José Benjamín Castañeda Yáñez

Expediente 547/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
547/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • José Benjamín Castañeda Yáñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el doce de junio último, mediante la cual se desechó de plano la demanda. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Administrativo "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos mediante el cual se advierte que el término de cinco días concedido al quejoso ***********, mediante los diversos proveídos de doce, veintidós y treinta y uno de mayo todos de dos mil veintitrés, a efecto de que desahogara las diversas prevenciones formuladas en dichos autos, transcurrió del treinta y uno de mayo al seis de junio de dos mil veintitrés, pues si bien como se advierte de las constancias que obran en el presente juicio, en proveído de veintidós de mayo actual, se le concedió de nueva cuenta el término de cinco días a la parte quejosa a efecto de que desahogara los requerimientos formulados por este juzgado federal mismo que se interrumpió con la promoción con número de folio 10410, y al haber hecho una búsqueda en el libro de correspondencia de este juzgado no se encontró promoción alguna tendente al respecto, en consecuencia; se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y al efecto únicamente se tiene por acto reclamado la emisión del reporte de resultados de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y el oficio 206C02010/00450/2023 de esa misma fecha. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causal de improcedencia advertida. Ahora, de la lectura íntegra a la demanda de amparo, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIVI de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Para llegar a lo anterior, es necesario citar el acto que reclama la parte quejosa, mismo que hace consistir en: ".la emisión del reporte de resultados de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y el oficio 206C02010/00450/2023 de esa misma fecha,.." Esto es, el acto reclamado en el presente asunto lo constituye el reporte de resultados de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y el oficio 206C02010/00450/2023 emitido en esa misma fecha, a través del cual se desprenden las conclusiones elaboradas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México y se determinó "no aprobar los procesos de evaluación de Control y Confianza". No obstante, en contra de la actuación señalada procede un medio de defensa ordinario previsto en la legislación que lo regula, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, por tanto, quien esto juzga, considera que dadas las condiciones señaladas, se actualiza la citada causal de improcedencia. Ahora bien, en cuanto a los actos reclamados a la emisión del reporte de resultados de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y el oficio 206C02010/00450/2023 emitido en esa misma fecha, a través del cual se desprenden las conclusiones elaboradas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México y se determinó "no aprobar los procesos de evaluación de Control y Confianza", se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61, de la ley de Amparo; ello se considera así, toda vez que la parte quejosa debió agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, recurso administrativo de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.de.3c NICOLAS BLANCAS SANCHEZ Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXP. 547/2023 5 Amparo indirecto 547/2023 ??????????????? inconformidad o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a los numerales 186, 187, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Al respecto, se tiene que el artículo 61, fracción XX1 , de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo resulta improcedente respecto se actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En la fracción citada se estatuye el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que estima lesivos de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como lo es el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que ahí se prevén. Debe decirse que los medios ordinarios de defensa son creados en las leyes para que el afectado los haga valer, sólo en caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. Pues si bien es cierto, del escrito inicial de demanda la parte quejosa refiere lo siguiente: 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En ese contexto, se estima que, los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del recurso administrativo de inconformidad o juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a los numerales 186, 187, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente, que prevé su procedencia contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se indican, entre los que se encuentran aquellos que afecten derechos de particulares de imposible reparación; preceptos que se precisan a continuación: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales. Artículo 230.- Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La autoridad de hecho. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal. Artículo 231.- Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad. Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." De lo transcrito, se observa que aquellos ordenamientos no prevén mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados. En este contexto resulta evidente que en la especie la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente a acudir a este juicio, el recurso administrativo de inconformidad, ni el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, tal como lo establecen los numerales ya transcritos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 933, Registro digital: 2003858, Décima Época, del rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Así como la diversa Jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), sustentada por el Pleno del Circuito en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Registro digital: 2010436, del rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo constituye la vía de control de la jurisdicción constitucional de todos aquellos actos y leyes que vulneren derechos fundamentales; por lo que, al ser el amparo un juicio extraordinario por la materia que regula, resulta evidente que a él pueda acudirse únicamente cuando se haya agotado de manera previa el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que se está reclamando. Con base en lo anterior, debe señalarse que mientras exista la posibilidad de que la autoridad, a través de un recurso ordinario o medio de defensa pueda modificar, anular o revocar el acto que impugna el gobernado, el juicio de amparo deberá resultar improcedente. Ello es así porque al establecer en la misma Ley de Amparo la obligación de agotar todos los recursos ordinarios que las leyes señalan, ello no es por una simple delegación alternativa de funciones jurisdiccionales o medios opcionales de justicia a modo de una potestad individual, sino que atañe a la importancia y función del juicio de garantías ya señalado anteriormente. Por otro lado, el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone las excepciones al principio de definitividad, a saber: 1. Si el acto reclamado carece de fundamentación. 2. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. 3. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Aunado a que se advierte que las determinaciones reclamadas, no carecen de fundamentación, pues se encuentran fundamentados en el marco jurídico que la autoridad estimó aplicable, entre los que destacan los artículos 1°, 7°, 12, 15, 16, 29, 30, 357, 376, 377, 378, 379, 381, fracción I, 383, 384 fracción II inciso A) y 384 Bis y 385 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; de ahí que no carezca de fundamentación. Por consiguiente, es patente que además de la transgresión a la Ley Suprema del País, se plantean violaciones a normas secundarias, por lo que es en la instancia contenciosa administrativa en la que la afectada puede ser oída con la amplitud debida, pues en el juicio administrativo tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.de.3c NICOLAS BLANCAS SANCHEZ Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EXP. 547/2023 Tercera Parte, página 119, con número de registro 237480 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene en jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Cabe mencionar que en el presente caso no se controvierte la constitucionalidad de algún ordenamiento legal de carácter general, ni tampoco se trata de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, aun cuando la parte quejosa en su escrito inicial de demanda manifestó que no se le había notificado ningún procedimiento legal por el cual se determinara algún crédito fiscal, las constancias remitidas por la autoridad fiscal responsable revelan lo contrario, pues de ellas se advierten diversas notificaciones, practicadas personalmente dentro del expediente 1003/2016; aunado a que con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que hubiere desahogado dicho requerimiento, no obstante de encontrase notificado. De ahí, es inconcuso que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativa a actos que afecten a tercero extraños. Por lo expuesto, se concluye que los actos reclamados en esta instancia, no están exentos de cumplir el principio de definitividad, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Federal. Se desecha demanda de amparo. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Notifíquese. Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibido el oficio enviado por el Tesorero Municipal de Calera, Zacatecas, mediante el cual solicita las líneas de captura del ejercicio fiscal 2018, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en los presentes autos; circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Como lo solicita la oficiante y en obvio de mayores dilaciones procesales, de la información remitida por la Comisión Federal de Electricidad, el monto a devolver lo es por la cantidad de $********** (********** M.N.), asimismo, se le informa que los datos de la cuenta bancaria de la moral quejosa **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable son los siguientes: Nombre completo de la empresa: **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable Teléfono: (55) ********** y (55) ********** Correo electrónico: ********** Número de cuenta: ********** Clabe Interbancaria: ********** Institución Bancaria: ********** Notifíquese. Parte Tipo de Notificación Quejoso Lista Autoridades Responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito del quejoso **********, a través del cual pretende desahogar la prevención realizada por este órgano jurisdiccional el doce de mayo del presente año; en consecuencia, se provee lo siguiente: Ahora bien, visto el escrito aclaratorio se advierten nuevos elementos de prevención que resulta necesario subsanar de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, a efecto de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo. De acuerdo al contenido del artículo 114 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos", sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumple la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XXVII.3 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1121, tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184437, que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO." Pues si bien es cierto, de la lectura al escrito de cuenta, se advierte que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: ". A la autoridad responsable denominada CAMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, reclamo: 1.