Jose Asuncion Perez Rosario
Expediente 1828/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1828/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/03/2018
Partes del expediente
- Jose Asuncion Perez Rosario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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V. Toluca, Estado de México a ocho de marzo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual la Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las constancias que anexó a su informe justificado; atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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V. Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de treinta y uno de enero de la anualidad en curso (fojas 28 a 34), en la que se negó la protección constitucional solicitada en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se sobreseyó y se negó el amparo y protección constitucional solicitados (puntos décimo y vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, devuélvanse las constancias que anexó como complemento a su informe justificado la Sala responsable, solicitándole para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación de éste proveído, acuse el recibo correspondiente, de conformidad en lo previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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V. Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad con que cuenta el Actuario de la adscripción para notificar a la tercera interesada Virginia Sánchez Martínez, la sentencia de treinta y uno de enero pasado, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Agréguese a los autos la razón de mérito, para los efectos legales procedentes; asimismo, en virtud de la imposibilidad para realizar la notificación de mérito, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la tercera interesada en comento la sentencia de treinta y uno de enero pasado, así como el presente, y los posteriores, incluso los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese y por lista a la tercera interesada Virginia Sánchez Martínez. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
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V.Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1828/2017-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 2), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, José Asunción Pérez Rosario, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE. La Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO. La ejecutoria que pronuncia en el toca de apelación número 812/2017, donde la Sala Familiar Regional de Toluca, derivado del expediente 962/2016 radicado en el Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, el cual me fue notificado el día ocho de noviembre de dos mil diecisiete." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso estimó violados los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se radicó con el juicio de amparo indirecto 1828/2017-V, se admitió, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado, y se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad con residencia en el lugar en que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: la resolución de siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 812/20017, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual fuera interpuesto contra la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre del mismo año, pronunciada por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México (foja 23), al rendir su al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora tanto del contenido del informe justificado como de las constancias que acompañó al mismo, a las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no actualizarse causa de improcedencia, ya sea que las partes hayan hecho valer, diversa a la comentada, ni este juzgador advierta de oficio, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Análisis del fondo del asunto. Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, resulta oportuno precisar que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia alguna por la que se deba suplir la queja a favor del quejoso. En ese orden, la parte quejosa sustancialmente refiere en sus conceptos de violación lo siguiente: Se infringe lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete -dictada por el juez de primera instancia- irroga agravios al quejoso, pues deja de apreciar que la pensión fijada es excesiva y no toma en cuenta los tickets exhibidos en el incidente de pensión alimenticia. El A quo no valoró todos y cada uno de los medios de convicción, existiendo vicios en la sentencia que perjudican los intereses del quejoso. El Juez denota una falta de técnica y hermenéutica jurídica en la sentencia dictada en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. El quejoso refiere que la pensión alimenticia que fijó el Juez Natural para sus menores hijas fue excesiva y es imposible exhibir la cantidad a que fue condenado, aunado a que no se toma en cuenta los tickets que exhibió, lo cual es procedente, al quedar debidamente acreditado con todas y cada una de las pruebas que presentó en el asunto de origen, las cuales no fueron debidamente valoradas, ni mencionadas en la sentencia. El juez de origen infringe lo dispuestos en los artículos 4.126, 4.130, 4.135, 4.138 y 4.140 del Código Civil del Estado de México, en relación con los diversos 1.134, 1.137, 1.138, 1.195, 1.199 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad. Los conceptos de violación se analizaran en su conjunto, dada su íntima relación que existe entre ellos, los cuales resultan inoperantes. En efecto, dichos argumentos resultan una reiteración de los agravios expuestos en el recurso de apelación que se interpuso contra la resolución de primera instancia, pues en lo medular en sus agravios argumentó que: .el A quo en la sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de septiembre del presente año,. irroga agravios a la recurrente,. toda vez que el Juez natural deja de apreciar, que el suscrito (sic) la pensión provisional fijada al suscrito es excesiva.tampoco toma en cuenta los tikets (sic)." (1) .el juzgado omite estudiar las pruebas allegadas por una de las partes,." (2) .el Juez natural denota una falta de técnica y hermenéutica jurídica en la sentencia que dictara en fecha 29 de septiembre de 2017."(3) .Lo que denota que la pensión alimenticia que fijó el Juez Natural para mis menores hijas fue excesiva y es imposible exhibir la cantidad a que fui condenado, aunado a que no se toma en cuenta los tickets que el suscrito exhibí, lo cual es procedente al quedar debidamente acreditado con todas y cada una de las pruebas que presente en el presente juicio, las cuales no fueron debidamente valoradas, ni mencionadas en la sentencia." (4) .el Juez natural causa con ello perjuicio al quejoso, violando en mi perjuicio lo establecido por los artículos 4.126, 4.130, 4.135, 4.138 y 4.140 del Código Civil del Estado de México, en relación con los Artículos 1.134, 1.137, 1.138, 1.195, 1.199 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad."