JOSE BENIGNO ORTIZ TREJO y Otros.
Expediente 640/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Benigno Ortiz Trejo
- JOSE BENIGNO ORTIZ TREJO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, diez de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del juicio de amparo 640/2020-V e informa que acepta la competencia declinada; registrándola con el número de expediente 850/2020-I, al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, esto es a partir del once de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por el que solicita a este órgano jurisdiccional, copia del escrito inicial de demanda. En atención a su contenido, hágasele del conocimiento que en auto de trece de agosto de dos mil veinte, se remitieron los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno, para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta por este juzgado federal, por lo que no ha lugar a remitirle la copia que solicita. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda que promueve *********, todos por propio derecho, contra actos del Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 apartado B, fracción XI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 640/2020-V, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. COMPETENCIA Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo. Los quejosos se ostentan como trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y reclaman la reforma de diversas normas que establecen el régimen de seguridad social que, dicen, les resulta aplicable. De tal modo, el acto reclamado es propio de la materia laboral y el juez de distrito competente para conocer del asunto es uno especializado en materia de trabajo. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Sobre esa base, la legislación de la materia finca como reglas de competencia las siguientes: Por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); Por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); Por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); Auxiliar; y, Concurrente. Sirve de apoyo la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En el caso interesa destacar lo referente a la competencia por materia. Para determinar si un órgano de control constitucional especializado es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo, debe considerarse la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable, pero en todo caso privilegiar la naturaleza del acto reclamado. Así, para fijar la competencia en razón de materia debe atenderse a la naturaleza de las disposiciones de carácter general que rigen el acto impugnado, incluso, con independencia del carácter del ente jurídico que haya intervenido en su emisión o ejecución, según sea el caso. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, página 1689, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia". Expuesto lo dicho, cabe precisar que el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo contra autoridad distinta a la judicial. Tal precepto señala: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; [.]" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la porción normativa transcrita en relación con el artículo 123 de la Constitución Federal y llegó a la conclusión relativa a que si el acto reclamado afecta de manera directa algún derecho previsto en tal precepto constitucional debe, entonces, de considerarse como un acto de naturaleza laboral, por afectar los derechos derivados de esta clase de relación. En ese orden, precisó que el acto reclamado es de naturaleza laboral cuando en el juicio de amparo trabajadores del Estado en activo reclaman la modificación de un régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social. Así, dado que ello implica el establecimiento de nuevas condicionales laborales inherentes a la relación de trabajo entre un organismo público y sus trabajadores, tendentes a afectar las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución. En tales casos, serán los órganos de amparo especializados en materia del trabajo los competentes para conocer del sumario constitucional respectivo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 31/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 949, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TRABAJADORES EN ACTIVO QUE RECLAMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO. De los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, se trata de la materia de trabajo cuando el acto afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando trabajadores en activo reclaman la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en relación con la modificación al régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social, atendiendo al bien jurídico o interés fundamental controvertido, tales actos son de naturaleza laboral, porque se refieren al establecimiento de nuevas condiciones laborales inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores, dirigidas a la regulación de las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, lo que torna competentes a los órganos especializados en materia de trabajo para conocer los asuntos en que se controvierta ese tema." En el caso, los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad que son trabajadores de base del Gobierno de la Ciudad de México y beneficiarios del régimen de seguridad social de la "Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México"; además, señalaron como acto reclamado las reformas a los artículos 3, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 28. 30, 37 y 145 del Reglamento de la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México. Los preceptos reclamados establecen diversas normas aplicables al régimen de pensiones para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en los términos siguientes: [.] "ARTICULO 3º. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá como "Gobierno", a todas las dependencias y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; se entenderá como "Institución", a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México; se entenderá como "trabajadores" a quienes prestan sus servicios de base o eventual, figurando con tal carácter en la nómina de lista de raya del Gobierno y a los servidores públicos de la propia Institución; se entenderá como "sueldo básico" al determinado como sueldo base y prima quinquenal de antigüedad por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno; se entenderá como "pensionados", a quienes perciben alguna pensión de las establecidas y se entenderá como "Sindicato" a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. ARTICULO 7°. Los trabajadores estarán sujetos a lo establecido por el presente Reglamento y tendrán derecho a que se les otorgue una de las pensiones señaladas en el mismo, así también sus familiares derechohabientes siempre que reúnan los requisitos señalados en el propio reglamento. [.] ARTICULO 9°. La finalidad de las pensiones es otorgar bienestar a los pensionados y sus familiares. Tendrán derecho a recibir una pensión: Los trabajadores en activo a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México y empleados de la Institución que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en este reglamento. ARTICULO 10. Las pensiones se otorgarán, debiéndose resolver durante un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud y los anexos correspondientes conforme los requisitos establecidos en este reglamento. [.] ARTICULO 12. Transcurrido el plazo máximo de 90 días, si no se hubiere otorgado la pensión, exceptuándose aquellas derivadas de riesgos de trabajo, la Institución otorgará los anticipos requeridos por el futuro pensionado que estuviere separado definitivamente del servicio o a los familiares derechohabientes del trabajador fallecido, pudiéndose proseguir el trámite para el otorgamiento de la pensión. ARTICULO 13. Para el efecto de que un trabajador o sus familiares derechohabientes puedan disfrutar de una pensión que la Institución les otorgue, deberá cubrir los adeudos pendientes en ésta por concepto de las cuotas a las que alude el artículo 19 de este Reglamento. A los familiares derechohabientes del trabajador o pensionado que fallezca y que sea deudor de un préstamo a corto plazo, al concedérseles la pensión respectiva, la Institución lo cancelará de acuerdo a lo previsto por los artículos 134, 135 del presente ordenamiento. [.] ARTICULO 14. Los trabajadores que tengan derecho a pensiones por jubilación, por retiro por edad y tiempo de servicios, por invalidez, y por viudez y orfandad, se les otorgará a su elección, solo una de ellas. ARTICULO 18. Para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, el sueldo básico estará integrado con las percepciones del trabajador indicadas en el artículo tercero de este reglamento, cuyo monto total servirá para determinar las cuotas que cubra a la institución. ARTICULO 28. Se consideran familiares derechohabientes de los trabajadores y de los pensionados, con derecho a disfrutar en el orden prelatorio las pensiones que otorga la Institución los siguientes: La esposa supérstite sin hijos del trabajador o pensionado que sea mayor de 50 años; La esposa supérstite menor de 50 años siempre que tenga hijos del trabajador o pensionado que sean menores de 18 años o mayores de esa edad sí están incapacitados física o mentalmente para laborar. [.] ARTICULO 30. Los trabajadores quedan obligados a proporcionar a la Institución, por escrito, los nombres de sus familiares derechohabientes, adicionados con los informes y documentos probatorios que les sean solicitados, relacionados con la aplicación del presente Reglamento. En el entendido de que los familiares derechohabientes del pensionado o jubilado fallecido que tendrán derecho a la pensión serán únicamente los que haya inscrito el propio trabajador siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 28 del presente ordenamiento. [.] ARTICULO 37. Cuando fallezca un pensionado, la Institución otorgará una ayuda para gastos funerarios a los familiares derechohabientes del fallecido conforme lo dispuesto en el artículo 30 de este reglamento por la cantidad de hasta 120 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México para cubrir los gastos del sepelio, mediante la presentación de la siguiente documentación: I acta de defunción II. identificación oficial vigente III documento que acredite el entronque familiar con el difunto. [.] ARTICULO 145. Los trabajadores a lista de raya que estén al servicio del Gobierno de la Ciudad de México, y los empleados de la Institución, tendrán derecho a las prestaciones que establece el artículo anterior; siempre y cuando cuenten con capacidad de pago." En tales condiciones, es posible advertir que los quejosos son trabajadores en activo del Gobierno de la Ciudad de México, según manifestaron bajo protesta de decir verdad; y, que reclaman diversas normas que modifican el régimen de pensiones y prestaciones en materia de seguridad social que, dicen, les resulta aplicable. Luego, las normas reclamadas son de naturaleza laboral, en términos del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la jurisprudencia 2a./J. 31/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal. Por lo antes expuesto, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo, en virtud que, como se expuso, la naturaleza del acto que en la presente vía se controvierte es de índole laboral, por lo que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, acompañando la demanda de amparo, con el objeto de informarle la presente determinación, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. Sin que sea el caso proveer lo concerniente a la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no se está en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos previstos en el artículo 15 de la ley invocada, como aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a José Benigno Ortíz Trejo, lo anterior, para los efectos legales que tengan lugar. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. AUTORIZADOS Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas indicadas, por así haberlas autorizado expresamente para tales fines. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación, en atención a la Jurisprudencia 12/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.
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