Jose Benito Hernandez Garate

Expediente 1303/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1303/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Benito Hernandez Garate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1303/2022-IX. Puebla, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que las partes no recurrieron el acuerdo donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, dictado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de ejecutoria. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Devolución de anexos Se ordena devolver al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas de las actuaciones que integran la causa penal, de su índice; y a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las diversas correspondientes al toca de reconocimiento de inocencia, de su estadística. Sin que resulte necesario solicitar acuse de recibo por tratarse de copias. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa y tercero interesado, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el acuerdo de sobreseimiento. Aunado a que si los quejosos, el tercero interesado, la responsable, el fiscal adscrito o el fiscal tercero interesado, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. Por último, se deja establecido que no se formó el incidente de suspensión en este juicio, porque no fue solicitada la suspensión. Notifíquese; por oficio a las autoridades a las que se les devuelven constancias; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1303/2022-III.. Puebla, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Se agrega al expediente el oficio de la Presidenta de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado y para soportarlo remite copias certificadas del toca de reconocimiento de inocencia 759/2002, de su índice. Esas copias generan desde este momento, la causal de improcedencia que descansa en la figura de la cesación de efectos, cuyo estudio es obligatorio conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo.1 Para demostrarlo, se acude al estado procesal de este expediente del cual se advierte que el único acto reclamado en este juicio corresponde a: ".la omisión consistente en no acordar el escrito que presenté el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el toca 759/2002; a través del cual promoví reconocimiento de inocencia, para que se extinga la pena de prisión que se me impuso en el proceso ++++++ (o 314/98) y su acumulado 319/98, por los delitos de secuestro. De las ejecutoras reclamo la ejecución de los actos atribuidos a la ordenadora." Atribuido a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -en su carácter de autoridad ordenadora-; y al Juez Tercero de lo Penal de Puebla, como al Director del Centro Penitenciario de Puebla -con el carácter de autoridades ejecutoras-. Empero, las constancias remitidas por la sala responsable obligan a esta autoridad a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera que el presente juicio es improcedente al actualizarse, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia invocada se surte cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, solo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica, si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, se requiere lo siguiente: Un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el acto que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado; Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Para demostrarlo, se hace notar que la revisión integral de la demanda -frente a las actuaciones de este juicio- conduce a visualizar que durante la tramitación de este juicio, cesaron los efectos de la omisión de dar contestación al escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós en el que el quejoso promovió reconocimiento de inocencia en el toca penal ++++++. Lo anterior, porque la sala responsable informa en el oficio de cuenta que el de siete de diciembre del presente año, acordó el escrito de referencia y se declaró competente para conocer del citado asunto, iniciando su trámite, para lo cual, realizó los requerimientos correspondientes respecto a las pruebas ofrecidas por el quejoso. Es más, la sala responsable remitió copia certificada del escrito cuya omisión de dar contestación se reclamó en este juicio, así como el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual tuvo recibido el escrito citado y en atención a ello se declaró competente para conocer del referido asunto. Asimismo, de las constancias remitidas por la sala responsable se desprende que el quejoso, fue notificado del proveído de siete de diciembre del año en curso, el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante llamada telefónica, tal como lo hizo constar el diligenciarlo adscrito a la sala responsable en el momento de la diligencia de notificación realizada dentro del Centro Penitenciario de Puebla, en el cual se encuentra recluido aquel. Constancias que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la ley que rige al juicio de amparo, se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentales públicas, lo cual basta para demostrar con plenitud su existencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, es evidente la configuración de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia, pues durante la tramitación del sumario constitucional le fue restituido al quejoso el goce de sus derechos. Bajo este nuevo escenario, es posible afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo -el cual inició con la demanda presentada el cinco de diciembre de dos mil veintidós-cesaron los efectos de la omisión de acordar el escrito de siete de noviembre de dos mil veintidós presentado por la parte quejosa, pues fue acordado por la autoridad responsable ordenadora el siete de diciembre de dos mil veintidós y notificado al promovente el diecinueve del mismo mes y año. Efectivamente, porque al momento de presentarse la demanda la parte quejosa se dolía de la omisión de dar contestación del escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que promovió reconocimiento de inocencia en el toca penal }++++++, pero durante la tramitación del sumario constitucional, la autoridad responsable ordenadora, informó haber acordado el escrito en mención con fecha de siete de diciembre del año en curso, donde se declaró competente para conocer del citado asunto, indicando su trámite y proveyendo lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por el promovente aquí quejoso, por lo que resulta patente que ha dejado de verse afectado en sus derechos fundamentales como lo alegó en la demanda. Por eso se afirma que cesaron los efectos de la omisión reclamada y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esa circunstancia se equipara a haber obtenido una sentencia favorable en el presente juicio, pues al reclamarse la omisión de referencia, que durante el trámite de este juicio fue subsanada, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sus efectos habrían consistido en restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; lo cual ocurrió al haberse notificado el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós correspondiente, a la parte quejosa mediante llamada telefónica el diecinueve de diciembre del presente año. De esa forma, se actualiza la causa de improcedencia invocada en párrafos previos, porque la situación jurídica del quejoso ya no se ve afectada por la omisión reclamada, pues aquélla cesó sus efectos posterior a la presentación de la demanda de amparo, al haberse notificado la contestación a su escrito el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia de lo narrado en el apartado anterior, con fundamento los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de la Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, promovido por José Benito Hernández Garate. El cual se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras en virtud de que ellos eran consecuencia directa del acto atribuido a la autoridad ordenadora, el cual encontró una causal de improcedencia al haber cesado sus efectos; y porque tales actos no fueron impugnados por vicios propios. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo decidido en el apartado precedente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las diez horas con tres minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. CUADERNOS AUXILIARES. Ahora, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante -copias certificadas del toca de reconocimiento de inocencia 759/2002, de su índice-, se ordenan formar los cuadernos auxiliares II y III, para lo cual deberán respetarse el folio, rubrica y entre sello de origen. Los cuales, una vez que cause estado el presente auto, se proveerá lo conducente respecto a su devolución a la sala de origen. Sin embargo, con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se deja establecido que las referidas constancias recibidas como anexos, no se digitalizarán, y, por tanto, no obrarán en el expediente electrónico y únicamente quedarán glosadas en el cuaderno auxiliar formado por separado. TERCEROS INTERESADOS. Por otra parte, toda vez que mediante auto de dieciséis de diciembre pasado, se reservó proveer lo conducente respecto al emplazamiento del tercero interesado +++++++++++++) por conducto de +++++++++, una vez que el juez remitiera su informe justificado, lo que en la especia acontece; sin embargo, se descarta el ordenar su emplazamiento en virtud de haberse sobreseído el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en el presente proveído. DESPACHO SIN DILIGENCIAR. Por otra parte, se agrega al expediente el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula Puebla, por vacaciones del titular, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho ++++++, con número de orden 472/2022, de nuestro índice. Ese despacho se recibe sin diligenciar, porque el lugar donde se pretendió emplazar al tercero interesado +++ +++++++++, al diligenciario judicial, por un parte le fue imposible emplazarlo porque si bien encontró el número ciento dos, de la calle quince oriente, éste se encuentra deshabitado; y además, hizo constar que en dicha calle no existe el numero ciento dos interior "A", y los vecinos que habitan en esa calle le manifestaron que no conocen a la persona buscada y que en esa privada tampoco existe el numero ciento dos interior "A". Por tanto, se ordena dar de baja la referida comunicación oficial, con la hipótesis "sin diligenciar", y realizar las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno respectivo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente auto. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su lugar de reclusión y por oficio al defensor público del quejoso; por oficio a la Ministerio Público Federal adscrita y autoridades responsables; y cúmplase

