José Belén Flores Palacios

Expediente 1535/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1535/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • José Belén Flores Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    vistos: I.- El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II.- El oficio de cuenta firmado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del cuaderno original del presente cuadernillo, además informa que admitió a trámite el recurso de revisión, recayéndole el número 733/2022. Al efecto, se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Tocante al punto II, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de noviembre de dos mil veintidós. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por Arturo Pablo Liévano Flores, defensor particular de José Belén Flores Palacios. Se ordena formar el expediente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1535/2022-VIII y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE COMPETENCIA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33, de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este juzgado federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48, de la Ley de Amparo, este órgano carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, promovida por Arturo Pablo Liévano Flores, defensor particular de José Belén Flores Palacios, contra el acto y la autoridad siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO La resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 6-C-2P01/2022, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, con sede en esta ciudad. Lo anterior, de conformidad con las siguientes razones: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, relativa a su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino solo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A manera de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, sólo tienen competencia para actuar en una determinada circunscripción territorial, delimitada mediante Acuerdos Generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37, de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, los numerales 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, corroboran las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, será competente el juez de distrito ante quien se presente la demanda, esto es, el que haya determinado los primeros trámites de urgencia en el asunto; 3. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y se sigue ejecutándose en otro, de igual manera, será competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda; y 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Apoya esta consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Establecida la premisa normativa, procede analizar la cuestión fáctica. Así, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 6-C-2P01/2022, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, con sede en esta ciudad. Ahora, a fin de determinar la competencia para conocer y resolver del presente juicio debe tomarse en consideración, en primer orden, que el dictado de las sentencias de amparo se rige por los principios de concentración e indivisibilidad, los cuales en esencia se refieren al análisis y resolución de los actos reclamados de manera indisoluble, es decir, en un solo acto jurídico, siempre que las cuestiones debatidas estén vinculadas. Además, por el principio de continencia de la causa surgido de la necesidad procesal de resolver de manera concentrada las acciones y pretensiones, siempre que las mismas se encuentren vinculadas por la misma causa o que tengan el mismo origen; esto es, deriven del mismo hecho generador del derecho, por la conveniencia de evitar sentencias contradictorias y atender a la litis constitucional de manera completa. Bajo ese orden de ideas, se estima que el acto reclamado es de carácter positivo, el cual debe ser analizado de manera concentrada, si se toma en consideración que dicho acto está relacionado y vinculado de manera estrecha. Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 6-C-2P01/2022, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, con sede en esta ciudad, en la que confirmó el auto constitucional de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal 1/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. Ante tales condiciones, se reitera, que en relación con el acto reclamado ya precisado, se pretende que se respete en su integridad el Acuerdo General citado con antelación, y ante ello, se reitera dichos actos se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el municipio de Tonalá, Chiapas, cuya jurisdicción corresponde al Distrito Judicial de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Con mayor razón, si como lo manifiesta en el capítulo de antecedentes, se aprecia el acto reclamado consistente en la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 6-C-2P01/2022, del índice de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, con sede en esta ciudad, en la que confirmó el auto constitucional de catorce de junio de dos mil veintidós, dictada dentro de la causa penal 1/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, se restringe al municipio de Tonalá, Chiapas; de modo que la competencia para conocer de este asunto no se puede fincar a partir del supuesto de que tales actos reclamados pueda tener ejecución, hayan empezado a ejecutarse, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado en la residencia de este órgano jurisdiccional; de ahí, que este resolutor federal carezca de legal competencia para resolver la demanda de amparo planteada. Esto, porque acorde con las hipótesis de competencia planteadas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener su emisión y ejecución. Por lo que, en este caso resulta competente para conocer de dicho acto el Juez de Distrito quien ejerce jurisdicción en el lugar dónde se ubica el proceso de origen, pues será ante quien materialmente se lleva a cabo los efectos jurídicos del auto de formal prisión, el cual como se precisó con anterioridad, tiene lugar en el municipio de Tonalá, Chiapas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, de la Ley de Amparo. De ahí que al permanecer el procesado a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste, y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia que a la letra dice: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. En ese orden de ideas, con fundamento con lo dispuesto en los artículos 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se considera legalmente competente en razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues es en su jurisdicción en donde reside el órgano jurisdiccional de primer grado que conoce de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el quejoso haya señalado como domicilio el ubicado en Callejón Canteras número 778-A, Colonia Juy Juy, en esta ciudad; ya que, como se precisó, de conformidad con el artículo 37, de la ley de la materia, debe atenderse al lugar donde se esté ejecutando el acto reclamado. Por tales consideraciones, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del presente juicio, al considerar que tal competencia se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, con apoyo en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debiéndose remitir los autos del presente expediente con anexos, mediante atento oficio y sin demora, para los efectos del artículo 48, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, envíense los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que conforme al turno los remita al órgano correspondiente, solicitándole al juzgador se sirva proceder de acuerdo con el artículo 48, de la Ley de Amparo, es decir, resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas si acepta la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. AUTORIZADO Y DOMICILIO. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Callejón Canteras número 778-A, Colonia Juy Juy, en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa a Jorge Alfonso Figueroa Figueroa, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que sus cédulas se encuentra registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. QUEJOSO SEÑALA NÚMERO TELEFÓNICO. Téngase al promovente proporcionando el número telefónico que al efecto señala, para que a través del mismo se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporarán al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Conforme con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Juan Carlos de León Betanzos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto, el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita copias certificadas de las constancias que refiere, autorizando a la persona que refiere para recibirlas. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. Tocante a las copias que solicita, con fundamento en el numeral 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídanse a su costa las copias que pide, previa razón y recibo que deje en autos para debida constancia. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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