Jose Benito Juarez Guadarrama
Expediente 908/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2022
Partes del expediente
- Jose Benito Juarez Guadarrama
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que el quejoso Roberto Juárez Ceballos quien se ostenta como tutor de José Benito Juárez Guadarrama no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de tres de junio del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente; en consecuencia, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda que promueve ********quien se ostenta como tutor de José Benito Juárez Guadarrama, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 908/2022-IV-B. Acto reclamado El quejoso señala como autoridad responsable a la siguiente: Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. De quien reclama: La resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente***/1955, a través de la cual, se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de marzo de la misma anualidad por medio de la cual se inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el proveído que declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Sentando lo anterior, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe precisarse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En principio, conviene establecer que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el diverso 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. --- Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...)--- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: --- (...)--- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;---- [...]---V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." --- Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. ---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.---Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal Más Alto de este País resolvió que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente 515/1955, a través de la cual, se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de marzo de la misma anualidad por medio de la cual se inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el proveído que declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Es así que dicha determinación, a consideración de este juzgador federal, no afecta directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino que se trata de una violación de carácter formal o intraprocesal, que incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se sostiene en la medida que, conforme a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso, puede válidamente deducirse que el motivo de inconformidad del quejoso estriba, esencialmente, la determinación a través de la cual, se declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos en el expediente 515/1955, otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; mismo que combatió a través del incidente de nulidad de notificaciones, el cual, fue inadmitido por considerarlo extemporáneo, por lo que interpuso recurso de revocación, el cual, de igual de manera se inadmitió (siendo ésta última determinación la reclamada en el presente juicio). No obstante de ninguna manera puede considerarse como una violación directa a derechos sustantivos del quejoso, tales como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, sino que, se considera como una violación de carácter adjetiva o procesal, en términos de la fracción I del artículo 172 de la Ley de Amparo, la cual no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo biinstancial. En ese sentido, es válido establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal (como en el caso la resolución que constituye el acto reclamado), si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de éste tipo de violaciones son meramente formales o procesales. Máxime que la consecuencia procesal que acarrea dicha determinación, es únicamente que se continúe con la sustanciación de la segunda sección de inventarios y avalúos en el juicio 515/1955; por lo que, tiene expedito su derecho de reclamar el acto motivo de estudio como violación procesal, en la resolución que ponga fin a la etapa correspondiente. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por el tema que informa la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, con el contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE A DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Asimismo, resulta aplicable por identidad de razón la tesis VI.2o.C. J/316, registro digital 165770, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, página 1311, de título, subtitulo y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." En conclusión, que si el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente 515/1955, a través de la cual, se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de marzo de la misma anualidad por medio de la cual se inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el proveído que declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, resulta evidente que, como se ha venido diciendo, resulta un acto cuyas consecuencias son únicamente de carácter adjetivo o procesal, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; de ahí que en términos del artículo 62 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Roberto Juárez Ceballos quien se ostenta como tutor de José Benito Juárez Guadarrama. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios de comunicación alternos En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale medios de comunicación alternos (no procesales), tales como el correo electrónico o número telefónico. Autorizado Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Juicio en línea Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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EN ATENCION AL CITATORIO DE SIETE DE JUNIO ACTUAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TRES DE JUNIO ULTIMO A LA PARTE QUEJOSA, DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda que promueve ********quien se ostenta como tutor de José Benito Juárez Guadarrama, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 908/2022-IV-B. Acto reclamado El quejoso señala como autoridad responsable a la siguiente: Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. De quien reclama: La resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente***/1955, a través de la cual, se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de marzo de la misma anualidad por medio de la cual se inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el proveído que declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Sentando lo anterior, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe precisarse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En principio, conviene establecer que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el diverso 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. --- Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...)--- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: --- (...)--- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;---- [...]---V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." --- Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. ---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.---Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal Más Alto de este País resolvió que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente 515/1955, a través de la cual, se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de marzo de la misma anualidad por medio de la cual se inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el proveído que declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Es así que dicha determinación, a consideración de este juzgador federal, no afecta directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino que se trata de una violación de carácter formal o intraprocesal, que incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se sostiene en la medida que, conforme a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso, puede válidamente deducirse que el motivo de inconformidad del quejoso estriba, esencialmente, la determinación a través de la cual, se declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos en el expediente 515/1955, otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; mismo que combatió a través del incidente de nulidad de notificaciones, el cual, fue inadmitido por considerarlo extemporáneo, por lo que interpuso recurso de revocación, el cual, de igual de manera se inadmitió (siendo ésta última determinación la reclamada en el presente juicio). No obstante de ninguna manera puede considerarse como una violación directa a derechos sustantivos del quejoso, tales como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, sino que, se considera como una violación de carácter adjetiva o procesal, en términos de la fracción I del artículo 172 de la Ley de Amparo, la cual no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo biinstancial. En ese sentido, es válido establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal (como en el caso la resolución que constituye el acto reclamado), si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de éste tipo de violaciones son meramente formales o procesales. Máxime que la consecuencia procesal que acarrea dicha determinación, es únicamente que se continúe con la sustanciación de la segunda sección de inventarios y avalúos en el juicio 515/1955; por lo que, tiene expedito su derecho de reclamar el acto motivo de estudio como violación procesal, en la resolución que ponga fin a la etapa correspondiente. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por el tema que informa la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, con el contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE A DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Asimismo, resulta aplicable por identidad de razón la tesis VI.2o.C. J/316, registro digital 165770, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, página 1311, de título, subtitulo y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." En conclusión, que si el acto reclamado lo constituye la resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el expediente 515/1955, a través de la cual, se inadmitió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de treinta de marzo de la misma anualidad por medio de la cual se inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra el proveído que declaró iniciada la segunda sección de inventarios y avalúos otorgando un término de cinco días a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, resulta evidente que, como se ha venido diciendo, resulta un acto cuyas consecuencias son únicamente de carácter adjetivo o procesal, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; de ahí que en términos del artículo 62 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Roberto Juárez Ceballos quien se ostenta como tutor de José Benito Juárez Guadarrama. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios de comunicación alternos En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale medios de comunicación alternos (no procesales), tales como el correo electrónico o número telefónico. Autorizado Por otra parte, en relación a la persona que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Juicio en línea Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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