resolución, registrándose bajo el número de toca penal 829/2010. En fecha cuatro de abril de dos mil once, la entonces Primera Sala, ahora Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 829/2010, resolvió el aludido recurso, modificando la pena de prisión impuesta y en lo que interesa, en los resolutivos quinto y séptimo determinó lo siguiente: ".QUINTO.- NO HA LUGAR a conceder al sentenciado el beneficio de REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, porque el delito que se equipara a la violación por el cual es condenado se considera como GRAVE, en el catalogo punitivo de la Entidad. (.) SÉPTIMO: NO SE CONCEDE A REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ ninguno de los beneficios de SUSTITUCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, por multa, tratamiento en libertad, trabajo a favor de la comunidad o semilibertad y CONDENA CONDICIONAL, por no reunir los requisitos exigidos para ellos." Por su parte la autoridad responsable, en el acto reclamado en esta vía de amparo, determinó que en atención a las consideraciones antes citadas, es decir, la sentencia de primera instancia, y la diversa de alzada, adquiría firmeza la condena que se le impuso de veintiún años, nueve meses y veintidós días, la cual, excede los plazos máximos establecidos en los artículos 95 y 100 del Código Penal del Estado, vigente en la época de la comisión del delito, para que pueda concederse el beneficio de SUSTITUCIÓN POR MULTA, TRATAMIENTO EN LIBERTAD, TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD O SEMILIBERTAD Y CONDENA CONDICIONAL, ya que para el otorgamiento de alguno de ellos, se requiere que la sanción impuesta no exceda de tres años, por lo que refiere al tratamiento en libertad o por multa y cuando la sanción impuesta no exceda de cuatro años, en lo que atañe al sustitutivo de prisión por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad. En consecuencia, al ser mayor la sanción impuesta al ahora quejoso, no se actualizan los supuestos de procedencia de los beneficios solicitados, esto, tal como se analizó en la sentencia de primera instancia, así como la de segundo grado que se notificaron oportunamente al ahora quejoso. Como ya se señaló, el concepto de violación de la parte quejosa resulta infundado, toda vez que como se aprecia del acto reclamado, la cuestión planteada estriba en dilucidar si en el caso procede algún beneficio preliberacional a favor del aquí inconforme, y no si se aplicó en su beneficio o no la Ley de Ejecución Penal. La resolución de la responsable resulta correcta, toda vez que la procedencia o no de los beneficios solicitados por la parte quejosa en el procedimiento de ejecución, se encontraban sujetos a lo dispuesto en la sentencia firme que se hubiere dictado tanto en la causa penal 338/2004, como respecto de la emitida en el toca penal 829/2010; por ende, si en la resolución que adquirió firmeza legal, siendo ésta la emitida por la Primera Sala, ahora Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia, se determinó que no procedía la concesión de los beneficios a favor del aquí quejoso por los motivos expuestos en la resolución emitida, ello no puede ser modificado por el Juez de Ejecución, pues las circunstancias para su otorgamiento o no ya fueron debidamente analizadas. En este contexto, es inconcuso que los referidos tópicos relativos a la concesión o no, de los beneficios solicitados por la parte quejosa, constituyen cosa juzgada al haberse analizado por los mencionados tribunales jurisdiccionales, al analizarse la sentencia de primera y segunda instancia y sin que se hubiera impugnado la última por algún medio extraordinario, como lo sería el juicio de amparo. Es así -cosa juzgada-, merced a que ese tema fue analizado primeramente en la sentencia de primera instancia, y posteriormente en la ejecutoria emitida en el toca penal 829/2010, tal como se transcribió en párrafos precedentes. Por tanto, esa cuestión no puede ser abordada nuevamente al haber quedado firme para todos sus efectos legales. Es aplicable, por el sentido que informa, la jurisprudencia 1a./J. 25/2016 (10a.) -invocada en el fallo recurrido- sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia en el país, del siguiente rubro y texto: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO "NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL" NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR. La reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la incorporación a nuestro sistema jurídico -con rango constitucional- de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, no lleva a sostener que ante este nuevo paradigma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar y modificar las decisiones sobre legalidad emitidas por los tribunales colegiados de circuito al resolver un juicio de amparo anterior y que han adquirido la calidad de cosa juzgada. Esto es así, porque las determinaciones judiciales adoptadas por dichos tribunales obedecen al régimen federal del Estado Mexicano, a la distribución de competencias, a las responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas razones funcionales y, por tanto, operativas y finalistas. Esta distribución abona al perfeccionamiento de los actos judiciales y a que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias; así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales, al tiempo que da certeza a las relaciones jurídicas mediante instituciones como la de la cosa juzgada, que implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un interés político y público, una vez precluidos todos los medios de impugnación. Ahora bien, cuando las decisiones adoptadas por los tribunales referidos derivan en la concesión del amparo, su ejecución puede generar dos tipos de actos por parte de las autoridades responsables: 1) los relativamente libres, esto es, los realizados por la autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones propias; y, 2) los vinculados, a cuya realización se ve constreñida la autoridad responsable con la única