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1303/2022-III. Conste. Puebla, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Versión escrita de audiencia. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia, este día veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en la que Julio Arturo Gómez Peña, aceptó el cargo de defensor público del quejoso ++++++++++++++++++. Notificación personal al quejoso. A fin de que el quejoso tenga conocimiento del defensor público que habrá de asistirlo en el trámite de este juicio de amparo, se ordena notificarle en forma personal tanto la referida audiencia como el presente acuerdo. Pero también se hace notar al quejoso, que los subsecuentes acuerdos y determinaciones de carácter personal, le serán notificados por medio de lista y por oficio a su defensor. Sobre todo porque ya tiene un defensor público y éste ha asumido las obligaciones procesales en el presente juicio de amparo, como imponerse de los acuerdos y cualquier resolución, que le sean notificadas por medio de lista y por oficio. Notifíquese; y en forma personal al quejoso (en el Centro Penitenciario de Puebla, lugar donde está recluido)

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1303/2022-III.. Puebla, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En éste, rinde su informe justificado, y remite constancias para sustentar su dicho. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer a las partes -el informe y las constancias-, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrarse la audiencia constitucional. CUADERNO AUXILIAR I Ahora, con las constancias remitidas por la autoridad - copia certificada de las actuaciones que integran la causa penal 314/1998 y su acumulado 319/1998, se ordena formar el cuaderno auxiliar I, para lo cual deberá respetarse el folio, rubrica y entre sello de origen; y traerse a la vista al momento de resolver el presente asunto. Sin embargo, con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se deja establecido que las referidas constancias recibidas como anexo, no se digitalizarán, y, por tanto, no obrarán en el expediente electrónico y únicamente quedarán glosadas en el cuaderno auxiliar formado por separado. Notifíquese y cúmplase

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