José Bernardino Sánchez Vargas
Expediente 50/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Bernardino Sánchez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 107/2023-III-A suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite copia autorizada de la ejecutoria pronunciada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja civil 44/2023, interpuesto por el quejoso José Bernardino Sánchez Vargas, en contra del auto dictado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo y, devuelve los autos originales del juicio de amparo; acúsese el recibo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; y apareciendo que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, hágase de conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En esas condiciones, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, acusa recibo de las copias certificadas de las actuaciones obran dentro del juicio de amparo 50/2023, y escrito de agravios con el que se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se informa que con fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el recurso queja hecho valer por el quejoso José Bernardino Sánchez Vargas, en contra del auto de dieciocho de enero del año en curso; radicado bajo el recurso de queja 44/2023 del registro del aludido tribunal; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se aprecia de la imagen inserta en el presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito suscrito por ******* autorizado de la parte quejosa, visto su contenido y como lo solicita, requiérase al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días informe si dentro del presupuesto anual de egresos del año fiscal dos mil veintitrés que envió al Congreso del Estado de Tlaxcala, antes del treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, contempló una partida presupuestal etiquetada para el pago del laudo al que fue condenado dentro del expediente laboral ******** de los del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a favor de ******** Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Bernardino Sánchez Vargas, por derecho propio, contra actos de la los Magistrados Integrantes de la Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 50/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. SE DESECHA DEMANDA. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En ese sentido, respecto del acto reclamado en el presente juicio, consistente en la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida dentro del toca civil de queja 358/2022, interpuesto por José Bernardino Sánchez Vargas, en contra del auto de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente número 254/2021, relativo al juicio ordinario civil de interdicto de recuperar la posesión, promovido por José Bernardino Sánchez Vargas, en contra de Jasim Sánchez Aburto y otros, mediante el cual la Juez de origen no admitió las pruebas testimonial, inspección judicial y pericial, por lo cual la suscrita juzgadora considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que tal acto no es de imposible reparación. Ciertamente, el precepto legal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: [.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio [...]. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al momento de dictar sentencia. En el caso, la resolución reclamada constituye una cuestión de índole meramente procesal, que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, y, en su caso, podrá ser combatida al impugnar el fallo definitivo pronunciado en el controvertido de origen, una vez agotado en su caso los recursos ordinarios. Sobre la base expuesta, debe estimarse que la resolución que confirma el auto emitido por el que se desechó las pruebas ofrecidas por el quejoso, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al momento de dictar sentencia definitiva en el juicio de origen. Por tanto, es de concluir que respecto a los efectos de la resolución reclamada, pudiera actualizarse un perjuicio al promovente hasta el dictado del fallo que resuelva el juicio de origen, toda vez que la confirmación del auto que desechó la pruebas testimonial, inspección y pericial, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto. Cabe precisar que el concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: [.] Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio [.]. Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, que a la letra dice: [.] Época: Octava Época Registro: 820074 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43. Página: 59 EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo [.]. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Bernardino Sánchez Vargas, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en su demanda. CORREO ELECRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tiene al quejoso proporcionando el correo electrónico chhr15@hotmail.com y los números telefónicos 2461221349 y 2411105970, como una forma de contacto no procesal a través de los cuales se pueda mantener comunicación, del cual deberá agregarse constancia que así lo acredite. AUTORIZADOS: Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Agustín Vázquez Hernández y Claudio Hugo Hernández Ramírez, toda vez que cuentan con cédulas profesiones debidamente registradas ante la Página de Registro Nacional de Profesionistas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente al quejoso.
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