José Asunción Ángeles Hernández

Expediente 1085/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1085/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • José Asunción Ángeles Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    EJECUTORIA. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por José Asunción Ángeles Hernández, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente, así como el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, son destruibles...M-I

  2. Principal

    ...INFORME JUSTIFICADO. Agréguense los oficios y anexos de cuenta. Se tiene a la Directora e Inspector Local del Trabajo, ambos de la Dirección de Normatividad Laboral de la Secretaría Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, rindiendo informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Se tiene a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo remitiendo, en apoyo a su informe justificado, copias certificadas del expediente STPS3.1*1S.2/1732/2020-2020. Con la copia certificada del expediente STPS3.1*1S.2/1732/2020-2020, remitidas por las autoridades responsables, dese cuenta en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119 de la citada legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de las autoridades anteriormente referidas el ubicado en boulevard Ramón G. Bonfil número 1504, fraccionamiento Arboledas de San Javier, Pachuca de Soto, Hidalgo. Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, entréguense en ese sitio los oficios que se les dirijan. Se les tiene designando como autorizados para tales efectos a las personas que refieren. CORREO ELECTRÓNICO DE LAS AUTORIDADES. Se les tiene proporcionando el correo electrónico angeles.garza@hidalgo.gob.mx para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. PRUEBAS DE LAS AUTORIDADES. Con fundamento en lo establecido en el numeral 119 de la citada legislación, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes las documentales consistentes en copias certificadas del expediente STPS-3.1*1S.2/1732/2020-2020, así como la instrumental de actuaciones; por lo que respecta a las documentales se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, mientras que la instrumental será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, pues ésta se constituye con las constancias que obran en el sumario...M-I

  3. Principal

    INFORME JUSTIFICADO. Se tiene a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo rindiendo informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional...M-I

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con cuatro minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante la secretaria que autoriza Lucía Flores Miranda, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia incidental del juicio de amparo 1085/2020-I, sin la asistencia de las partes o de persona alguna que las represente; situación que no les depara perjuicio, ya que si bien, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, establece el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias para el desahogo de la presente audiencia; a fin no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente la celebración de la presente de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en la presente audiencia, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución; se declara abierta la audiencia.Relación de constancias. La secretaria hizo una relación de constancias, entre las que obra copia de la demanda de amparo e informes previos; a lo que la jueza acuerda: con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias.Etapa de pruebas. Se abrió el período probatorio, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales consistentes en: copia simple del oficio ; copia simple del contrato de distribución y comodato suscrito por el quejoso y la empresa "Las Cervezas Modelo en Hidalgo, S.A de C.V".; copia simple del acta de inspección de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y copia simple de la credencial de elector del quejoso. Documentales que se desahogan dada su especial naturaleza. Se declara cerrado este período. Etapa de alegatos. A continuación, la jueza declara abierta la etapa de alegatos, en la que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, se declara cerrado el periodo. Resolución. En términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, se dicta la siguiente: SENTENCIA INTERLOCUTORIA Mediante la cual se resuelve el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1085/2020-I, promovido por José Asunción Ángeles Hernández contra actos de la Secretaría, Director de Normatividad Laboral e Inspector Local del Trabajo, todos de la Secretaría Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo. A N T E C E D E N T E S Primero. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, y como fue ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1085/2020-I, promovido por José Asunción Ángeles Hernández. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 37 y 125 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: 1. La orden de inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene, con número de asunto STPS3.1*1S.2/1732/2020-2020, para realizarse en el local ubicado en avenida Santa Cecilia sin número, fraccionamiento La Providencia, Mineral de la Reforma, Hidalgo, signada por Ángeles Rocío Garza Rodríguez, Directora de Normatividad Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. 2. El acta de inspección extraordinaria de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, realizada con motivo de la orden señalada en el punto anterior, por Richard Mejía Barrientos, Inspector del Trabajo. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la Secretaría, Director de Normatividad Laboral e Inspector Local del Trabajo, todos de la Secretaría Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, ya que así lo manifestaron al rendir su informe previo. Cuarta. Se niega la suspensión definitiva. Conviene señalar que la suspensión en el juicio de amparo constituye una providencia cautelar de carácter meramente instrumental, cuyos objetivos son: i) mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la justicia federal, y ii) evitar al promovente del amparo los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Así, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de los presupuestos jurídicos que en seguida se precisan: a) Solicitud de parte agraviada (lo que permite verificar la existencia del interés suspensional que debe acreditarse cuando menos de forma presuntiva); b) Certeza de los actos reclamados; c) Que la naturaleza o tipo de acto reclamado permita su paralización; d) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que exista apariencia del buen derecho, es decir, una razonable probabilidad de que el acto reclamado sea inconstitucional, suficiente para descartar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable (aspecto que deben ponderarse frente a la posible afectación al interés social mencionada en el inciso anterior); y, El otorgamiento de la suspensión requiere la satisfacción de cada uno de los requisitos anotados, por lo que la falta de cualquiera de éstos implica que deba negarse la medida y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás. En la doctrina como en la casuística judicial se ha sostenido que la suspensión es improcedente cuando se está en presencia de actos consumados. Por acto consumado se entiende aquel que se ha realizado total o íntegramente, o sea, que ha conseguido plenamente el objeto para el que fue dictado o ejecutado. Cuando un acto de autoridad contra el que se interpone el juicio de amparo se ha ejecutado en toda su integridad, es evidente que la suspensión contra él es improcedente, ya que ésta no tendría ya materia en qué operar o respecto de la cual surtir efectos. Es decir, cuando un acto se ha realizado totalmente, cuando ya no resta ninguna conducta o actividad por ejecutar, nada es entonces susceptible de suspenderse, es decir, de paralizarse temporalmente. Por tanto, como se dijo, la suspensión es improcedente tratándose de actos consumados, los cuales solamente pueden invalidarse mediante la sentencia constitucional que restituya a la parte quejosa en el goce y disfrute de los derechos objeto de las violaciones cometidas en su detrimento por la autoridad responsable. Ante este panorama, se tiene que en el caso, los efectos y consecuencias derivadas de la orden de inspección extraordinaria descrita en el punto 1 anterior, se consideran consumados para efectos de la suspensión. En efecto, dicha orden fue emitida, de acuerdo con las constancias que aportó la quejosa al presente incidente, en virtud de:TENER CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE PELIGRO O RIESGO INMINENTE DE POSIBLES VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL, QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE QUEJAS O DENUNCIAS RECIBIDAS POR CUALQUIER MEDIO O DIVERSOS MEDIOS, SIENDO EN ESTE CASO UNA DENUNCIA DE CARÁCTER ANÓNIMA RECIBIDA EN ESTA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD LABORAL, SUSTENTADO EN LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA AUTORIDAD DEL TRABAJO CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR DE MANERA PERMANENTE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES, PARA LO CUAL SE CONSTATARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LABORALES EN LAS LEYES INVOCADAS, EN SUS REGLAMENTOS, CONVENIOS Y ACUERDOS , ESPECÍFICAMENTE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO AL " ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR A LA EPIDEMIA POR ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), EMITIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL Y determinó que: se levantará acta circunstanciada con la participación de quienes intervengan en la diligencia, pudiendo manifestar las partes lo que a su derecho convenga, procediendo al cierre, lectura y firma del acta. Mientras que, en cumplimiento de la misma, el inspector levantó el acta de inspección extraordinaria, iniciando a las once horas con treinta minutos el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con el contenido del acta en mención, que fue aportada por el quejoso en su demanda, con lo que queda demostrado que el efecto de la orden de visita ya se ejecutó, es decir, sus efectos se agotaron en su totalidad y no existe ahora acto alguno que realizar como parte de él. En tal virtud, es incuestionable que el acto reclamado, para los efectos de su suspensión, tiene el carácter de consumado y, en consecuencia, la medida cautelar solicitada es improcedente. Ahora, en relación con los actos reclamados consistentes en el acta de visita extraordinaria descrita en el punto 2 anterior, la suspensión debe negarse, pues de concederse la suspensión, se violarían disposiciones de orden público e interés social, lo que está proscrito por el artículo 129, de la Ley de Amparo. Para dar sustento a la anterior determinación, en primer lugar, debe destacarse el contenido del acta de visita extraordinaria reclamada: 1. Se ejecutó en cumplimiento de la orden de visita ya descrita con antelación. 2. Se entendió con Víctor Helay Sony, encargado de la empresa. 3. Luego de asentar la información general del centro de trabajo (domicilio, acta constitutiva, número de trabajadores, proceso productivo), solicitó al encargado de la empresa realizar un recorrido físico por las instalaciones con la finalidad de constatar que la información proporcionada fuera correcta. 4. Se asentó que del recorrido realizado se observaba que el centro de trabajo se encontraba contemplado dentro de las ramas de exclusión que indican los acuerdos en los que se fundamenta la inspección, al tratarse de una actividad no esencial; por lo que, solicitó al representante patronal que suspendiera de manera inmediata las actividades y retirara a la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo. 5. Que el representante patronal accedió a tales medidas. Al presente incidente de suspensión, el quejoso aportó como pruebas: 1. Copia simple de la orden de inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene, de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, con número de asunto STPS-3.1*1S.2/1732/2020-2020. 2. Copia simple del acta de inspección extraordinaria de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, realizada con motivo de la orden señalada en el punto anterior, por Richard Mejía Barrientos, Inspector del Trabajo. 3. Copia simple del contrato de distribución y Comodato suscrito por el quejoso y la empresa Las Cervezas Modelo en Hidalgo, Sociedad Anónima de Capital Variable. 4. Copia simple de una identificación oficial. Ante este panorama, se advierte que para el caso, no es posible conceder la suspensión de los actos reclamados ya que no se cumple con el requisito previsto en el punto d) descrito en el anterior acápite, pues de concederse la suspensión, se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social. En efecto, para efectos de acreditar la solicitud de la medida, se cuenta con el escrito de demanda, en la que el quejoso expresamente solicita que se conceda la suspensión del acto reclamado. En el caso, el acto reclamado permite su paralización, pues a través de él, se ordenó al quejoso la suspensión de las actividades, y por ello, puede paralizarse en sus efectos, a fin de que se permita la venta de los productos que comercializa en ese local. Sin embargo, de concederse la suspensión se contravendría disposiciones de orden público e interés social, puesto que se impediría la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país. En ese sentido, tenemos que, el quejoso acreditó su objeto social, consistente entre otras, en la realización de actividades de compraventa y distribución de productos de la empresa Las Cervezas Modelo en Hidalgo, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues exhibió el contrato de comodato y distribución respectivo. Sin embargo, dichas actividades no cumplen con los fines establecidos en el acuerdo emitido por el Secretario de Salud, en donde se establecieron las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado debían implementar, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. En dicho acuerdo, en su artículo primero, fracción I, se estableció la suspensión inmediata del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus- SARS-CoV2, a fin de disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional. Asimismo, en su fracción II, se establecieron cuáles son las actividades esenciales que debían continuar con sus funciones, entre las que no se encuentran las de compraventa de vinos y licores, así se advierte de su lectura: "a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; b) Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría; [.]" De ahí que, la medida suspensional resulta improcedente toda vez que, de otorgarse contravendría disposiciones del orden público y el interés social, ya que se impediría la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, como se dispone en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a José Asunción Ángeles Hernández, en términos de la consideración cuarta de este fallo.

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