José Arturo Villaseñor Gómez
Expediente 348/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Arturo Villaseñor Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de julio de este año, en el que se determinó imposible el cumplimiento del fallo protector en razón de que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia, el cual transcurrió del quince de julio al dos de agosto del presente año, sin que interpusieran el referido recurso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que califique dicha determinación en razón de que se está ante un supuesto en el cual no existe materia para la ejecución, ello es así, pues la parte actora desistió del embargo realizado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, diligencia que dio motivo al recurso de revisión de actos promovido por la demandada -aquí quejosa-, por lo que, la Junta responsable consideró innecesario dictar sentencia a dicho recurso por haber quedado sin materia. En ese tenor, el artículo 214 de la Ley de Amparo, faculta para poder archivarse el juicio de amparo, sin que se haya cumplido con la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determina por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Bajo ese contexto, se advierte que en el presente caso, no se actualiza el supuesto de imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento de la sentencia de amparo que establece el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, sino más bien, que dejó de existir la materia para la ejecución en términos del artículo 214 de la ley de la materia. Lo anterior es así, por las siguientes razones: Con relación a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 127/2017, en sesión de cuatro de octubre de dos mil diecisiete , consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Que por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, concluyó el Máximo Tribunal del País que la ley prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) la imposibilidad material o jurídica; y, 2) la inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo). En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo). Con base en esas precisiones, en el caso dejó de existir la materia para su ejecución. En efecto, de las constancias de autos se advierte que: 1. Mediante sentencia de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 41a 46), por una parte se sobreseyó el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante de amparo JOSÉ ARTURO VILLASEÑOR GÓMEZ, para el efecto de dictar resolución interlocutoria respecto de la revisión planteada por la contraparte en juicio laboral. 2. En auto de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de la Amparo se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (fojas 52 y 53). 3. La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante oficio JV-683/2019, presentado antes la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinte de junio del presente año, con motivo del requerimiento de referencia, informó lo siguiente: Que en el expediente laboral 5B-3301/2014, por auto de treinta de mayo de este año, se tuvo a la parte actora desistiendo del embargo realizado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, diligencia que dio motivo al recurso de revisión de actos promovido por la demandada; consecuentemente, consideró innecesario dictar sentencia a dicho recurso por haber quedado sin materia. (Foja 55 a 61). Lo relacionado evidencia que, en el caso, se actualiza el supuesto de inexistencia de la materia para la ejecución de la sentencia, lo cual no es posible en razón de que al haber declarado la responsable innecesario dictar resolución en el recurso de revisión de actos promovido por la demandada en el juicio de origen, al no existir materia debido al desistimiento en el embargo realizado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, ya no surten efectos respecto de la quejosa. Pues a nada práctico conduciría el ordenar que se dicte resolución interlocutoria respecto de la revisión planteada por la contraparte en juicio laboral, al no existir materia que resolver dentro del referido recurso por desistimiento en el embargo realizado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Sin que deba considerarse que en la especie se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a una imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino más bien, que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia, en términos del artículo 214 de dicha ley. No resulta óbice, la jurisprudencia por contradicción sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, de la Décima Época, visible en la página 274, con número de registro 2017828, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." En razón de que este criterio resulta aplicable por analogía, en los supuestos cuando se determine que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la sentencia en términos del segundo y último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En ese tenor, al no existir materia para la ejecución, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Asimismo, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. ...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese oficio número JV-683/2019 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y adjunta las constancias que lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictará la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de dieciséis de mayo del año en curso, en el que por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Arturo Villaseñor Gómez; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación a los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio es decir: ". SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales del quejoso, precisadas en el considerado que antecede, se traducen en la concesión del amparo solicitado. Por tanto, a fin de restituirlo en el goce de los mismos, la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá realizar lo siguiente: Único. De inmediato dicte la resolución que resuelva la revisión de los actos de ejecución promovido dentro del juicio laboral 5B-3301/2014, con lo cual se respetará el derecho que a su favor prevé el artículo 17 constitucional.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el precepto 267, fracción I, de la ley de la materia. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, atento a que los tribunales laborales no tienen superior jerárquico para el efecto del cumplimiento de las sentencias de amparo, por tratarse de un órgano autónomo, motivo por el cual se apercibe a dicha autoridad a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por..., contra el acto y autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a..., contra el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo del presente fallo, para los efectos señalados en el último.
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