Jose Aurelio Antonio Pech Baas

Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
645/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Aurelio Antonio Pech Baas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". - - - NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos los oficios signados por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias requeridas en auto de diecinueve de enero de año en curso. Del análisis de los actos reclamados, a juicio de la suscrita, sobrevienen las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXI y XXII de la Ley de Amparo, como se expondrá. De las constancias que integran estos autos se desprende que la quejosa reclama en esencia de la autoridad responsable, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, con número de solicitud 31170010277, en la cual solicitó la expedición de certificados parcelarios respecto de títulos de propiedad 1022399, 1023027 y 1022473 que ampara la titularidad de los solares 8, 7 y 12 todos de la manzana 34, polígono 1 zona 3 del ejido de Timul y Covenché. Ahora bien, de autos se advierte que al escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, con número de solicitud 31170010277, fue atendida por la autoridad responsable pues el treinta y uno de agosto del año en curso, fueron entregados a la parte quejosa por conducto de su apoderado los títulos de propiedad 1022399, 1023027 y 1022473 que ampara la titularidad de los solares 8, 7 y 12 todos de la manzana 34, polígono 1 zona 3 del ejido de Timul y Covenché. Por tanto, es inconcuso que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos al haberse expedidos y entregados a la parte quejosa por conducto de su apoderado los ce títulos de propiedad 1022399, 1023027 y 1022473 que ampara la titularidad de los solares 8, 7 y 12 todos de la manzana 34, polígono 1 zona 3 del ejido de Timul y Covenché, en virtud de la solicitud 31170010277, efectuada por la parte quejosa el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII de la Ley de Amparo. De modo tal, que en caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia favorable, en virtud de que materialmente se modificó el entorno en el cual éste se emitió ya se ha modificado. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Luego, es evidente que han cesado los efectos de la omisión atribuida a la responsable, y éste ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por lo tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional la cual está fijada para las trece horas con cuarenta minutos del veintinueve de septiembre del año en curso; por tanto, déjese sin efectos la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para el día de hoy y que el presente asunto no se encuentra debidamente integrado, tomando en cuenta que la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, mediante oficio proveído del dieciocho del mes recién transcurrido informó que programó para las "doce horas del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno", para que la parte quejosa comparezca al Centro de Atención al Público de esa Delegación, sin que hasta el momento se hubiera recibido información alguna; la cual deviene importante porque implicaría una causal de improcedencia en este juicio de amparo. En tal virtud, requiérase nuevamente a la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, para que dentro del plazo de TRES DÍAS que establece el ordinal 197, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de la fecha de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten que se llevó a cabo dicha diligencia programada para el veintiocho de agosto de dos mil veintiuno, o las causas que se lo impidan. Apercibida que de no hacerlo así, hará acreedora de una multa equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida Actualización; de igual forma, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciará el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. En consecuencia, para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. --- Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para el día de hoy y que aún está transcurriendo el término de tres días concedido a la autoridad responsable para que remita las constancias solicitadas en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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