José Ayala Delgado

Expediente 851/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
851/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • José Ayala Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Toda vez que del sumario se aprecia que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, allegó al juicio las constancias de donde emana el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta; mismo que fue notificado a las partes el veintiuno y veintisiete siguientes (fojas 67 y 70). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 25 a 34), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso José Ayala Delgado, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán inmediatamente provea lo necesario para la notificación del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; hecho lo anterior, fenecido el plazo concedido en ese proveído, de ser procedente decrete el cierre de instrucción, turne para la elaboración del proyecto y emita el laudo en los lapsos de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual deberá tomar las medidas necesarias a efecto de que el procedimiento se desarrolle en forma expedita conforme a los plazos y términos previstos en la legislación invocada". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable omitió observar el principio de celeridad, al desatender los términos previstos en los numerales 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues excedió el plazo establecido para notificar a las partes la certificación de inexistencia de pruebas pendientes de desahogar; y, en consecuencia, decretar, de oficio, el cierre de instrucción, elaborar el proyecto y dictar el laudo respectivo, vulneró en perjuicio del quejoso el principio de celeridad previsto en el artículo 17 constitucional, motivo por el cual otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, previo a que causara ejecutoria la sentencia concesiva, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, en acatamiento a la determinación de amparo, remitió el oficio 2051 (foja 51), al que acompañó las constancias siguientes: Auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual declaró cerrada la instrucción (foja 52). Laudo de trece de diciembre del año inmediato anterior, emitido en el juicio ordinario laboral 2A-3092/2013 (fojas 53-63). Luego, la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, causó ejecutoria el veinte de diciembre del año pasado, auto que se notificó a las partes -veintiuno siguiente al fiscal adscrito así como al tercero interesado, veintisiete del mes y año citados a la parte quejosa-, se dio vista a éstas por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que lo hicieran; por lo que ahora se procede a la calificación de la observancia dada al fallo protector (fojas 66, 67 y 70). Ahora, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acató el fallo protector, pues cumplió el núcleo esencial de la obligación exigida en la sentencia concesiva del amparo, es decir, decretó el cierre de instrucción, y emitió el laudo respectivo en el juicio ordinario laboral 2A-3092/2013. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la responsable no haya acreditado ante este tribunal que proveyó lo necesario para notificar el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, a las partes, sino únicamente demostró que cerró la instrucción y dictó el laudo correspondiente; circunstancias anteriores de las que se infiere que de forma tácita obedeció tal requisito; máxime que, como ya quedó establecido en epígrafes anteriores, acató el núcleo esencial de la obligación impuesta en la sentencia concesiva del amparo, al cumplir con la prestación en la cual se tradujo en la garantía que se estimó violada en aquel controvertido. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues declaró cerrada la instrucción y emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral 2A-3092/2013; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue declarar cerrada la instrucción y emitir un laudo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ AYALA DELGADO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta; mismo que fue notificado a las partes el veintiuno y veintisiete siguientes (fojas 67 y 70). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia engrosada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 25 a 34), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso José Ayala Delgado, para los efectos que se reproducen: que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán inmediatamente provea lo necesario para la notificación del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete; hecho lo anterior, fenecido el plazo concedido en ese proveído, de ser procedente decrete el cierre de instrucción, turne para la elaboración del proyecto y emita el laudo en los lapsos de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual deberá tomar las medidas necesarias a efecto de que el procedimiento se desarrolle en forma expedita conforme a los plazos y términos previstos en la legislación invocada". Esto es, en la sentencia se determinó que ante la circunstancia de que la Junta responsable omitió observar el principio de celeridad, al desatender los términos previstos en los numerales 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues excedió el plazo establecido para notificar a las partes la certificación de inexistencia de pruebas pendientes de desahogar; y, en consecuencia, decretar, de oficio, el cierre de instrucción, elaborar el proyecto y dictar el laudo respectivo, vulneró en perjuicio del quejoso el principio de celeridad previsto en el artículo 17 constitucional, motivo por el cual otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, previo a que causara ejecutoria la sentencia concesiva, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, en acatamiento a la determinación de amparo, remitió el oficio 2051 (foja 51), al que acompañó las constancias siguientes: Auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual declaró cerrada la instrucción (foja 52). Laudo de trece de diciembre del año inmediato anterior, emitido en el juicio ordinario laboral 2A-3092/2013 (fojas 53-63). Luego, la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, causó ejecutoria el veinte de diciembre del año pasado, auto que se notificó a las partes -veintiuno siguiente al fiscal adscrito así como al tercero interesado, veintisiete del mes y año citados a la parte quejosa-, se dio vista a éstas por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que lo hicieran; por lo que ahora se procede a la calificación de la observancia dada al fallo protector (fojas 66, 67 y 70). Ahora, del examen de las documentales transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acató el fallo protector, pues cumplió el núcleo esencial de la obligación exigida en la sentencia concesiva del amparo, es decir, decretó el cierre de instrucción, y emitió el laudo respectivo en el juicio ordinario laboral 2A-3092/2013. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la responsable no haya acreditado ante este tribunal que proveyó lo necesario para notificar el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, a las partes, sino únicamente demostró que cerró la instrucción y dictó el laudo correspondiente; circunstancias anteriores de las que se infiere que de forma tácita obedeció tal requisito; máxime que, como ya quedó establecido en epígrafes anteriores, acató el núcleo esencial de la obligación impuesta en la sentencia concesiva del amparo, al cumplir con la prestación en la cual se tradujo en la garantía que se estimó violada en aquel controvertido. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues declaró cerrada la instrucción y emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral 2A-3092/2013; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue declarar cerrada la instrucción y emitir un laudo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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