José Ascención Mojica Mendoza

Expediente 965/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
965/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • José Ascención Mojica Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado Federal informa destino de juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional recibió la demanda de amparo y anexos, devueltos por este Juzgado de Distrito, mismos que remitió a Ia Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en aquella ciudad, a fin de que la turnara aleatoriamente como asunto nuevo. Valoración de destino y archivo. Atento a lo anterior, y con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en razón de que: Este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control respectivo y en su oportunidad archívese este expediente.

  2. Principal

    Se solicita información. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que el seis de septiembre de la presente anualidad este Órgano de Control Constitucional, mediante oficio 15077/2023, devolvió la demanda de amparo enviada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, esto es, a través de la mencionada misiva se adjuntó los autos originales del juicio de amparo ************ del índice de este último Juzgado, sin que a la fecha en que se actúa el homólogo federal haya informado la postura que tomó como consecuencia de dicha devolución; corolario de ello, solicítese al multicitado Juzgado de Distrito, de la manera más atenta y de no existir impedimento legal alguno, se sirva comunicar la información a que se ha hecho referencia, fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Cúmplase.

  3. Principal

    Recepción de incompetencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos Poder Judicial del Estado de Guanajuato y otra autoridad, en virtud de en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ********************, del índice de dicho órgano de control constitucional, se ordenó la remisión de aquél libelo constitucional al Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en León, en turno; en atención a ello correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito su recepción. Expediente y registro de demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese con el número ******. Se devuelve demanda y, por ende, no se acepta competencia. Este Juzgado de Distrito estima factible devolver la demanda de amparo enviada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre y, por ende, no aceptar la competencia planteada, en virtud de las consideraciones que enseguida se exponen. Análisis del tema de voluntad para la presentación de la demanda de amparo. La parte quejosa vía electrónica, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede Guanajuato capital, presentó demanda de amparo en la que reclamó: Del Poder Judicial del Estado de Guanajuato: La vulneración a su derecho de petición, con motivo de la falta de respuesta a su escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés. Del Consejo de la Judicatura del Estado de Guanajuato: La respuesta a su escrito de petición de veinte de junio de dos mil veintitrés, emitida por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, mediante oficio ********************, de cinco de julio de dos mil veintitrés, y notificado el siete de agosto pasado. De dicha demanda, por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien la registró bajo el número ********************, y en auto de treinta y uno de agosto pasado, ordenó su envío a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en León. Cierto, del proemio de la demanda de amparo, se obtiene que se señaló "JUEZ DE DISTRITO DE LEÓN, GUANAJUATO, EN TURNO."; empero, esa sola circunstancia (por sí misma) no advierte la voluntad del impetrante de que, precisamente, es su deseo de que el juicio de amparo se substancie ante un Juzgado de Distrito perteneciente a León, Guanajuato, pues exteriorizó actos positivos que clarifican ese aspecto (voluntad) al presentar su demanda ante la Oficina de Correspondencia que sirve en el turno de los asuntos a los Juzgados de Distrito en Guanajuato, Guanajuato. De ahí que, a priori, se deba atender a esa manifestación de la voluntad para dar trámite a su demanda de amparo, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional, para posteriormente analizar los actos reclamados y advertir si se es competente o no conforme a las reglas de competencia (en este caso genérica) que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que, como se preció en líneas precedentes, los actos reclamados (por su naturaleza) no tienen ejecución material; empero, esta premisa habrá de atenderse con mayor ahínco más adelante. Este tema de la voluntad del quejoso para presentar su demanda de amparo, cuando los actos reclamados no tengan ejecución material, y la competencia para conocer de la misma, fue analizado por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2018, el once de marzo de dos mil diecinueve, al establecer las siguientes consideraciones: "(.) Ello, en virtud de que para poder atender debidamente al principio de instancia de parte agraviada, en el que se encuentra implícita, desde luego la voluntad de la parte quejosa, y en específico para poder conocer el lugar en donde dicha quejosa pretendió presentar la demanda, ha de tomarse en consideración, únicamente la manifestación de voluntad que al respecto expresamente realice, pues, por todas las consecuencias de índole jurídico-procesal