Jose Aurelio Ortega Moran
Expediente 145/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Aurelio Ortega Moran
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, al que anexa el testimonio de la resolución pronunciada por el referido Tribunal, en el impedimento ***; la cual, en lo que interesa dice: ÚNICO. Se declara fundado el impedimento formulado por la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato con Residencia en Celaya, para conocer del juicio de amparo indirecto *** de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, acúsese recibo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo. Consecuentemente, se ordena el archivo definitivo del presente juicio, previo las anotaciones correspondientes en el libro de control.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, a través del cual comunica el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por recibidos los autos originales del juicio de amparo indirecto 145/2022-V, con motivo del impedimento planteado por la suscrita para conocer de dicho asunto; de igual manera, se advierte que dicho impedimento se registró con el número 1/2022 de su índice, y que se turnó los autos al Magistrado relator para que se formule el proyecto de resolución; de lo que este juzgado toma conocimiento para los fines a los que haya lugar.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por, *** por derecho propio, fórmese expediente y regístrese con el número 145/2022-V, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se puede apreciar que, en el caso concreto, la parte quejosa solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la autoridad siguiente: Jueza Segunda Civil de Partido, de Celaya, Guanajuato. Por los actos que hace consistir en: La resolución incidental de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Segundo Civil de partido de Celaya, Guanajuato. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la suscrita funge como titular de este órgano jurisdiccional; aunado a que en la demanda de cuenta, se encuentra señalada como responsable la Jueza Segunda Civil de Partido, de Celaya, Guanajuato, por lo que se considera que no se encuentra en aptitud de conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del Juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción echa de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos: la competencia propia del órgano y la persona del juzgador, esto es, objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva.**** Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa.*** De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Impedimento. Del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de este juzgador, se actualiza una causal que impide conocer del presente asunto, en virtud de que en el caso concreto, la suscrita tiene amistad estrecha con la jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad ****, ya que somos compañeras de la maestría en derecho procesal constitucional en el Centro de Estudios y Actualización del Derecho (CEAD), en Querétaro, Querétaro. Por lo que derivado de las clases, se ha tenido un trato frecuente que ha generado una estrecha amistad, más allá del plano estudiantil. En mérito de lo expuesto, la suscrita estima encontrarse legalmente impedida en términos del artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo (amistad estrecha) con la jueza Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, (******) para conocer de la demanda de amparo promovida por ****. Ahora, no se soslaya que se han tenido diversos casos en los que dicha persona ha figurado como autoridad responsable y que la maestría inició desde noviembre del año dos mil veinte; sin embargo, no fue sino que hasta este mes de abril de dos mil veintiuno en la que he tenido un trato más cercano con dicha profesionista, con motivo de los debates e investigaciones propias del posgrado. Situaciones que han afianzado y fortalecido el lazo de amistad que nos une como compañeras de la maestría; lo que, invariablemente, puede incidir en el ánimo de la suscrita al momento de analizar los casos concretos en que ella figure como autoridad responsable. Razones por las cuales, se insiste, esta juzgadora se encuentra impedida para conocer de la demanda de amparo. Habida cuenta que, de conocer de la misma, podría ocasionar una pérdida de objetividad e imparcialidad en detrimento de los justiciables. Remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, y se ordena remitir el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y fórmese cuaderno de antecedentes. Suspensión de los actos reclamados. Sin que sea necesario acordar respecto de la suspensión de los actos, dado que no lo solicitó en su demanda la parte quejosa, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Autorizados.*** Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas.
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