José Barrios Vázquez

Expediente 809/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
809/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • José Barrios Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    1. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio de amparo, no fue recurrida por alguna de las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que este expediente judicial de acuerdo a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 1.5 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el mismo. 2. Devolución de constancias. Hágase devolución al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, de un disco compacto en versión digital (DVD), debidamente certificado, que contienen las audiencias celebradas el siete de junio y siete de julio, ambas del año en curso, en autos de la causa penal ********************, el que envió en apoyo a su informe justificado.

  2. Incidental

    1. Archivo de asunto. Se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; además, en el cuaderno original del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 1.1 Valoración. Toda vez que el asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que este incidente de suspensión de acuerdo a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este incidente de suspensión. 1.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  3. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 809/2023, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido ************, contra las autoridades responsables Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral y Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Primer Turno, todas con residencia en esta ciudad, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de investigación, búsqueda, localización, presentación, citación, comparecencia o detención emitida en su contra y su ejecución. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, ante la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ******************* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Por auto de seis de julio del año en curso, se admitió a trámite la misma. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral y Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Primer Turno, todas con residencia en esta ciudad. 4.2 Actos reclamados. La orden de investigación, búsqueda, localización, presentación, citación, comparecencia o detención emitida en su contra y su ejecución. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos reclamados y las causales de improcedencia alegadas por las responsables o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos que se atribuyen a la autoridad responsable Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, es decir, no existe dato objetivo alguno que confirme los actos que se les reclaman; por tanto, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo en torno a dicha autoridad, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Misma situación acontece con el informe rendido por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, únicamente por lo que respecta a la orden de detención que el quejoso reclama de las responsables. En ese sentido, en virtud de las negativas de las autoridades responsables, es evidente la inexistencia de los actos que se les reclaman. Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 308. 5.2 Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control adscrito al Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral y Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Primer Turno, ambas con residencia en esta ciudad, pues aceptaron y realizaron manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los actos reclamados consistentes en la investigación, búsqueda, localización, presentación, citación y comparecencia del quejoso, al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar su existencia, en términos de la jurisprudencia 749. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones relativas a la causa penal 98/2023, instruida en su contra, así como las diversas relativas a la carpeta de investigación 599/PIN/ATCJEM/2022, que acompañaron a su informe justificado como complemento, las cuales obran agregadas al sumario, así como con el disco compacto en versión digital (DVD); documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5.3 Causa de improcedencia advertida de oficio. Sin embargo, este Juzgado considera que se actualiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un cambio de situación jurídica. 5.4 Premisas argumentativas con relación a la causa de improcedencia. El anterior numeral, establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: i) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; ii) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; iii) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y iv) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, entonces, esta causal se acredita cuando se esté en presencia de un acto dictado en un procedimiento judicial y se produzca otro que traiga por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo que no fue reclamado en el amparo, resultando irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el reprochado. 5.5 Estudio de la causal de improcedencia. En el caso concreto, es evidente que se actualizan los supuestos que integran la causal de improcedencia invocada. Lo anterior es así, pues la primera de las responsables informó a este juzgado de Distrito que el siete de julio del año en curso se celebró audiencia inicial y la representación social realizó formulación de imputación, solicitando auto de vinculación a proceso, y a petición del aquí quejoso, se resolvió su situación jurídica, dictando auto de vinculación a proceso en contra de José Barrios Vázquez por el delito de abuso sexual impropio, siéndole impuesta la medida cautelar de resguardo domiciliario. En ese contexto, resulta evidente que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque en principio el acto reclamado por el quejoso consistía en la orden de investigación, búsqueda, localización, presentación, citación, comparecencia o detención emitida en su contra y su ejecución, encontrándose ahora a disposición de la autoridad judicial para la continuación del proceso penal instaurado en su contra al haber sido vinculado. Por tanto, al habérsele dictado auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal en cita, sobreviene la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, pues su situación legal es distinta a la orden de orden de investigación, búsqueda, localización, presentación, citación, comparecencia o detención emitida en su contra y su ejecución reclamada, la cuales quedaron sin efectos. Circunstancia que se corrobora con las documentales y las grabaciones de audio y video allegadas a este sumario por la autoridad responsable, las cuales ya fueron valoradas en párrafos precedentes. 5.6 Criterio legal aplicable. Sobre el tema se cita por las razones que la informan la jurisprudencia 1ª./J. 17/2008, de la Primera Sala, y la tesis II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 5.7 Innecesaria vista a la parte quejosa. Finalmente, cabe hacer mención que resultó innecesario dar vista a la parte quejosa para que expresara su deseo de ampliar la demanda de amparo por motivo de los conceptos de violación, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, dado el cambio de situación jurídica expuesto en párrafos precedentes, pues ningún caso tendría hacerlo, ya que no es posible analizar los actos inicialmente reclamados sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo que no fue reclamado en el amparo (auto de vinculación a proceso). 6. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia antes descrita, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la ley de la materia. 7. Notifíquese en términos de ley.8. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 9. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.

  4. Principal

    1. Archivo de asunto. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; además, en el cuaderno original del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 1.1 Valoración. Toda vez que el asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que este incidente de suspensión de acuerdo a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este incidente de suspensión. 1.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

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