que ello conlleva además de ser la legitimada para hacerlo, es solamente a dicha parte y no a otra, a quien la norma concede la facultad de decidir el lugar del órgano jurisdiccional que ha de conocer de su demanda de amparo. De modo que al Tribunal de amparo, no le es dable sustituirse a esa manifestación de voluntad, que sólo corresponde, como se ha dicho, a la parte quejosa. Lo anterior desde luego, además, en el entendido de que tal expresión de voluntad, no solamente puede verse reflejada de forma escrita u oral, sino también a través de actos positivos, como ocurre cuando se acude ante determinado lugar a presentar la demanda de amparo. Por otra parte, se estima también inatendible el posicionamiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, con respecto a establecer que para efectos de fijar la competencia, se deba atender al lugar de presentación de la demanda de amparo, que se realizó ante la autoridad responsable. Posicionamiento que, como se verá, soslaya la literalidad del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.) "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En efecto, como puede advertirse de la lectura al artículo en cita, en la parte que se menciona, la norma prevé que para efectos de la fijación de la competencia, con respecto de actos que no requieran ejecución material, que es el supuesto del que se parte, es competente "... el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo ..."; esto es, la norma no alude a una autoridad responsable, sino expresamente a un Juez de Distrito, lo cual tiene sentido, si se parte de que el conocimiento de una demanda de amparo indirecto, por antonomasia corresponde a un Juzgado de Distrito; hecha excepción de algún otro supuesto, que no es el caso mencionar. (.) En ese orden de ideas, cuando la parte quejosa presenta su demanda, obligada por el artículo 176 de la Ley de Amparo, ante la autoridad responsable, no actúa de manera libre en ese aspecto y, por tanto, está fuera del contexto legal del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que, por el contrario, según se ha visto, le concede toda la libertad de presentarla ante el juzgado de su intención. Esto evidentemente debe entenderse cuando el quejoso no tiene ninguna limitante para hacerlo; lo que no ocurre como es conocido, en aquellos "casos frontera", en los que la experiencia demuestra que no es fácil determinar, si una resolución que se señale como acto reclamado, constituya o no una resolución que ponga fin al juicio, y por ende susceptible de ser impugnada, a través del juicio de amparo directo, sin acudir a varios métodos de interpretación jurídica, a efecto de estar en condiciones de decidir si el asunto que se plantea debe tramitarse o no como amparo directo. De lo que se colige entonces que la presentación de la demanda de amparo, en la vía directa, ante la autoridad responsable, no puede ser indicativo de que sea la intención de la parte quejosa, para que conozca, en su caso, un Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de ubicación de la autoridad responsable. Es decir, la voluntad viciada por algún error o condicionada por cualquier circunstancia, no es voluntad, y la acción de presentar una demanda de amparo, sin que alguna norma establezca directrices del destinatario de esa presentación, entraña necesariamente un aspecto volitivo del promovente, que precisa estar desprovisto de error o condicionamiento alguno. Hasta aquí las razones por las que no se comparten las aludidas posturas de ambos Tribunales Colegiados de Circuito. Establecido lo anterior, conviene dar contestación a la pregunta detonante: cuando el quejoso promovió un amparo directo respecto de un acto carente de ejecución, pero el Tribunal Colegiado de Circuito al que le corresponde conocer estima que se trata de un amparo indirecto ¿cómo ha de procederse para establecer un órgano jurisdiccional destinatario, atendiendo el tercer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo? Y, si en su oportunidad ello no fue dilucidado en su momento por el Tribunal Colegiado de Circuito al declarar su incompetencia legal [cambio de vía], surge entonces otro cuestionamiento que igualmente deberá contestarse: ¿Cómo se ha de actuar, ante un conflicto competencial entre Jueces de Distrito, derivado de un cambio de vía, cuando el acto reclamado carezca de ejecución, y se desconozca cuál es la voluntad del quejoso en cuanto al Juzgado de Distrito al que desea fincarle competencia? Cuestionamientos a los que resulta imperativo dar contestación sin soslayar, evidentemente, el principio de debido acceso a la administración de justicia, que proclama el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el entendido de que la norma relativa (artículo 37 de la Ley de Amparo), privilegia la voluntad del quejoso a elegir el juzgado ante quien se ha de sustanciar el juicio de amparo. En cuanto al primero de los supuestos mencionados (el relativo al cambio de vía), deben hacerse las siguientes consideraciones: El artículo 45 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 45. Cuando se reciba en un Tribunal Colegiado de Circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta ley." Como puede apreciarse de la lectura al citado artículo 45 de la Ley de Amparo, éste resulta enfático en cuanto a señalar que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito recibe una demanda de amparo, que deba tramitarse por la vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Es