José Aurelio Arroyo Carmona
Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Aurelio Arroyo Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas y glósese el cuaderno incidental respectivo. En ese sentido, se requiere al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 912/2023-V, promovido por ********************, por derecho propio, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la Secretaria da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistente en las documentales anexas a su demanda de amparo, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 912/2023-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, el doce de julio siguiente; dicho órgano jurisdiccional, por acuerdo del trece de julio pasado, remitió dicho juicio al estimar que este órgano jurisdiccional debía de conocer de dicha demanda por cocimiento previo. II. Por oficio 15948/2023 presentado el catorce de julio de este año, dicho juzgado declinante, remitió los autos que integran el juicio de amparo 865/2023-VII-A, de su índice, por lo que este juzgado acodó lo conducente en el diverso 821/2023-V, de la estadística de este órgano jurisdiccional, se aceptó el conocimiento previo, se ordenó turnarlo como un nuevo juicio de amparo y returnalo. III. El diecisiete de julio pasado, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnó nuevamente a este órgano jurisdiccional, la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, en la que se solicitó el amparo y protección contra el acto del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). IV. Por auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 912/2023-V, se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la quejosa reclama: 1) Del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM): La retención del pago de pensión por jubilación otorgada al quejoso. Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve que la quejosa haya señalado como acto destacado la omisión de dar contestación a la solicitud de pago de pensión, del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, así como el realizar su empadronamiento para el citado pago de pensión por jubilación. Pues lo cierto es que en esencia dichas manifestaciones van encaminadas a su falta de pago. TERCERO. La autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), al rendir su respectivo informe justificado aceptó el acto reclamado. CUARTO. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, sea que lo aleguen las partes o lo advierta de oficio el juzgador de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuya disposición deviene armónica con la tesis jurisprudencial identificada bajo el número de registro 222780, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) adujo hacer valer causales de improcedencia, sin que al efecto se advierta que haya invocado precepto legal alguno de la ley de la materia sino que únicamente realizó manifestaciones tendientes a justificar la dilación y omisión reclamada con motivo de las cargas procesales de trabajo derivadas de la contingencia sanitaria del SARS-COV2. Sin que al efecto se haya hecho valer causal de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Los conceptos de violación son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo, como se verá a continuación. El quejoso expone que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucionales al omitir el pago de su pensión. Que con dicha omisión se ve afectada su esfera jurídica de manera irreparable, así como su calidad de vida y su salud, ya que lleva más de un mes esperando el pago de su pensión y prestaciones accesorias que le corresponden como son el aguinaldo, gratificación especial a pensionados, previsión social, para disfrutar de sus derechos como pensionado. Lo cual resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser pensionada la recurrente y acorde a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación en la tesis 2ª. XCV/2014 (10a), de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS"; en atención a las consideraciones que a continuación se exponen: En primer término, es importante señalar, que con relación a la protección de los derechos humanos de los gobernados, el artículo 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Conforme a la transcripción efectuada, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de lo anterior, destaca en el caso, la obligación de garantizar que implica mantener el disfrute del derecho humano, así como mejorarlo y restituirlo en caso de violaciones; de proteger que implica crear el marco jurídico y la maquinaria institucional para prevenir violaciones a los derechos humanos; y, el principio de interdependencia que se refiere a las relaciones reciprocas de los derechos humanos fundamentales, toda vez, que el disfrute de los derechos depende para su existencia de la realización de otro u otros grupos de derechos. De igual forma, debe destacarse que la pensión constituye un derecho fundamental de seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." El precepto constitucional trascrito, contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, también prevé el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora, el derecho a recibir una pensión por jubilación constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social. Por consiguiente, se puede concluir que los pensionados, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión que les permita vivir, pero además, que ese derecho no es sólo una prerrogativa más, sino que debe atender a parámetros específicos como son la vida digna y el derecho a un mínimo vital. Ahora bien, en este apartado debe enfatizarse que los derechos humanos destacados, en función de una pensión, no sólo se respeta a través de proveer al pensionado de una cantidad para que haga frente a las necesidades que pueda tener como individuo en la vejez, y de conformidad con lo que haya cotizado durante su vida laboral activa, y conforme a las reglas y tabuladores que para ello existe en el ámbito administrativo, sino que por ello, el Estado, como garante de la subsistencia del pensionado, debe entregar y cubrir en tiempo la pensión digna, para no hacer ilusorios los derechos humanos referidos. Ello, porque el pensionado depende del pago de su pensión, para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas, y al no pagársele en el tiempo en que se debe hacerlo, conforme al calendario de pagos previamente establecido, queda en estado de vulnerabilidad, al no poder adquirir lo más necesario para subsistir, como son los alimentos, ni hacer frente a los compromisos económicos adquiridos, como son el pago de servicios, de vivienda, tampoco puede acceder a servicios de salud y de educación, menos a un medio ambiente sano y sustentable, que le permita