José Azael Váquez Brizuela
Expediente 118/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- José Azael Váquez Brizuela
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito Secretario encargado del despacho ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Finalmente, por lo que ve a lo expuesto por la Actuaria Judicial en la aludida constancia de ratificación de demanda, en donde hace constar que el directo quejoso cuenta con diversas lesiones; circunstancia que pudiera ser materia de una investigación independiente ante la autoridad facultada para ello. Por tanto, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que, de ser el caso, proceda como en derecho corresponda. Lo anterior, con apoyo en las tesis CCVII/2014 y CCVI/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 561 y 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.- Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura". "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO.- Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma".
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Vista el acta de notificación realizada al directo quejoso JOSÉ AZAEL VÁZQUEZ BRIZUELA, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se le tiene ratificando la demanda de amparo promovida a su favor. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Debe precisarse que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del libelo actio de amparo, se desprende que los actos reclamados por el quejoso, lo constituye la detención fuera de procedimiento e incomunicación , que reclama de diversas autoridades responsables. Actos contra los cuales, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1º y 5 fracción II de la Ley de Amparo, por lo que ve a las autoridades responsables señaladas como responsables con excepción del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia en Villa de Álvarez, Colima. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que se estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los precitados artículos, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "ARTICULO 5º.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De conformidad con los numerales transcritos, se establece que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridad. Pues bien, las restantes autoridades que señaló el quejoso como responsables a las que se atribuyen los actos que aquí se impugnan, de acuerdo con los argumentos que enseguida se expondrán, no se consideran autoridades responsables para efectos del amparo, como se explica a continuación. Tomando en consideración que el directo quejoso JOSÉ AZAEL VAZQUEZ BRIZUELA ratificó su escrito de demanda y se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia en Villa de Álvarez, Colima, en consecuencia, se estima que es a ésta a quien le recae el carácter de autoridad responsable, tomando en consideración que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se estima que las restantes autoridades que señala el quejoso como responsables, no tienen dicho carácter, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento." Por otro lado, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios signados por las autoridades que los suscriben, mediante los cuales rinden su informe provisional, con motivo de la suspensión de plano otorgada. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las documentales que remiten. Ahora, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia en Villa de Álvarez, Colima, a su oficio de cuenta, y de su contenido, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causal de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, el quejoso se duele de la detención fuera de procedimiento e incomunicación. Ahora, del informe rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia en Villa de Álvarez, Colima, así como de las constancias adjuntas al oficio que se provee, se desprende que el aquí quejoso fue puesto a disposición de la fiscal responsable, por elementos de la Policía Investigadora de Villa de Álvarez, Colima, por su probable participación en la comisión del delito de resistencia de particulares y ultrajes a la autoridad. No obstante lo anterior, de las referidas actuaciones también se desprende que, dentro de la carpeta de investigación 10/2018, el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se decretó su libertad, lo que le fue notificado en la misma fecha, haciéndolo del conocimiento del Jefe de Grupo de la Policía Investigadora de Villa de Álvarez, Colima, mediante oficio 99/2018 (foja 32). Lo anterior, hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de los actos que por esta vía se reclaman a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo el aquí quejoso José Azael Vazquez Brizuela, obtuvo su libertad, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, el suscrito concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue el acto reclamado que en este considerando se estudia y que motivo la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Finalmente, por lo que ve a lo expuesto por la Actuaria Judicial en la aludida constancia de ratificación de demanda, en donde hace constar que el directo quejoso cuenta con diversas lesiones; circunstancia que pudiera ser materia de una investigación independiente ante la autoridad facultada para ello. Por tanto, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que, de ser el caso, proceda como en derecho corresponda. Lo anterior, con apoyo en las tesis CCVII/2014 y CCVI/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 561 y 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.- Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura". "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO.- Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma".
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por comparecencia por ************ a favor de *******; contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MESA PRIMERA DE DETENIDOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE COLIMA Y OTRAS AUTORIDADES. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 118/2018-VI. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de garantías promovida por . En el caso se reclaman actos que importan ataques a la libertad personal e incomunicación, supuestos de los cuales el artículo 15 de la vigente Ley de Amparo contempla que la demanda de garantías puede ser peticionada a favor de los agraviados que se encuentren imposibilitados para hacerlo; por ende, con fundamento en los artículos 126, 164, 165 y 166 de la citada legislación, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN SOLICITADA para el efecto de que cesen los actos de incomunicación, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir, de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, en torno al directo quejoso. Asimismo, para el caso de que se encuentren a disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden de detención, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, los justiciables sean puestos en libertad o consignados ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que si el impetrante de amparo, se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenidos en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puestos a su disposición. Cabe precisar que en cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso de amparo la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado al juez. Si la detención del quejoso es efectuada por las autoridades administrativas señaladas como responsables, distintas del Ministerio Público, se concede la suspensión para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De igual forma, si la detención del quejoso es efectuada por las autoridades responsables en cumplimiento a una orden de detención del Ministerio Público u orden jurisdiccional, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto de inmediato a disposición de quien emitió la orden restrictiva de la libertad del quejoso o se deje en inmediata libertad; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se