José Aurelio Linares Mexicano

Expediente 2233/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2233/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • José Aurelio Linares Mexicano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no pudo notificar a los terceros interesados Josué, Esmeralda, Ana Karina y Sandra, todos de apellidos Linares Ramírez, a través de su representante legal Dolores Ramírez Díaz, el auto de tres de diciembre del año en curso, pues ha transcurrido el término que se concedió, para que señalaran domicilio en esta ciudad de San Andrés Cholula, Puebla o en la ciudad de Puebla, para recibir notificaciones, dentro del presente juicio de amparo, se hace efectivo el apercibimiento y se ordenan sus notificaciones por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal. Notifíquese. San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA A).- CIUDADANO JUEZ SEGUDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, con residencia oficial en Avenida catorce Poniente número 1318, de la Ciudad de San Pedro Cholula. IV.- ACTO RECLAMADO: A).- DE LA ORDENADORA SE RECLAMA EL RETARDO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, DENTRO DEL INCIDENTE DE TERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA Y CANCELACIÓN DE LAS PENSIONES FIJADAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES, MARCADO CON EL NÚMERO 248/03, PRINCIPAL E INCIDENTE, D ELOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA." Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, así como de las constancias allegadas en el mismo, se advierte que la autoridad responsable mediante resolución dictada el veintidós de octubre del año en curso, dictó la sentencia interlocutoria del incidente de cancelación de pensión alimenticia, para lo cual remitió copia certificadas del expediente de origen 248/2003, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso José Aurelio Linares Mexicano, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de resolver el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del juicio de origen dentro del expediente 248/2003. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de cancelación de pensión alimenticia dentro del expediente 248/2003. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado la resolución el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 248/2003, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara la resolución correspondiente, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la responsable emitió la sentencia correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que José Aurelio Linares Mexicano reclamó al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la Titular de la Notaria Pública Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, para que señalara fecha y hora a fin de que la perito oficial María del Rosario Castillo García comparezca a sus oficinas y realice las diligencias necesarias para la emisión del dictamen pericial correspondiente. En las anotadas circunstancias, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con cinco minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA A).- CIUDADANO JUEZ SEGUDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, con residencia oficial en Avenida catorce Poniente número 1318, de la Ciudad de San Pedro Cholula. IV.- ACTO RECLAMADO: A).- DE LA ORDENADORA SE RECLAMA EL RETARDO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA, DENTRO DEL INCIDENTE DE TERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA Y CANCELACIÓN DE LAS PENSIONES FIJADAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES, MARCADO CON EL NÚMERO 248/03, PRINCIPAL E INCIDENTE, D ELOS DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA." Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, así como de las constancias allegadas en el mismo, se advierte que la autoridad responsable mediante resolución dictada el veintidós de octubre del año en curso, dictó la sentencia interlocutoria del incidente de cancelación de pensión alimenticia, para lo cual remitió copia certificadas del expediente de origen 248/2003, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso José Aurelio Linares Mexicano, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de resolver el incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del juicio de origen dentro del expediente 248/2003. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se resolvió el incidente de cancelación de pensión alimenticia dentro del expediente 248/2003. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado la resolución el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 248/2003, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele la peticionaria de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara la resolución correspondiente, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la responsable emitió la sentencia correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que José Aurelio Linares Mexicano reclamó al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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