José Augusto Briseño Ibarra

Expediente 700/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • José Augusto Briseño Ibarra
  • Secretaria de Salud del Gobierno Federal, por Conducto de su Titular

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, Y CONSIDERANDO QUE NINGUNA DE LAS PARTES INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.) Y, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. EN ESE SENTIDO, SE ADVIERTE QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA ENCUADRA EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 21, INCISO A), DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, POR LO QUE, CONSIDERANDO QUE SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL PRESENTE PROVEÍDO, TODA VEZ QUE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, con evidencia criptográfica de firma (FIREL) del quejoso, por medio del cual refiere que se desiste de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, toda vez que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención del Covid- 19. En ese sentido, se tiene que el quejoso ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y otras autoridades, los cuales hizo consistir en: ? La omisión de la aplicación de la vacuna al quejoso contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención del Covid- 19, con motivo de la aplicación de la Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención. Como puede apreciarse de la transcripción que antecede, la parte quejosa acudió a la presente vía constitucional, reclamando, en esencia, la aplicación de la vacuna al amparista contra el virus SARS-Cov-2. En ese tenor, tomando en consideración que de lo establecido por el artículo 3°, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, se desprende que dicho precepto establece que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y que ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que en ese precepto se concede a las partes la oportunidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; además que, los artículos 2, fracción XVI y 3, fracciones I, III y V, contenidos en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo de la Judicatura Federal, de los cuales se advierte que establecen que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico; en ese sentido, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes en los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Por tanto, la firma electrónica plasmada en el escrito de cuenta, por el cual la parte quejosa se desiste del presente juicio de amparo, de cuya evidencia criptográfica se aprecia corresponde al impetrante de garantías, y dicho certificado es reconocido, vigente y tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada al órgano jurisdiccional, máxime que en virtud del fenómeno de salud pública derivado del virus Sars-Cov-2, dicho medio de comunicación, se considera idóneo para tener por acreditada la voluntad del impetrante, como si hubiera comparecido de manera presencial ante la presencia judicial. De lo inserto, se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando quejoso desista de la demanda, y si bien, se debe ordenar la ratificación de dicho desistimiento; como quedó plasmado en líneas que anteceden, al haber presentado el desistimiento de la demanda mediante medios electrónicos de los cuales se aprecia su Firma electrónica, en virtud de lo ordenado en el criterio transcrito, en el presente caso no resulta necesaria la ratificación de la misma. Ahora bien, se advierte que el quejoso, en su escrito de desistimiento, manifestó:4 Que por medio del presente escrito hago del conocimiento de ese H. Juzgado que con esta misma fecha me fue administrada la primer dosis de la Vacuna contra el Virus Sars Cov-2, por lo que al haber cesado los efectos del acto reclamado y por así convenir a mis intereses me desisto en forma lisa y llana de la demanda que dio origen al presente juicio. Así las cosas, el quejoso mediante escrito presentado vía electrónica que contiene su firma electrónica, y por ende, su voluntad para desistirse de la presente instancia constitucional, el cual al estar signando mediante el uso de la firma electrónica, debe tenerse ésta como ratificada, por haber sido expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico; asimismo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes en los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Por tanto, la firma electrónica plasmada en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda de amparo, de cuya evidencia criptográfica se aprecia el nombre de su firmante y, el certificado es reconocido y vigente, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada al órgano jurisdiccional, y tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel; además de que está garantizada la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto. De ahí que el escrito por el que el quejoso se desiste de la demanda de amparo, es igual al signado ante la autoridad judicial, y es aplicable al supuesto contenido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. En relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por José Augusto Briseño Ibarra, pues de proseguir el curso del presente juicio, retardaría la impartición de justicia, contraviniendo lo preceptuado en el artículo 17 constitucional y se arribaría a la misma determinación. Por ello se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tendría verificativo a las doce horas con veinte minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos en que se actúa, la comunicación oficial de cuenta, con evidencia criptográfica de firma (FIREL) de la Actuaria Judicial, adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el oficio 6533/2021, el cual contiene el testimonio certificado de la resolución dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el RA 125/2021. Confírmese recepción. Hágase saber a las partes que el órgano colegiado revisor determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, contra los artículos 51, fracción II, inciso c), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y contra el oficio ***, de tres de marzo del dos mil veinte." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en la resolución dictada por el órgano colegiado, resolvió modificar la sentencia recurrida, para efecto de que la autoridad señalada como responsable Jefa de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número 3, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realice lo siguiente: "Se abstenga de aplicar a la quejosa los artículos 51, fracción II, inciso c), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y contra el oficio ***, de tres de marzo del dos mil veinte." PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Conforme a lo anterior, y tomando en cuenta el procedimiento administrativo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realiza de manera interna para el acatamiento a las sentencias de amparo, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la siguiente autoridad lleve a cabo las siguientes actuaciones, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. la Jefa de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número 3, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debe (i) abstenerse de aplicar a la quejosa los artículos 51, fracción II, inciso c), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, (ii) contra el oficio ***, de tres de marzo del dos mil veinte, tomando en consideración que debe restituírsele el pago de la pensión por viudez que solicita, desde la fecha en que dejó de percibirla y hasta que materialmente se restablezca el pago; así como demostrar el desbloqueo de la consabida pensión en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas y que le está siendo pagada a la quejosa mes con mes como es su derecho. En consecuencia, se ordena a las autoridades involucradas DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia conforme al protocolo establecido en líneas anteriores, se encuentra en la ETAPA ÚNICA, para cuyo cumplimiento, la Jefa de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número 3, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe (i) abstenerse de aplicar a la quejosa los artículos 51, fracción II, inciso c), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, (ii) contra el oficio ***, de tres de marzo del dos mil veinte, tomando en consideración que debe restituírsele el pago de la pensión por viudez que solicita, desde la fecha en que dejó de percibirla y hasta que materialmente se restablezca el pago; así como demostrar el desbloqueo de la consabida pensión en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas y que le está siendo pagada a la quejosa mes con mes como es su derecho. Por lo tanto, atendiendo la complejidad de dicha actuación y presumiendo la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, en concepto de este juzgado es razonable fijar un plazo de VEINTE DÍAS para cumplir con la presente resolución y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Jefa de la Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas número 3, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, remita las constancias con las que acredite haberse (i) abstenido de aplicar a la quejosa los artículos 51, fracción II, inciso c), de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, (ii) haberse restituido el pago de la pensión por viudez que solicita la quejosa, desde la fecha en que dejó de percibirla y hasta que materialmente se restablezca el pago; así como demostrar el desbloqueo de la consabida pensión en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas y que le está siendo pagada mes con mes como es su derecho; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional de la Zona Oriente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, demuestre ante este Juzgado haber ordenado a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla.2 Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, esta jueza de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta jueza. Lo anterior, a reserva de que esta jueza fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento de cumplimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal,6 se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgador determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el secretario respecto del de su presentación y dará cuenta a la titular de este juzgado federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgador tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que la jueza haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el período de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, a doce de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por la Directora de Amparos, en suplencia del Coordinador General de Administración, y de la Directora General Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, exhibe copia del oficio ****, de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se instruyó al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, para que dé cumplimiento al requerimiento de este órgano jurisdiccional. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, ya que, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

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