José Ascención Casillas Ibarra
Expediente 1173/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/10/2019
Partes del expediente
- José Ascención Casillas Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 65 a 67), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad (foja 68), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 30 a 45), se determinó por una parte sobreseer el juicio y por otra conceder al quejoso José Asención Casillas Ibarra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 24, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén respectivamente, el pago de refrendo por el permiso de venta de cerveza en restaurante y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en la constancia de pago exhibida por las autoridades de referencia en su informe justificado, cuyo pago fue realizado el tres de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, a través del oficio DCJ/2942/2019 de diecinueve de agosto de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 65 a 67), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque generado a nombre del quejoso y acredita la entrega del mismo y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, si tenemos que el monto de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de mayo de dos mil diecinueve y el siete de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril del año en curso a julio de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de marzo del año en curso y junio del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año en curso fue de 103.476; y para el mes de junio de 103.299. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,313.04 (nueve mil trescientos trece 04/100 moneda nacional) se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 65 a 67), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad (foja 68), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 30 a 45), se determinó por una parte sobreseer el juicio y por otra conceder al quejoso José Asención Casillas Ibarra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 24, fracción XIX, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén respectivamente, el pago de refrendo por el permiso de venta de cerveza en restaurante y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en la constancia de pago exhibida por las autoridades de referencia en su informe justificado, cuyo pago fue realizado el tres de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, a través del oficio DCJ/2942/2019 de diecinueve de agosto de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, al día siguiente (fojas 65 a 67), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque generado a nombre del quejoso y acredita la entrega del mismo y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, si tenemos que el monto de $9,313.04 (nueve mil trescientos trece pesos 04/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de mayo de dos mil diecinueve y el siete de agosto de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril del año en curso a julio de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de marzo del año en curso y junio del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del año en curso fue de 103.476; y para el mes de junio de 103.299. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,313.04 (nueve mil trescientos trece 04/100 moneda nacional) se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la resolución emitida el dieciocho de julio del año en curso, derivado del amparo en revisión 201/2018, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que confirmó la sentencia pronunciada el quince de enero de dos mil dieciocho (fojas 147 a 154), la que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Bernardo Neyra Zarraga, en su carácter de apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de los actos reclamados al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 55 a 60, del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. En otro orden de ideas, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en dos legajos al Juez responsable. Finalmente, agréguese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la remisión del recurso de revisión.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo que acompaña, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
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