posibilidad de proceder apegada a las directrices fijadas en la ejecutoria que concedió el amparo. En ese sentido, cuando lo decidido vincula totalmente a la autoridad responsable, tales decisiones gozan del imperio de la autoridad de cosa juzgada siendo inmutables y, por tanto, no son susceptibles de ser analizadas por este alto tribunal, ni sobre la base del nuevo paradigma constitucional establecido en nuestro sistema jurídico, ya que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a los tribunales colegiados de circuito como órganos terminales en materia de legalidad. Así, el sistema que garantiza al gobernado el derecho de acceso a la jurisdicción protege también la seguridad jurídica de que lo juzgado permanece." En estas condiciones, la autoridad responsable, estaba constreñida a analizar la procedencia de los beneficios solicitados por la parte quejosa, bajo lo determinado en la sentencia ejecutoriada dictada en contra del ahora promovente del amparo, por lo que si en ésta, se negó a REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ, los referidos beneficios, esto no puede ser modificado por el Juez de Ejecución, al constituir cosa juzgada Luego entonces, si el sentenciado (quejoso) impugnó primeramente la sentencia emitida en la causa penal 338/2004, del Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue modificada dentro del toca penal 829/2010, por la Primera Sala, ahora Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en ésta ya se determinó que no era procedente concederle el beneficio de la REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA, ni alguno de los beneficios de SUSTITUCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, por multa, tratamiento en libertad, trabajo a favor de la comunidad o semilibertad y CONDENA CONDICIONAL, sin que la parte quejosa impugnara ésta última a través de algún medio extraordinario, como lo sería el juicio de amparo, es inconcuso que la autoridad ejecutora de la sanción no puede modificar lo así determinado y en todo caso está obligado a acatarlas en sus términos, esto es, se encuentra impedida para retrotraerse a una etapa o fase del procedimiento que ya ha sido concluida, ya que en todo caso, ello se lograría únicamente a través de la interposición del recurso o medio ordinario o extraordinario de defensa (juicio de amparo), mismo que en la especie no fue interpuesto por la parte quejosa. En otras palabras, el Juez de Ejecución de Sentencias responsable está impedido legal y materialmente en el acto reclamado, para analizar aspectos que debieron ser expresados y estudiados por una instancia superior respecto de la sentencia definitiva dictada en la causa penal 338/2004, atendiendo al principio de preclusión procesal, cuyo principio es aplicable a la parte interna de todo proceso. Por tanto, como se expresó, contrario a lo expresado por el quejoso en el concepto de violación que se analiza, el Juez responsable en la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno reclamada, no le aplicó la Ley de Ejecución, sino que, con base en lo determinado en la sentencia de segunda instancia, reiteró que el quejoso no cumple los requisitos previstos en los artículos 95 y 100 del Código Penal del Estado para acceder a los beneficios de preliberacionales solicitados; sentencia a la que, como se explicó, está constreñida por constituir cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 86/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 590, de la Novena Época, con registro digital 168958, con el rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." Máxime que, según se deduce de las constancias que integran el procedimiento de ejecución de origen, el quejoso en su escrito de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, solicitó expresamente "se me CONCEDA A MI FAVOR LOS SUBSTITUTIVOS DE SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD, consistentes en: SUSTITUCIÓN POR MULTA, TRATAMIENTO EN LIBERTAD, SEMILIBERTAD, TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD y/o CONDENA CONDICIONAL"; beneficios que, no siendo de preliberación, ya fueron materia de análisis en la sentencia ejecutoriada dictada en su contra y en la que se determinó improcedente su otorgamiento, lo cual fue reiterado por el Juez responsable en la resolución reclamada. Consecuentemente, al ser jurídicamente ineficaces el concepto de violación hechos valer, y no advertir queja deficiente que suplir, en términos del diverso 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a REYES ARMANDO VERA HERNÁNDEZ, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Ejecución de Sentencia en Materia Penal del Estado de Yucatán, consistente en la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de ejecución 36/2020, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a la parte tercero interesada en auto de trece de julio del año en curso, respecto del informe justificado rendido por el Juez Primero de Ejecución de Sentencias del Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Pamela Medina Sánchez, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/2223/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Glademi Anahí ó Gledemi Anahí Vera Kú, y por Astrid Anali Vera Kú, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, téngaseles por apersonadas a este juicio, con el carácter de terceros interesadas. De igual forma, téngase como sus autorizados a las personas que señala en su escrito de mérito, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte tercero interesada las notificaciones de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que obra en la tarjeta de recepción del aludido escrito, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte ocursante, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, respecto a las diversas manifestaciones en vía de alegatos; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las alegaciones de la parte ocursante, para ser tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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