aquí donde se presenta la problemática para el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de una demanda de amparo en donde se haya errado en la vía y el acto reclamado carezca de ejecución, pues la interrogante que surge es, a cuál juzgado debe remitir la demanda por considerarlo el competente; si como se ha precisado, no es posible en las condiciones indicadas, conocer cuál es la voluntad de la parte quejosa, por haberse visto condicionada en un principio por la norma que imperativamente lo hizo presentar dicha demanda ante la autoridad responsable (ello por error de la vía elegida). Tema el cual es de suma importancia, puesto que, de acuerdo al ya transcrito artículo 45, de la Ley de Amparo, una vez detectada la equivocación de vía y hecha tal declaración, el Tribunal Colegiado de Circuito ya no puede seguir actuando, descartándose así para dicho órgano colegiado, la posibilidad de investigar mediante formal requerimiento, la voluntad del quejoso en cuanto a la elección del Juez de Distrito destinatario de la demanda, pues ante el error de vía, técnicamente no puede únicamente anunciarse, posteriormente hacer tal requerimiento con la prevención relativa y luego, mediante auto plenario o en sesión, formalizar esa declaración de improcedencia de la vía; sino que al detectar esa irregularidad, así se debe declarar, y tal declaración, ya sea mediante auto plenario o sesión, agota la jurisdicción del órgano colegiado y sobrevendría la incertidumbre del lugar al que debería remitirse el asunto para su resolución en la vía indirecta. Así, al carecer el Tribunal Colegiado de Circuito de jurisdicción para seguir actuando, lo único que válidamente puede hacer es remitir el asunto a un Juzgado de Distrito, quien cuenta con potestad para conocer del juicio de amparo indirecto, para que sea éste quien, en su caso, realice el requerimiento que se menciona. Lo anterior, por razones de orden práctico y en una labor integradora de la norma, ante la ausencia de regulación expresa a ese respecto, tanto en la ley vigente, como en la jurisprudencia aplicable. Como consecuencia de lo anterior, se derivan otros sub-temas y cuestionamientos a resolver, relativos a establecer: ¿De qué demarcación territorial será el Juzgado de Distrito al que debe mandarse el asunto, para que formule el requerimiento de marras? Y: ¿Qué apercibimiento debe formular, para el caso de que no se desahogue tal requerimiento? Para de ello establecer el Juzgado de Distrito que por razón de territorio, ha de conocer del asunto. (.) Primeramente para definir el juzgado al que deba encargarse la formulación del requerimiento, se debe atender a lo que legalmente impone el artículo 176 de la Ley de Amparo, pues fundadamente se presume que el quejoso, con motivo de su error al escoger la vía que intentaría, ya avizoraba atender su asunto en el asiento territorial de la autoridad responsable, coincidente con el del órgano colegiado de amparo, ello mediante el señalamiento de un domicilio para oír y recibir notificaciones en ese lugar o asumiendo la obligación de atender las listas o estrados que al igual se encuentran en ese sitio. Por ello, en atención al artículo 17 constitucional, el Juez de Distrito con competencia en el asiento de la autoridad responsable, es quien, por dar simplicidad al trámite, debe generar las condiciones para que se esclarezca la voluntad del quejoso (inicialmente viciada por error en la selección de la vía), en cuanto al lugar donde es su voluntad se tramite el juicio de amparo en la vía indirecta y luego de conocida esa voluntad, el Juzgado de Distrito, según corresponda, deberá conservar o remitir el asunto, para la debida prosecución del juicio.(5) Esta línea de pensamiento lleva a establecer que, entonces, el apercibimiento que el Juez imponga en el requerimiento relativo, debe ser en el sentido de que la falta de desahogo o de contestación al requerimiento, conlleva la consecuencia de que el juicio se continuará hasta su legal conclusión, ante ese mismo juzgado, se insiste, en aras de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 constitucional.(6) (.)". Lo resaltado es propio de este Juzgado. Como se observa, el Pleno en Materia Penal de este circuito judicial, en la ejecutoria que se transcribe, analizó el tema de la competencia por razón de territorio de un Juzgado de Distrito para conocer de una demanda de amparo primeramente presentada por la vía directa y que ha sido reencausada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el que se señalen como actos reclamados actos que no tienen ejecución material. Cierto es, en el presente asunto no nos encontramos en el reencauzamiento de vía (amparo directo a amparo indirecto); sin embargo, en lo que interesa en primer plano, es el análisis realizado por el mencionado Pleno con relación al tópico de la voluntad del quejoso, bajo las siguientes premisas: La voluntad se encuentra inmersa al principio de instancia de parte agraviada. El tribunal de amparo no puede sustituirse en la manifestación de la voluntad del quejoso, pues sólo corresponde a este último. La voluntad no puede verse reflejada solamente en la forma escrita y oral, sino también a través de actos positivos, como ocurre cuando se acude a determinado lugar a presentar la demanda de amparo. Así las cosas, respetuosamente no se comparte el criterio adoptado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, en auto de treinta y uno de agosto pasado, dictado en el