José Aspani Caltum

Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1145/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • José Aspani Caltum

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de veintinueve de octubre del año pasado, para que hicieran manifestación de lo que a su derecho conviene en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en este sumario constitucional, respecto de lo cual no hicieron valer dicha prerrogativa; consecuentemente, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en la sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa -en apoyo a este órgano jurisdiccional-determinó que para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debía realizar lo siguiente: "[- - -] En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***************, para que la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, deje insubsistente la resolución de apelación de tres de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 1840/2019 y en su lugar, con libertad de jurisdicción dicte otra, en la que atienda lo manifestado en la presente resolución, de manera fundada y motivada, en cuanto al porqué considera necesario se recaben mayores medios de prueba que los que ya obran en el expediente de origen, para conocer la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor alimentista y que también dé las razones, motivos y fundamentos del porqué a su consideración es necesario la realización de un estudio socioeconómico a las partes. Sin que en el caso, dicha violación pueda ser reparada por este órgano de control constitucional, pues de hacerlo se substituiría a la responsable al suplir la deficiencia legal del acto reclamado, lo cual no puede ser corregido por potestad del amparo, porque en todo caso debe ser anulado por éste mediante sentencia que conceda la protección constitucional, ya que en ese sentido lo ha definido la jurisprudencia IX.2o.J/14, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Octubre de 1994, publicada en la página 59 del Apéndice 82 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: 'JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACION DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. [.]' Concesión que se hace extensiva al Juzgado Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que deberá estarse a lo que disponga la Cuarta Sala en mención. [- - -]" En la ejecutoria de amparo se determinó -en forma medular- lo siguiente: La sala responsable, al emitir el acto reclamado señaló que era parcialmente fundado uno de los agravios y que para estar en posibilidad de decretar una pensión alimenticia, era indispensable que de manera oficiosa se recabaran los medios probatorios necesarios para saber las necesidades del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor alimentista, entre ellos, un estudio socioeconómico a las partes. Empero, la resolución reclamada no cumple con los extremos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues el tribunal de apelación no expuso las razones y motivos por los cuales considera necesario que de manera oficiosa se recaben medios probatorios necesarios para obtener mayores elementos de prueba y saber las necesidades del acreedor y la capacidad económica del deudor. Lo anterior, puesto que de la interlocutoria de trece de junio de dos mil diecinueve, se advierten diversos medios de prueba consistentes en (i) informe rendido por el Instituto ***************; (ii) carta expedida por el ****************; (iii) carta de la compañía aseguradora, ******************; (iv) informe rendido por la ****************** -del que se observan diversas cuentas bancarias a nombre de ****************, así como las cantidades que contienen las mismas-; (v) informe del Servicio de Administración Tributaria -donde informó los ingresos que declaró anualmente el quejoso en los años dos mil doce a dos mil diecisiete- e (vi) informe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México -del que se aprecian los diversos bienes inmuebles a nombre del impetrante, así como que es accionista de varias empresas-, los cuales fueron tomados en consideración por la juez natural para determinar la capacidad económica del deudor alimentario y con base en ello fijar la pensión alimenticia definitiva en favor de *******************. Sin embargo, la sala responsable al emitir la determinación cuestionada, no dio las razones ni los motivos por los que consideró que se necesitaban mayores medios probatorios que los referidos, para tener conocimiento de las necesidades del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor alimentista, así como las consideraciones precisas del porqué a su criterio las probanzas descritas eran insuficientes para decretar la pensión alimenticia definitiva. Además, tampoco dio las razones ni fundamentos por los cuales a su consideración era necesario llevar a cabo el estudio socioeconómico a las partes, ya que únicamente se constriñó a señalar que se realizara el estudio de mérito para dictar una sentencia "más justa" para las partes. La sentencia de amparo causó ejecutoria en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Así, en oficio con número de registro 9205, la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la determinación de tres de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 1840/2019. Posteriormente, por comunicación registrada con el arábigo 9815, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, a través de la cual -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó sin materia el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de trece de junio de dos mil diecinueve, pronunciada por la Juez Segundo de lo Familiar de esta entidad federativa, en el "incidente relativo a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial", deducido del juicio -ordinario civil, divorcio incausado- seguido por ************* en contra de ***********, expediente 1472/2017 de su registro y dispuso la reposición del procedimiento para el efecto de que se realice a la actora un estudio socioeconómico para conocer sus necesidades alimentarias, así como su entorno social en el que se desenvuelve y demás particularidades que representa la familia a la que pertenece. Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes: Para estar en posibilidad de decretar una pensión alimenticia, es necesario que de manera oficiosa se recaben los medios probatorios encaminados a obtener mayores elementos de prueba, para saber las necesidades alimentarias de la acreedora, ya que únicamente se aportaron notas y tickets de compra de diversas tiendas, las cuales son insuficientes para acreditar dichas necesidades, así como el entorno social en el que se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representan la familia a la que pertenece, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales sino conservar el nivel de vida con base en el status en el que se desenvuelve. De ahí que resulte necesario un estudio socioeconómico a Roth Verónica Débora con el objeto de emitir una resolución "más justa" para los contendientes, con independencia de que la juez pueda ordenar todas las diligencias que sean necesarias para mejor proveer, lo anterior en términos de los artículos 278, 279, 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles para el otrora Distrito Federal hoy Ciudad de México. Ello es así, pues las controversias sobre alimentos, es una cuestión de orden público y de interés social y al no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión alimenticia, el juzgador está obligado a recabar oficiosamente los elementos que le permitan establecer la capacidad económica y el nivel de vida a que se refiere el numeral 311 Ter del Código Civil capitalino. Invocó las jurisprudencias de rubros: "ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL."; "ALIMENTOS. CUANDO NO SE ALLEGARON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES AL JUICIO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE ESE DERECHO O FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR, INCLUSO, LA FALTA DE RECLAMACIÓN DE ESE DERECHO Y LOS ARGUMENTOS QUE TIENDAN A CONSTITUIRLO, ASÍ COMO RECABAR LAS PRUEBAS NECESARIAS AL RESPECTO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS." y "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS)." En relación con el deudor alimentario, *****************, con las pruebas desahogadas consistentes en (i) informe rendido por el *************; (ii) carta expedida por el ********************; (iii) carta de la compañía aseguradora, **************; (iv) informe rendido por la ****************** -del que se observan diversas cuentas bancarias a nombre de **************, así como las cantidades que contienen las mismas-; (v) informe del Servicio de Administración Tributaria -donde informó los ingresos que declaró anualmente el demandado en los años dos mil doce a dos mil diecisiete- e (vi) informe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México -del que se aprecian los diversos bienes inmuebles a nombre del enjuiciado, así como que es accionista de varias empresas-, se acreditó su capacidad económica, por lo que no es necesario que se le realice un estudio socioeconómico. Por su parte, a través del oficio con número de registro 9173, la Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, transcribió el auto de quince de octubre del año pasado, del que se observa que -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- manifestó que se adhería al cumplimiento realizado por el tribunal superior. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que las autoridades responsables acataron la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que las mismas no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó insubsistente la determinación de tres de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 1840/2019 y dictó otra en la que dejó sin materia el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de trece de junio de dos mil diecinueve, pronunciada por la Juez Segundo de lo Familiar de esta entidad federativa, en el "incidente relativo a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial", deducido del juicio -ordinario civil, divorcio incausado- seguido por ************* en contra de ***************, expediente 1472/2017 de su registro y dispuso la reposición del procedimiento para el efecto de que se realice a la actora un estudio socioeconómico para conocer sus necesidades alimentarias, así como su entorno social en el que se desenvuelve y demás particularidades que representa la familia a la que pertenece. De igual manera, la Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, transcribió el auto de quince de octubre del año pasado, del que se observa que -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- manifestó que se adhería al cumplimiento realizado por el tribunal de apelación. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERSADA DE MÉRITO, AUTO DE 29 DE OCTUBRE DE 2020.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, así como a la tercera interesada, con el oficio de cuenta, así como con el diverso registrado con el arábigo nueve mil ciento setenta y tres, signado por el Juez Segundo de lo Familiar de esta entidad federativa, para que en el plazo de TRES DÍAS legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga en cuanto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; en la inteligencia de que agotado el plazo para ello, se determinará lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado digitalmente por **************, autorizado del quejoso, **********, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico a través de los usuarios que proporciona. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º de la Ley de Amparo, 6, 14, 16, 19, 37 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo , se autoriza al ocursante la consulta vía internet del expediente electrónico con los nombres de usuarios ***********, así como la presentación de promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se instruye al secretario del juzgado encargado del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día en que se haga la publicación de este auto, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo 12/2020 y el diverso 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "COVID-19", este asunto se tramitará vía electrónica en las actuaciones y diligencias que así lo permitan. Notifíquese por lista

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