dará vista al Ministerio Público por la detención prolongada cometida. Si la detención obedece a una orden judicial, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, deberá estarse a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición del órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, debiendo comparecer ante el juez de la causa dentro de los tres días siguientes a efecto de continuar con el proceso penal, apercibido que de incumplir quedara sin efecto esta providencia. Empero, si el directo quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de incumplir las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO HORAS RINDAN INFORME SOBRE LA DETENCIÓN DEL QUEJOSO, en la inteligencia de que, si de dichos informes y constancias no se acredita la flagrancia o la urgencia en la detención del accionante constitucional, o bien no se rinde el informe dentro del término concedido, se ordenará la inmediata libertad del impetrante de garantías, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades. De igual manera, la autoridad responsable deberá informar la observancia que dé al presente mandato, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Derivado de lo anterior se autoriza a las autoridades responsables para que el informe lo remitan vía fax al número (013123120131) o correo electrónico: beronica.farias.contreraz@correo.cjf.gob.mx o alguna otra de su elección. En la inteligencia que, de optar por el fax o correo electrónico citados, las autoridades deberán CERCIORARSE que los documentos se encuentren COMPLETOS Y LEGIBLES, además de CORROBORAR SU RECEPCIÓN por parte de éste órgano jurisdiccional, debiéndose comunicar al número telefónico (044) 312-100-82-47, que corresponde al de la Secretaria de guardia licenciada Berónica Farías Contreraz; para que el informe presentado en tal forma tenga validez. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADO EL INFORME, y se le impondrá una MULTA de CIEN A MIL DÍAS, de conformidad con el artículo 260, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. Brinda apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido." Con independencia de lo anterior, en caso de que las responsables no cumplan con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la Representación Social Federal, en términos del numeral 237, fracción III, de la vigente Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, a efecto de que DE INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS, en contra de los cuales se concedió de plano su suspensión, en los términos precisados, en el entendido que de incumplir con esta determinación, se harán acreedores a una multa equivalente a doscientos días de unidades de medidas y actualización vigente en el Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, lo que deberá acreditar ante este juzgado federal, sin perjuicio de que se realice la denuncia correspondiente al Fiscal de la adscripción por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. A fin de lograr la comparecencia del agraviado se dictan las medidas siguientes; se ordena al personal autorizado de la sección de actuaría de este órgano judicial, que se constituya en el lugar donde refiere el promovente que se encuentra recluido el directo quejoso, a quien deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Asimismo, conforme al "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" se ordena al Actuario Judicial, que en la propia diligencia, asiente en el acta si el directo quejoso presenta alguna lesión visible, asimismo, interrogará a dicho impetrante en el propio sentido, esto es, si ha sido objeto de tortura, golpes, malos tratos, etcétera, asentando con precisión lo que al efecto responda. Por otro lado, si el Actuario no logra localizar al directo agraviado, se le ordena se constituya en el domicilio de la promovente y la requiera para que proporcione mayores datos que permitan la localización del directo quejoso, lo anterior con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, requiérase al personal de guardia (Agente del Ministerio Público, Comandante o persona encargada de los separos) que se encuentre en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, para que manifieste la autoridad ante la cual se encuentre a disposición el directo quejoso, debiendo recabar nombre completo y cargo que desempeña la persona que proporciona la información; apercíbase a la autoridad con la que atienda el requerimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a diez unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta al Actuario para que, en el caso que advierta que el directo quejoso se encuentra a disposición de una autoridad diversa a la señalada por la promovente de amparo, emplace a dicha autoridad sin perjuicio de que posteriormente, se llame formalmente a juicio a aquélla; ello en beneficio del reo acorde con los principios de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en caso de que el actuario judicial se percate que no fue localizado el quejoso detenido ante alguna de las autoridades de las señaladas como responsables y ante la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, al margen del requerimiento formulado al suscriptor de la demanda de garantías; con fundamento en el artículo 15, último párrafo de la ley de la materia, se requerirá a las siguientes autoridades: Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Colima. Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Colima Director de la Policía Estatal Preventiva de Colima Ello con el fin de que, dentro del plazo de doce horas, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente informen si ellos o alguno de sus subordinados detuvieron al directo quejoso, o bien si ante ellos fue puesto a disposición, o en su caso, si en los separos de esas instituciones se encuentra detenido o que haya sido remitido ante las Agencias del Ministerio Público o investigadora que comprenden todo el Estado de Colima, debiendo exhibir al respecto las constancias recabadas al efecto, apercibidos que en caso de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de las sanciones a que puede hacerse acreedores en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, con las limitantes del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** y *************, debido a que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ************, número ***, colonia ******, en esta ciudad de Colima. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo. En otro aspecto, es preciso señalar que el arábigo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, contempla, entre otras, la obligación del promovente en el sentido de señalar las autoridades responsables, lo que de suyo se traduce en una designación precisa de manera que sea posible llamar a juicio a la o las que hayan sido señaladas con tal calidad, debiéndose aclarar, además, que tocante a este tema no opera la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja a que alude el precepto 79 de la norma en comento, puesto que esta última versa respecto a los conceptos de violación o agravios. Bajo esta perspectiva, se apercibe a la parte quejosa de que en caso de que alguna o algunas de las autoridades a las que les atribuya el carácter de responsables no exista con la denominación que indica en su escrito de demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y en su oportunidad se resolverá como proceda conforme tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento del nombre de dicha o dichas responsables. Todo lo anterior encuentra justificación en el hecho de que corresponde a la parte accionante de amparo estar al pendiente tanto de que su escrito de demanda colme las exigencias del mencionado precepto 108, como del trámite del proceso de amparo, lo cual además guarda armonía con lo contemplado en el párrafo segundo del dispositivo 17 de la Ley Fundamental, que postula la impartición de justicia pronta y acorde con el principio de celeridad procesal. Finalmente, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción.
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