juicio de amparo ********************, de su estadística, pues resulta evidente que, aun y cuando el ocursante haya asentado juez de Distrito en turno en León, Guanajuato, verídico resulta que (tal y como se advierte en la ejecutoria que antecede) el impetrante exteriorizó su voluntad de que el juicio de amparo ********************, formado con motivo de su demanda, fuera tramitado y resuelto por aquél Juzgado de Distrito, tan es así que ante la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio fue que presentó su libelo constitucional. Dicha presentación, resulta ser un acto positivo que da lugar a resolver válidamente cuál es la voluntad del quejoso en torno a la substanciación del sumario constitucional; voluntad la cual no puede ser sustituida por el Tribunal de amparo, máxime que los actos reclamados (por su naturaleza) no tienen ejecución material. Compartiendo el criterio adoptado por el Pleno en Materia Penal de este circuito judicial, para advertir plenamente cuál es la voluntad del quejoso en torno a la presentación de la demanda de amparo y posterior trámite, era necesario que el Juzgado de Distrito oficiante requiriera al promovente para que éste dilucidara tal interrogante y, así, estar en aptitud de proveer (en su caso) respecto de una eventual incompetencia legal. Circunstancia que no ocurrió en el presente caso. Corolario de lo anterior, es que en atención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea competente para conocer de la demanda de amparo el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, debido a que (siguiendo la línea de pensamiento del Pleno multireferido) éste tiene asiento en el lugar donde radican las autoridades responsables, de ahí que para dar simplicidad al trámite, es quien debió generar las condiciones para que se esclarezca la voluntad del quejoso, en cuanto al lugar donde desea que se tramite el juicio de amparo para, después de conocer esa voluntad, conservar o remitir el asunto para su prosecución. En consecuencia, es que este Juzgado de Distrito estima necesario devolver la demanda de amparo y, por ello, no aceptar la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital. Es menester resaltar que de la contradicción de criterios apuntada, derivaron las jurisprudencias de rubros: "CONFLICTO COMPETENCIAL INEXISTENTE. DEBE DECLARARLO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCIÓN Y DEERIVE DE UN CAMBIO DE VÍA DIRECTA A INDIRECTA, SI PREVIAMENTE NO SE REQUIRIÓ AL QUEJOSO PARA DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO." "AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. UNA VEZ REENCAUSADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO REQUERIR AL QUEJOSO Y DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO CUANDO EL ACTO RECLAMDO CAREZCA DE EJECUCIÓN." Lo subrayado no es de origen. Naturaleza de los actos reclamados, para fijar competencia. Analizado el aspecto volitivo, como elemento fundamental para establecer competencia, resulta imperativo advertir que (de la precisión de los actos reclamados con antelación) la naturaleza de las actuaciones imputadas a las potestades responsables (falta de respuesta y contestación a su escrito de petición, respectivamente) no cuentan con ejecución material, lo que robustece la decisión de devolver la demanda de amparo y, por ello, no aceptar la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre. El artículo 37 de la Ley de Amparo, literalmente aduce: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Lo resaltado es de este Juzgado. De dicho artículo se advierten los supuestos genéricos para fijar competencia a un Juzgado de Distrito, para el conocimiento de los juicios de amparo. El párrafo tercero de dicho arábigo, señala que cuando los actos reclamados (como en el caso) no tengan ejecución material será competente el juez de Distrito al que se haya presentado la demanda. Luego entonces, este párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, tiene estrecha relación con el tópico de voluntad previamente analizado; de ahí que al no contar con ejecución material, los actos reclamados a las potestades señaladas como responsables deben ser estudiados por el Juzgado de Distrito oficiante, y no por este órgano de control constitucional. En atención, además, a la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 389/2013, con número de registro 2006529, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción IV constitucionales, 1° fracción I, 37, 107 de la ley de la materia y 51 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste órgano estima necesario devolver la demanda de amparo de mérito y sus anexos, teniendo como consecuencia la no aceptación de la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para los efectos legales a que haya lugar. Intégrese en este juzgado el cuaderno de antecedentes correspondiente. IV. Autorizados, acceso a expediente electrónico y realización de notificaciones electrónicas. Se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a las personas que menciona el quejoso, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona ********************, se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario referido. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos en los términos anteriormente apuntados. Por otra parte, se le tiene proporcionando correo electrónico y números telefónicos, a fin de establecer comunicaciones no oficiales. V. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano