José Benjamín Guzmán Paz
Expediente 1332/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1332/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2022
Partes del expediente
- José Benjamín Guzmán Paz
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera impugnado la sentencia definitiva pronunciada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por este órgano de control constitucional, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 1332/2021-IV en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por lo tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1332/2021-IV, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Con el escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado el dieciocho siguiente a este órgano jurisdiccional, ******************** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se indican. Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje; y, 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje. Ambas con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.1. se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada ********************, y las notificaciones personales que deba realizará durante todos el procedimiento." (Sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral ********************. b) La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada; y, c) La omisión del actuario adscrito a la citada Junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal."; y, ".las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro el procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo, los actos que aquí se analizarán se delimitaron en función de los mismos, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado precisó que no es cierto el acto reclamado, pues por auto de seis de agosto de dos mil veinte emitido dentro del expediente laboral ********************, se excusó para conocer del juicio de origen y lo remitió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para ser calificada, razón por la cual no podía señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones, ni de ordenar el debido emplazamiento a la demandada; de ahí que se tenga por inexistente el acto que se le atribuye. Como en el presente caso el acto reclamado es de naturaleza omisiva, para acreditar la certeza o inexistencia del mismo, resulta necesario realizar las siguientes consideraciones. Ha de precisarse, en primer término la noción de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, dado que el primer concepto tiene una intención mayor al del segundo. Se explica, para que exista una conducta cualificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, que hace previsible el actuar que no se llevó a cabo, es decir, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada porque existe una obligación que así lo indica. En otras palabras, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar como se espera o como se está obligado. Así, tenemos que para que exista una omisión (como conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho), se deben reunir dos elementos a saber: a) Una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se le imputa el acto omisivo, impuesta ya sea en una disposición normativa, o bien, en un acto jurisdiccional o administrativo (elemento normativo); y, b) Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer (elemento fáctico). Con base en tal concepción, los tribunales de amparo han establecido que para verificar la certeza de los actos omisivos se debe examinar si la autoridad a que se le atribuye se encuentra constreñida a actuar en el sentido que pretende el quejoso, ya sea por la existencia del precepto legal que así lo disponga, o bien, una resolución judicial o administrativa que así lo ordene. Muestra de lo anterior es el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XXIV/98, consultable en la página 53, tomo VII, junio de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En el caso concreto, como pudo verse, mediante proveído de seis de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable se excusó de conocer de dicho asunto, remitiendo los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su calificación. Por ese motivo, no puede imputársele a la Junta el hecho de que a la fecha no haya señalado hora para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral de referencia, pues ésta solamente es posible llevarla a cabo, si la demanda hubiese sido admitida a trámite, lo cual no aconteció por los motivos que ya se expusieron. Por la misma razón, no podría ordenar el emplazamiento de la parte demandada, puesto que, como se precisó, en el presente caso la Junta responsable se excusó de conocer del asunto y, como consecuencia de ello, no dio trámite a la demanda laboral presentada por quien ahora promueve el juicio de amparo, de ahí que no podría imputársele el acto omisivo que ha quedado plasmado. Por su parte, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado para ello según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 13). Sin embargo, no opera la presunción de certeza prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues la omisión de emplazar a la contraparte del quejoso no puede atribuirse al Actuario dada la inexistencia de mandato alguno del Tribunal del Trabajo que así se lo ordene; de ahí que legalmente no podría proceder en la forma pretendida por el agraviado. En esa virtud, de lo anterior se concluye que las omisiones atribuidas a la Junta y al actuario responsables, son inexistentes y, por lo tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ********************. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. ADMISIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 1332/2021-IV. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. JUICIO EN LÍNEA. Tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado; en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, en relación con el 4º., fracción IV de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea necesario tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. INFORME JUSTIFICADO. En términos de los artículos 115 y 117 de la ley de la materia, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por el quejoso, remitir las constancias necesarias. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, o no remitir las copias certificadas completas y legibles de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este juzgado, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento, como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos, 60/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sustento en el numeral 251 de la ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad en el numeral 115 de la Ley de Amparo, se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de noviembre dos mil veintiuno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda, y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia, a los profesionistas que refiere. TRANSPARENCIA. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe.
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