(5) Mientras que la responsable dio respuesta a tales planteamientos de la siguiente manera: La Sala responsable procedió a realizar un análisis de los elementos de convicción que integran las actuaciones procesales remitidas para la substanciación del recurso, tanto en forma individual como en su conjunto y de la confrontación de los agravios con el fallo impugnado, determinó que resultaban inoperantes e insuficientes. En cuanto al agravio relacionado con la falta de apreciación de que la pensión provisional fijada al agraviado es excesiva, ya que su capacidad económica no se encuentra acreditada, resultó inoperante, al considerar la Sala responsable, que eran cuestiones novedosas no invocadas en la contestación de demanda, ciñéndose la litis solamente a lo argumentado en los escritos de demanda y contestación de esta, y que al fundamentar su agravio en una razón diversa a la originalmente planteada; por lo que constituye un aspecto que no tendía a combatir los fundamentos y motivos de la resolución que se impugnó de ilegal, sino que a través de ellos se introdujo cuestiones nuevas que no fueron materia de la litis de primera instancia, de ahí que consideró la Sala responsable que no existía agravio alguno que diera lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Por lo que hace al agravio que no se valoraron los medios de prueba aportados y con los cuales aduce se acreditó el cumplimiento de la obligación alimentaria a su cargo, resultó insuficiente; pues para ello, la Sala responsable consideró que mediante proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, el Juez de origen fijó el monto de pensión alimenticia que tendría que dar el deudor alimentario para sus acreedores, mismo que ascendía a tres unidades de medida diaria que debía exhibir en el local del juzgado los primero tres días de cada mes; posteriormente, en la audiencia inicial de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, fue modificada la misma debiendo otorgar el importe de dos unidades de medida, requiriendo al agraviado para que fueran depositadas las mismas en los primeros cinco días de cada mes. Además, la Sala responsable agregó que si se dejó establecido la forma en que el deudor alimentario cumpliera su obligación, la conducta desplegada por el demandado en el sentido de aportar diversos bienes, que según su dicho, fueron entregados a los menores involucrados en la controversia de origen, sin justificar esa afirmación realizada por el demandado; no implicaba que extinguiera la obligación a que fue condenado por el juzgador, puesto que si ya estaba fijada la forma en que debía de cumplir su deber de deudor alimentario, en el entendido de depositar los primeros cinco días de cada mes, la cantidad equivalente a dos UMAS; por tanto, el cumplimento de la misma no podía quedar al arbitrio del apelante. Aunado a lo anterior, la Sala responsable señaló que, debería consignar la cantidad resultante de dos UMAS, para así cumplir con su deber, pues se insistió, de motu proprio no podía alterar la determinación adoptada por el juzgador; en todo caso, tendría que acreditar la autorización por parte del Juez respecto de la conducta desplegada por el demandado, en el sentido de autorizar diversa forma para cumplir con los alimentos de los acreedores, de tal modo que, si no justificaba la existencia de una causa legal para suspender o cesar, o para modificar la obligación alimentaria, debiera cumplir en los términos de la audiencia inicial de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Finalmente, la responsable señaló que no era suficiente para tener por justificado el cumplimiento a su obligación, que adujo al momento de dar contestación al incidente de origen y debería pagar la cantidad a que fue condenada por el operador jurídico procesal. De lo anterior se constata que los conceptos de violación consistentes en que la pensión es excesiva y que no se valoraron las pruebas que ofreció, son una reiteración de los agravios expuestos ante la Sala responsable, sin que contraviertan las consideraciones que éste vertió al respecto, en el sentido de que lo agravios resultaban inoperantes e insuficientes por los motivos antes citados. Por ende, al omitir impugnar las consideraciones que sirvieron de base a la Sala natural para emitir el acto reclamado, pues a manera de conceptos de violación, únicamente se limitó a repetir lo argumentado en vía de agravios ante la propia responsable es que resultan inoperantes los mismos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia publicada con la clave II.3o. J/44, en la página 40, Materia Civil, marzo de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes." Al caso es aplicable, la tesis de jurisprudencia 105, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 83 del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, sustancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama". En ese orden, al no controvertir los razonamientos y fundamentos que tuvo la autoridad responsable para la emisión del acto reclamado, y por tanto, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido; ello, en tanto que se estima que los argumentos que se expresen en los motivos de disenso deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, como acontece en la especie, deberán calificarse de inoperantes. Es aplicable la jurisprudencia número I.6°.C. J/21, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1051, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto del año dos mil, Novena Época, materia común, con número de registro 191370, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." Asimismo, es aplicable la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 51, del Volumen 157-162, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, materia común, con número de registro 240543, que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el peticionario de garantías insiste en lo alegado en la apelación y no manifiesta ningún argumento nuevo y distinto de lo expuesto en su escrito de agravios, ni tampoco combate los razonamientos legales que tuvo la responsable para desestimar dichos agravios, deben considerarse como inoperantes los conceptos de violación respectivos." Y la jurisprudencia I.4o.A. J/48, publicada en la página 2121, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Enero de 2007, Novena Época, con registro 173593, cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." De lo expuesto en el presente fallo al resultar inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado contra la siete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 812/20017, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 al 76, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, R E S U E L V E: Único. La Justicia de Unión no ampara ni protege a José Asunción Pérez Rosario, en contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero de este fallo; por los razonamientos y motivos jurídicos expresados en el último considerando de esta determinación. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que da fe, hoy treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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