Jose Arturo Sulub Raz
Expediente 813/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Arturo Sulub Raz
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurrido los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al posible valor jurídico del presente expediente, se hace el señalamiento de que no lo tiene. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán y anexos que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el informe justificado a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el aquí quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de dictar las medidas de protección en el expediente número 600/2017, relativo al Procedimiento Ordinario Oral Familiar que promovió en contra de Wendy del Socorro Sánchez Maldonado, del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. En consecuencia, del análisis de las constancias que se anexan, en relación con dicho acto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama a la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán, la omisión de dictar las medidas de protección dentro del juicio Ordinario Oral Familiar que promovio y al cual le recayó el número 600/2017. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez responsable se advierte que con fecha siete de julio del año en curso, se dictó el acuerdo correspondiente a las medidas de protección que solicitó al momento de promover el Juicio Ordinario Oral Familiar número 600/2017, dictados por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, tal y como se advierte a (foja 30) del cuaderno de amparo. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la Juez responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente 600/2017 de origen, se emitió un acuerdo en relación a las medidas de protección, solicitadas por el aquí quejoso y cuya omisión reclamó, mismo acuerdo que ya fue hecho de su conocimiento, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el doce de julio del año en curso, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del diez de agosto del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
IV. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán y anexos que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el informe justificado a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el aquí quejoso reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de dictar las medidas de protección en el expediente número 600/2017, relativo al Procedimiento Ordinario Oral Familiar que promovió en contra de Wendy del Socorro Sánchez Maldonado, del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. En consecuencia, del análisis de las constancias que se anexan, en relación con dicho acto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama a la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán, la omisión de dictar las medidas de protección dentro del juicio Ordinario Oral Familiar que promovio y al cual le recayó el número 600/2017. Ahora bien, de las constancias que remitió la Juez responsable se advierte que con fecha siete de julio del año en curso, se dictó el acuerdo correspondiente a las medidas de protección que solicitó al momento de promover el Juicio Ordinario Oral Familiar número 600/2017, dictados por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, tal y como se advierte a (foja 30) del cuaderno de amparo. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la Juez responsable, al haberse demostrado que en autos del expediente 600/2017 de origen, se emitió un acuerdo en relación a las medidas de protección, solicitadas por el aquí quejoso y cuya omisión reclamó, mismo acuerdo que ya fue hecho de su conocimiento, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el doce de julio del año en curso, tal y como se advierte de las propias constancias que remitió la responsable en vía de justificación de sus actos; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del diez de agosto del año en curso. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Ligia Linda Martín Várguez, autorizada del quejoso, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintiséis de junio del año en curso, e interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada en este juicio de amparo el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en los artículos 82, 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del referido escrito de expresión de agravios a las autoridades responsables; hecho que sea lo anterior; remítase el original del juicio de amparo en que se actúa y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que la Superioridad estime procedente acordar. Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Luis Alberto Zaval Jiménez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintiuno de junio del año en curso. Ahora, toda vez que el quejoso no señaló las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada que resolverá el recurso, con apoyo en el numeral 100 de la Ley de Amparo prevéngase a la parte recurrente que en el término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale las constancias destacadas en líneas precedentes; apercibida que de no hacerlo, este Juzgador remitirá a la Alzada las que estime pertinentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, notifíquese a las demás partes la interposición del aludido recurso, y prevéngaseles para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen las constancias que en copias certificadas deberán remitirse a la Superioridad a efecto de que resuelva lo conducente. Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo que antecede, para la sustanciación del recurso de mérito, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el original del escrito de interposición y expresión de agravios y copia simple de éste, así como copia certificada del proveído recurrido, el informe materia de la queja y las que se consideren pertinentes.
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