José Avelino Balam Escamilla y Otros.
Expediente 1110/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Avelino Balam Escamilla
- José Avelino Balam Escamilla y Otros.
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Avelino Balam Escamilla, en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, presentada con seis copias y un anexo. Ahora bien, en atención a lo anterior y al contenido del escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior es así, porque respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, se asevera que en el presente caso opera la referida causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual contempla la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, pues en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán,, procede el recurso de revisión, por las razones que a continuación se expondrán. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente, ya que por su naturaleza, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. En este caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, la parte quejosa tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán, de conformidad con el citado precepto legal que establece entre otras cosas que será procedente contra actos del presidente en ejecución de laudos. Así es, el contenido del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, dispone: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De lo anterior podemos advertir que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. En ese sentido, en el presente caso resulta evidente que en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán, en términos del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser impugnado mediante el referido recurso, pues de la lectura de la demanda se advierte que el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de ejecución de laudo y que el acuerdo fue emitido por el Presidente de la Junta responsable, y dado que el citado numeral establece que el recurso de revisión procede en contra actos de los presidentes, y en ejecución de los laudos, es indudable que es procedente dicho recurso. En esas circunstancias, el quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revisión correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existía la certeza de tal medio de impugnación, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es incuestionable que en el presente caso el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debe interponerse el recurso que la ley prevé. Además de que el citado recurso no se sujeta a una interpretación adicional, por lo que no se estaría en la hipótesis de que fuera opcional agotar dicho recurso o acudir al juicio de amparo, como lo refiere el citado artículo. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por lo anterior, este juzgador llega a la conclusión que en el caso se surte la causal de improcedencia de la vía indirecta invocada, prevista en la fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Avelino Balam Escamilla, en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Cabe hacer mención que no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que mediante reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, fue derogado el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, en el presente caso sería aplicable en el presente asunto, debido a que en el artículo transitorio séptimo se estableció que "Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de (sic) Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio", de ahí que si el juicio laboral de origen se inició en el año de dos mil trece, le es aplicable la Ley Federal del Trabajo que contiene como última reforma la de treinta noviembre de dos mil doce, y por tanto, el artículo de referencia, esto es, procede el recurso de revisión en contra del acuerdo que en esta vía se reclama. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los mencionados. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
IV. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Avelino Balam Escamilla, en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, presentada con seis copias y un anexo. Ahora bien, en atención a lo anterior y al contenido del escrito inicial de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior es así, porque respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, se asevera que en el presente caso opera la referida causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual contempla la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa, los recursos ordinarios de impugnación que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado, pues en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán,, procede el recurso de revisión, por las razones que a continuación se expondrán. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente, ya que por su naturaleza, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. En este caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, la parte quejosa tuvo la posibilidad de interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán, de conformidad con el citado precepto legal que establece entre otras cosas que será procedente contra actos del presidente en ejecución de laudos. Así es, el contenido del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, dispone: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." De lo anterior podemos advertir que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. En ese sentido, en el presente caso resulta evidente que en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio laboral 88/2013 por medio del cual la Junta responsable se negó a requerir el pago de la cantidad laudada al Presidente Municipal de la Ciudad de Motul, Yucatán, en términos del artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser impugnado mediante el referido recurso, pues de la lectura de la demanda se advierte que el juicio laboral de origen se encuentra en etapa de ejecución de laudo y que el acuerdo fue emitido por el Presidente de la Junta responsable, y dado que el citado numeral establece que el recurso de revisión procede en contra actos de los presidentes, y en ejecución de los laudos, es indudable que es procedente dicho recurso. En esas circunstancias, el quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revisión correspondiente, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existía la certeza de tal medio de impugnación, además de que no se estaba en algún caso de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es incuestionable que en el presente caso el juicio de amparo indirecto que nos ocupa resulta improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debe interponerse el recurso que la ley prevé. Además de que el citado recurso no se sujeta a una interpretación adicional, por lo que no se estaría en la hipótesis de que fuera opcional agotar dicho recurso o acudir al juicio de amparo, como lo refiere el citado artículo. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por lo anterior, este juzgador llega a la conclusión que en el caso se surte la causal de improcedencia de la vía indirecta invocada, prevista en la fracción XVIII, del numeral 61 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Avelino Balam Escamilla, en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Cabe hacer mención que no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que mediante reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, fue derogado el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, en el presente caso sería aplicable en el presente asunto, debido a que en el artículo transitorio séptimo se estableció que "Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de (sic) Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio", de ahí que si el juicio laboral de origen se inició en el año de dos mil trece, le es aplicable la Ley Federal del Trabajo que contiene como última reforma la de treinta noviembre de dos mil doce, y por tanto, el artículo de referencia, esto es, procede el recurso de revisión en contra del acuerdo que en esta vía se reclama. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los mencionados. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
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