José Bernabe Brizuela Meraz
Expediente 1331/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Bernabe Brizuela Meraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. OF. 39151/2022 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno. Presente. En cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de junio de dos mil veintidós, remito a Usted vía los autos originales del juicio de amparo 1643/2021-II promovido por Arenera Mexicana sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal, contra actos de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras autoridades, interpuesto en autos en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Para mejor conocimiento, remito los siguientes: ANEXOS Contenido Forma de presentación 1. Un escrito de expresión de agravios con evidencia criptográfica. Un escrito de expresión de agravios con evidencia criptográfica y una copia. 2. Autos originales juicio de amparo 1643/2021-II en un tomo. Expediente original. 3. Tres legajos de pruebas. Legajos por cuerda separada. Se solicita se sirva acusar de recibo. Reitero a Usted las seguridades de mi atenta consideración. Ciudad de México; siete de septiembre de dos mil veintidós. El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Licenciado Alonso Antonio Hernández Flores
- Principal
*** Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 32/2022-VII, promovido por Patricia Martínez Hernández y Claudia Jennifer Piña Gómez, por propio derecho, y al efecto remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el toca número R.A.236/2022, por el citado tribunal, mediante sesión celebrada de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Patricia Martínez Hernández y Claudia Jennifer Piña Gómez, por las razones precisadas en la sentencia que se confirma." Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. En ese sentido, se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para el efecto siguiente: [.], se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realice lo siguiente: 1.- Deje de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, la porción normativa del Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos reclamados, que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base y, en consecuencia; 2. Realice el cálculo del aguinaldo de dos mil veintiuno, que le corresponde a la parte quejosa con base en la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable y las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a la parte quejosa, consignadas también en el tabulador aplicable. Respecto de este efecto, se impone reiterar, que el cálculo del referido aguinaldo, es una facultad legal exclusiva, de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tal como lo establece el artículo 84, fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), y el numeral Noveno, de los lineamientos reclamados; y por lo tanto, es quien deberá efectuar el cálculo correcto del aguinaldo del quejoso. 3.- Pague a la parte quejosa la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. [.] Así, previo a realizar el pago de alguna cantidad a favor de la parte quejosa, de acuerdo con el artículo 84, fracción XV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y el numeral Noveno, de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo vigente en el año dos mil veintiuno, corresponde a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuantificar la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa por concepto de aguinaldo. En esas condiciones, se advierte que es el propio Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien, previo a materializar algún pago a favor de la quejosa debe, primero: realizar el cálculo del aguinaldo que le corresponde a la quejosa, por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, con base en el salario tabular considerado como la suma del salario base más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y, después, en caso de que existan diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagarse; deberán pagar dichas cantidades a la parte quejosa, por lo que necesariamente debe realizar ese cálculo antes de realizar un pago. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo; se REQUIERE al Director General de Recursos Humanos y la vinculada Director de Operación y Control de Pago, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo razonable de CINCO DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, acrediten haber realizado lo siguiente: 1. Dejar de aplicar a la parte quejosa, en el caso concreto y en lo futuro, la porción normativa del Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos reclamados, que vinculan el cálculo del aguinaldo al salario base. 2. Elaborar y remitan la planilla de liquidación a nombre de las quejosas Patricia Martínez Hernández y Claudia Jennifer Piña Gómez, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, en la cual se realice el cálculo del aguinaldo que le corresponde, por el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, con base en el salario tabular considerado como la suma del salario base más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, tercer párrafo y 194, ambos de la Ley de Amparo, se requiere; a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de esas autoridades, las conmine a cumplir con el fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible en la página: 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; con el apercibimiento a todas las autoridades requeridas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización vigente. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
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** Ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos de la Dirección de Amparos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.
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