- La expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente en su artículo 104. Así como al Presidente le atribuyo la promulgación de la referida norma. A la autoridad responsable denominada LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBREANO DE MÉXICO, reclamo: 1.- La expedición y promulgación de la Ley de Seguridad del Estado de México, en especial en su numeral 169. 2.- La expedición y promulgación del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, específicamente en su artículo 114. Así como al Gobernador del Estado, le atribuyo la promulgación de la referida norma. Ala autoridad responsable denominada C. DIRECTORA DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo: 1.- La emisión del Reporte de Resultado de fecha 27 de enero del año 2023, mismo que no se encuentra fundado ni motivado, ya que no expresa cual fue la metodología aplicada para obtener el resultado de NO APROBADO en el área en cuestión, ni expresa el hecho de que el resultado en cuestión es por el hecho de que el suscrito consume medicamentos controlados con recetas médicas que lo justifican derivado de mis padecimientos médicos, amén de ser un resultado que difama al suscrito. 2.- El oficio número 206C02010/00450/2023 del 27 de enero de 2023, el cual remite diversas documentales para el efecto de que la COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, instrumentara el procedimiento administrativo que se me sigue, sin que se me notificara de manera personal el resultado de las evaluaciones que presuntamente no aprobé; además de que, no informa el procedimiento real en que pueden concurrir por medio de variables las distintas evaluaciones que se me practicaron para efecto de que estas puedan generar un resultado general,.. 3.- La no exhibición de la acreditación vigente del Centro de Control de Confianza del Estado de México, como recinto para el ejercicio de las multicitadas evaluaciones, así como las acreditaciones vigentes del personal adscrito a dicho centro para la ejecución de las evaluaciones, a efecto de tener certeza de que las mismas se presumen cumplen los estándares que establece el numeral 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. DE LAS DEMAS AUTORIDADES RESPONSABLES RECLAMO LA POSIBLE ORDEN DE SEPARACIÓN DEL CARGO, RESICIÓN DEL CONTRATO LABORAL Y/O DESPIDO. LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS QUE RECLAMO EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVAS, Y CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN" No obstante a lo anterior, este juzgado federal previno a la parte quejosa a efecto de que manifestara si señala como acto reclamado los actos tendentes a efecto de hacerle del conocimiento a través del "Citatorio para Desahogo de Garantía de Audiencia". Sin embargo, dado que del desahogo del escrito aclaratorio el quejoso únicamente preciso lo siguiente: ".el posible despido, recisión de contrato laboral y/o separación de la fuente laboral del suscrito ya que al momento de realizar la notificación del citatorio de garantía de audiencia, la cual no se realizó de manera personal,." Por tanto, no se advierte con claridad cuál es el acto reclamado, es decir, el Reporte de Resultado de veintisiete de enero de dos mil veintitrés o bien el citatorio para el desahogo de garantía de audiencia de once de abril del año en curso, de ahí que resulta necesario la precisión del acto reclamado, máxime que de las normas que reclama: 1.- La expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente en su artículo 104. Así como al Presidente le atribuyo la promulgación de la referida norma. A la autoridad responsable denominada LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBREANO DE MÉXICO, reclamo: 1.- La expedición y promulgación de la Ley de Seguridad del Estado de México, en especial en su numeral 169. 2.- La expedición y promulgación del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, específicamente en su artículo 114. Así como al Gobernador del Estado, le atribuyo la promulgación de la referida norma. No se advierte si las reclama como normas autoaplicativas o bien heteroaplicativas, además de no precisar en su caso en cuál de los actos que reclama fueron aplicadas; de ahí que, de conformidad con lo que dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo, de nueva cuenta resulta necesario conceder un término cinco días al peticionario de amparo para que precise de manera clara y concreta cuál es el acto reclamado por esta vía constitucional, y en su caso, en cuál de ellos fueron aplicadas las normas jurídicas que reclama en el presente sumario. Sirve de apoyo a este punto preventivo, por analogía, la tesis aislada número XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, tomo III, Marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 202,853, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, únicamente se tendrá como acto reclamado la emisión del reporte de resultados de veintisiete de enero de dos mil veintitrés y el oficio 206C02010/00450/2023 de esa misma fecha. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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