vivir dignamente. Una vez expuestas las anteriores premisas, queda evidenciado que el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), ha omitido realizar las gestiones administrativas correspondientes para realizar el pago de la pensión por jubilación a la que tiene derecho el quejoso, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ********************, del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, retrasando injustificadamente dicho pago de pensión; lo cual, indudablemente, constituye una violación a los derechos humanos de dignidad humana y del mínimo vital. Lo anterior, porque durante el tiempo en que no ha recibido su pago de pensión, carece de los medios para la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, lo cual, no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío de tales pensiones, ya que ello no retribuye en nada las molestias, problemas y obstáculos que una persona debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece. Por tanto, el Estado, a través de la autoridad responsable, incumplió con la obligación de garantizar tales derechos humanos, porque a él, se reitera, le corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que adquirió la pensionada aquí quejosa a recibir el pago de una pensión, la que debe ser realizada en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna, a este despliegue estatal se le conoce como obligación estatal de garantía y se traduce en la obligación del Estado a través de esos entes públicos de mantener el disfrute del derecho, pero además también el mejorarlo y restituirlo en caso de violación. En efecto, al restringirse el derecho de la peticionaria de amparo de recibir su pago de pensión en tiempo, se violan los derechos humanos invocados, ya que la pensión por jubilación, protege la dignidad de los pensionados y el derecho al mínimo vital, que comprende las satisfacciones necesarias para que ese retiro sea digno. Es aplicable, la tesis XV.3o.9 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2361, del Libro 75, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2020, Décima Época, con registro 2021661, de título: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de lasnecesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión". De esta forma, el hecho de que se encuentre en proceso el trámite para generar el pago de pensión por jubilación, no hace desaparecer las violaciones a los derechos humanos de la persona quejosa pensionada, como sí hubieran cesado los actos reclamados, y por esa razón, se considera inconstitucional, no sólo por no existir orden escrita o mandamiento que así lo determine, sino porque con ello sea transgredido en perjuicio de la agraviada el derecho humano a la dignidad y al mínimo vital, la transgresión al derecho humano a la seguridad social del que deriva el pago de pensión, la violación al libre desarrollo de la persona, la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal en el pago de la pensión como obligación del Estado a través del ente asegurador de las prestaciones de seguridad social y el derecho de los pensionados de recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente, de lo que reciben mensualmente como concepto de pensión por jubilación. Ahora bien, ante la omisión de la autoridad responsable de pagar al quejoso la pensión a la que tiene derecho acorde al dictamen que fue emitido a su favor número ********************, del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, de lo que se colige que deben calcularse los incrementos omitidos como las diferencias que de la omisión reclamada derivan, quedando así dicho Instituto constreñido a entregarle las diferencias debidamente actualizadas, dado que el pensionado no ha podido disponer de las cantidades respectivas desde el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio jurisprudencial 2a./J. 135/2019 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1932, con número de registro 2020857, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente". Por esas razones, y ante lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder al quejoso, el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Ahora bien, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la concesión del amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, serán los de obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo le exija, por lo que, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades señaladas como responsables dependientes del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), a realizar lo siguiente: De manera inmediata realicen las gestiones administrativas necesarias (con la autoridad que corresponda), a fin de que en el término de cinco días, compruebe a este juzgado federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, que le correspondan al quejoso ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de la misma con número ********************, en los términos establecidos y debidamente actualizadas; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago de dicha pensión por jubilación, por lo que, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. En el entendido de que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la autoridad responsable lleve a cabo el primer pago relativo a la pensión a la que tiene derecho la parte quejosa, en los términos establecidos; finalmente, lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, sin que sea motivo del cumplimiento las sumas aritméticas que realice la responsable al respecto, ni la continuación de pagos de pensión posteriores. Es aplicable por analogía la tesis 2a. CV/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005150, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1o., 75, 76, 77, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por propio derecho, contra los actos reclamados al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído del once de agosto pasado, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido en autos por el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la responsable, toda vez que dicha circunstancia no le irroga algún perjuicio. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Delegado de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. De conformidad con los numerales 9o. y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio el que indica. Se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, en virtud de que proporcionó los datos de sus usuarios y cuentan con el registro correspondiente. En ese sentido, se instruye al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional a fin de que lleve a cabo la autorización correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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