José Avelino Che Uc

Expediente 1090/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1090/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • José Avelino Che Uc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, en representación de la encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación de dicho Instituto en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se tuvo por realizada a la parte quejosa el treinta de octubre de dos mil veintitrés, sin que a la fecha se hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En sentencia firmada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en su tercer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa JOSÉ AVELINO CHE UC, el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como por el oficio ISS100.31.300.1.1459.06.2023 de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, y por los descuentos aplicados a la pensión que percibe la parte quejosa. - - - Lo anterior implica que la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, se encuentra obligada a dejar insubsistente el oficio ISS100.31.300.1.1459.06.2023, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, así como los descuentos que se pretendan realizar o se hayan realizado a la pensión que por viudez y jubilación que corresponden al quejoso bajo los conceptos "48" y "54", lo que implica que el pago de las pensiones a que tenga derecho la parte quejosa se le paguen conforme proceda, debiéndose cubrir retroactivamente las que haya dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se dé cumplimiento a este fallo constitucional. - - - De igual forma, en estricto apego a los lineamientos fijados en el presente fallo, deberá determinar lo que en derecho corresponda, sin la aplicación del numeral declarado inconstitucional ni en el presente o en el futuro." Posteriormente, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió a la encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, su cumplimiento. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, en representación de la encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación de dicho Instituto en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió el oficio sin número, de fecha doce de octubre de dos mil veintitrés y recibido por auto de dieciséis siguiente, mediante el cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de dicho oficio y su anexo se desprende lo siguiente: 1.- Se dejó sin efecto el acto de aplicación consistente en el oficio ISS100.31.300.1.1459.06.2023, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, y por tanto se dejó de aplicar en el presente y lo futuro el artículo 12 fracción I, inciso a) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- Que en la nómina del mes de noviembre de dos mil veintitrés, se aplicará la devolución en la pensión de viudez del quejoso por la cantidad de $69,803.44 M.N. (sesenta y nueve mil ochocientos tres pesos 44/100 Moneda Nacional) correspondiente al concepto 48 descontado en la liquidación de pago previa incorporación a nómina que abarca el periodo del veintitrés de marzo al treinta de junio de dos mil veintitrés. 3.- Que a partir de la nómina de septiembre de dos mil veintitrés, no se aplicó o descontó concepto alguno a las pensiones por jubilación y viudez del quejoso, y se vería reflejada en la pensión de viudez la cantidad de $21,368.40 M.N. (veintiún mil trescientos sesenta y ocho pesos 40/100 Moneda Nacional) en devolución por concento 48 del periodo del uno al treinta de agosto de dos mil veintitrés; así como en la pensión de jubilación se vería reflejada la cantidad de $2,136.84 M.N. (dos mil ciento treinta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional) en devolución por concepto 54 del periodo del periodo del uno al treinta de agosto de dos mil veintitrés; de conformidad con la copia certificada de las constancias correspondientes. ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la referida autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. DETERMINACIÓN. Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por lo que se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión. CONSERVACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de CONSERVACIÓN, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general relativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS. Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: treinta de octubre de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Data en que se recepcionó en este órgano jurisdiccional el oficio de cumplimiento: trece de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a estos autos el oficio de cuenta sin número, signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, en representación de la encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación de dicho Instituto en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio sin número, signado por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, en representación de la encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación de dicho Instituto en el Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Que remite con relación al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio y mediante el cual esencialmente solicita se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a la misma, por los motivos que expone. Al efecto, se concede la prórroga solicitada; en consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el término de veinte días hábiles siguientes al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables respecto de las cuales se concedió el amparo, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, todas con sede en la Ciudad de México, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución de la Ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese y cúmplase.

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