Jose Barquin Cruz

Expediente 372/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
372/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Jose Barquin Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. Finalmente, toda vez que los aquí quejosos ***, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlos en estado de indefensión, se ordena pasar los autos a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarles de manera personal el presente proveído, a través de los autorizados en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones de su parte, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. Finalmente, toda vez que los aquí quejosos ***, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejarlos en estado de indefensión, se ordena pasar los autos a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado a fin de notificarles de manera personal el presente proveído, a través de los autorizados en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones de su parte, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por José Barquín Cruz y Héctor Morales Hernández, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto "FISDAI", encargada de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 372/2019. DESECHAMIENTO Ahora bien, antes de admitir la demanda de amparo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se advierte que los quejosos José Barquín Cruz y Héctor Morales Hernández reclaman de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI, el siguiente acto: ".La omisión de dar contestación al auto de fecha 10 de abril de 2019, y notificado a las partes el día 11 del mismo mes y año, auto emitido por la Juez de control de Tehuacán, Puebla, por medio del cual dicha autoridad Judicial, le ordenó a la Autoridad Responsable (agente del ministerio público encargada de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAl), diera contestación a mi escrito de fecha 13 de marzo del presente año, mediante el cual le solicitamos recabara distintos medios de prueba a nuestro favor, como parte de su obligación conducir la investigación que se instruye en nuestra contra, sin embargo hasta la fecha no ha dado contestación." De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que reclaman, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, con relación de los artículos 1 y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, como se dijo, los quejosos hacen consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI en dar contestación al auto de diez de abril de dos mil diecinueve, dentro de la audiencia de control radicada bajo la causa penal 95/2019/TEHUACÁN en el que la Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, le ordena de contestación al escrito de trece de marzo del año en curso, presentado por los impetrantes dentro de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI, por el cual le solicitan recabe distintos medios de prueba en su favor. Del análisis de los artículos transcritos en párrafos anteriores y del acto reclamado, se concluye que el juicio de amparo es improcedente por lo siguiente: En primer lugar debe tenerse presente que la concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador a efecto de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. Con base en lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión que el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI, no le reviste la naturaleza de acto de autoridad que afecten de manera directa y real la esfera jurídica de los aquí quejosos. Lo anterior es así, tomando en consideración que la determinación de diez de abril de dos mil diecinueve la emitió la Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, dentro de la audiencia de control judicial 95/2019/TEHUACÁN, tramitada por los impetrantes en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de la cual en cumplimiento a su deber de vigilar la legalidad de las actuaciones de la representación social a su obligación de investigar consagrada en el artículo 21 Constitucional, ordenó a la agente aludida para que en el término de tres días le informe la atención que haya dado al escrito presentado por los aquí quejosos el trece de marzo del año dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI. De ahí que los aquí inconformes no fueron quienes solicitaron a la Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI diera contestación al escrito de trece de marzo del presente año, consistente en recabar distintos medios de prueba, sino que fue al Juez de Control a través de la audiencia de control judicial prevista en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien ordenó a la representación social diera respuesta a la solicitud de los imputados, por lo tanto, es la autoridad jurisdiccional la que se encuentra legitimada para proveer lo necesario para hacer cumplir sus determinaciones a través de los medios de apremio a su alcance y constreñir a la Ministerio Público ahora señalada como responsable a dar contestación a lo solicitado mediantes escrito de trece de marzo del año en curso en la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI. Entonces, resulta jurídicamente inadmisible el juicio de amparo reclamado a la Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación 24/2019/FISDAI, pues no fue el propio quejoso quien solicitó a esta autoridad el informe sobre la investigación de los hechos que refiere en su demanda de amparo en ejercicio de su derecho como gobernado para un efecto propio. Se cita en apoyó a lo anterior la Tesis: I.13o.A.29 K, visible en la página 1620, Tomo XXI, del mes de Febrero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA". La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. En tales condiciones, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 1, y 5 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que los aquí quejosos José Barquín Cruz y Héctor Morales Hernández, se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, con fundamento en el artículo 26 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones que se generen en el presente juicio de amparo se realizaran de forma personal en el domicilio señalado para tal efecto en su escrito de demanda, teniendo por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Jorge Eder González Sánchez y Pablo Huetle Lugo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a la diversa persona que indica, toda vez que no cuenta con el registro de su cédula profesional inscrita en dicho Sistema Computarizado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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