José Arturo Saucedo
Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Arturo Saucedo
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de julio de dos mil veintitrés. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio derivado del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 518/2023, de donde deriva el presente cuaderno; circunstancia de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de julio de dos mil veintitrés. ESCRITO PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el peticionario del amparo José Arturo Saucedo, por medio del cual y en atención a la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, declinada por este Juzgado de Distrito, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, así como autorizado para tal efecto. PRECISIÓN. Ahora, de una información obtenida del Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el juicio de amparo******************** del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, se turnó al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mismo que quedó registrado con el consecutivo ********************. SE REMITE ESCRITO. En consecuencia, mediante el oficio respectivo, remítase el escrito de cuenta al referido órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar, previa copia simple que del mismo se deje glosado en autos para constancia. NOTIFÍQUESE: MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD QUE SE INDICA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Arturo Saucedo, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 518/2023-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que la parte quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 3.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como tales señalo, por un lado, a las siguientes autoridades: a). SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en las instalaciones que ocupa en la ciudad de Morelia Michoacán, concretamente en calle Teodoro Gamero número 165 ciento sesenta y cinco, colonia Sentimientos de la Nación. b) SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio bien conocido en las instalaciones oficiales que ocupa en la ciudad de Morelia Michoacán, sito en Calzada Ventura Puente número 112 ciento doce, colonia Chapultepec Norte. Con la aclaración que quedan aquí comprendidas también la Dirección de Operación de Fondos y Valores, así como la Dirección de Programación y Presupuesto, toda vez que, si bien también figuran como vinculadas al cumplimiento, empero dependen directamente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ya indicada. Y, POR EL OTRO LADO, con dicho carácter también señalo al PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, integrado por los CC. MAGISTRADOS LIZZET PUEBLA SOLÓRZANO, HUGO ALBERTO GAMA CORIA Y J. JESÚS SIERRA ARIAS, según consta en la propia resolución que constituye el acto reclamado destacado; con domicilio bien conocido en las instalaciones oficiales que albergan dicho Órgano Jurisdiccional en Morelia, Michoacán, y que lo es en la Avenida Francisco I. Madero Poniente número 1622 mil seiscientos veintidós. 4.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituyen, respecto de las autoridades indicadas en los incisos a) y b) del apartado anterior, en la omisión reiterada de su parte para dar TOTAL cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número JA-829/2014-III, relativo al JUICIO DE NULIDAD Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovido por el suscrito JOSÉ ARTURO SAUCEDO frente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, quienes a pesar de haber sido requeridos en múltiples ocasiones para ello por parte de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, únicamente realizaron en fecha 14 catorce de agosto del 2018 dos mil dieciocho un pago parcial equivalente a $138,382.04 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.), habiendo de igual manera actualizado el resto de los haberes dejados de percibir hasta ese momento por el suscrito actor con motivo del acto anulado, desde el 14 catorce de octubre del 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de mayo del 2018 dos mil dieciocho, por la suma de $459,761.24 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.), obligándose a pagarla en breve, sin que hasta este momento hayan cubierto la suma relativa, como tampoco las prestaciones laborales reclamadas (aguinaldo, vacaciones, etcétera), tal como les fue ordenado en la propia sentencia, siendo tal omisión la que se les reclama en este juicio. Mientras que, respecto del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, funcionando en pleno, lo constituye la resolución de fecha 24 veinticuatro de mayo del 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del RECURSO DE QUEJA interpuesto por el suscrito en mi carácter de parte actora en contra de la omisión por parte de la autoridad demandada y demás vinculadas al cumplimiento, y mediante la cual dicho Órgano Jurisdiccional responsable declaró improcedente dicho recurso de queja, convalidando de esa manera la contumacia de aquellas autoridades obligadas y vinculadas al cumplimiento, evitando con ello hacer cumplir la sentencia dictada, cuidando que la misma fuera ejecutada en su totalidad, sin excesos ni defectos". INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. Ahora bien, el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y se considera que le corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, por las siguientes razones. Ahora, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. Al respecto, se tiene que la parte promovente reclama de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Secretaría de Finanzas y Administración, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, la omisión para dar total cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esa ciudad, en atención a que únicamente han realizado el pago parcial de lo condenado en dicho juicio, por el equivalente a la cantidad de $138,382.04 (ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional). Asimismo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja interpuesto en contra de dicha omisión de las autoridades señaladas como responsables y demás vinculadas en su cumplimiento, en que se declaró improcedente tal medio de impugnación. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como declarativos, esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un no hacer de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, dar total cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto omisivo en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, dentro del trámite del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, promovido por el peticionario del amparo, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión para dar total cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esa ciudad, en atención a que únicamente han realizado el pago parcial de lo condenado en dicho juicio, por el equivalente a la cantidad de $138,382.04 (ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional), así como la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja interpuesto en contra de dicha omisión de las autoridades señaladas como responsables y demás vinculadas en su cumplimiento, en que se declaró improcedente tal medio de impugnación, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; lo cierto, es que ese no hacer tiene efectos positivos, toda vez que mientras las autoridades responsables continúen con la omisión que se les impugna, ineludiblemente provocan que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante. De modo que, al establecerse que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tales actos conlleven un principio de ejecución, ya de que de esa manera, se materializan los efectos positivos que tiene la omisión que ha sido apuntada. Máxime, que de las documentales que anexó la parte quejosa, a su escrito inicial de demanda, se advierte que el diez de agosto de dos mil dieciocho, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Nómina, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, fue expedido por la institución financiera Banco del Bajío de esa ciudad, el cheque número 0019863, valioso por la cantidad de $138,382.04 (ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional), la cual corresponde al pago parcial de la cantidad condenada en la sentencia de los autos de origen; documento mercantil que fue recibido por la parte quejosa, en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante comparecencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; se ilustra: Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades responsables a las que se les atribuye los actos reclamados y no el que resida en donde el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), con número de registro 160608, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En ese tenor, no representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Cupatitzio, número 25, interior 304, colonia Centro, de esta ciudad, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente a la carpeta de investigación, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar que se señale para oír y recibir notificaciones, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene por objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Puente Grande, Jalisco, por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 518/2023-IV, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, solicítese al homologo el acuse de recibo. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. En ese orden de ideas, como se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado calle Cupatitzio, número 25, interior 304, colonia Centro, de esta ciudad; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que se constituya en el referido domicilio y le notifique al peticionario del amparo, la presente determinación. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el presente proveído a la persona indicada. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por José Arturo Saucedo, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 518/2023-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asuntos, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que la parte quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "3.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como tales señalo, por un lado, a las siguientes autoridades: a). SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, con domicilio oficial bien conocido en las instalaciones que ocupa en la ciudad de Morelia Michoacán, concretamente en calle Teodoro Gamero número 165 ciento sesenta y cinco, colonia Sentimientos de la Nación. b) SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio bien conocido en las instalaciones oficiales que ocupa en la ciudad de Morelia Michoacán, sito en Calzada Ventura Puente número 112 ciento doce, colonia Chapultepec Norte. Con la aclaración que quedan aquí comprendidas también la Dirección de Operación de Fondos y Valores, así como la Dirección de Programación y Presupuesto, toda vez que, si bien también figuran como vinculadas al cumplimiento, empero dependen directamente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ya indicada. Y, POR EL OTRO LADO, con dicho carácter también señalo al PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, integrado por los CC. MAGISTRADOS LIZZET PUEBLA SOLÓRZANO, HUGO ALBERTO GAMA CORIA Y J. JESÚS SIERRA ARIAS, según consta en la propia resolución que constituye el acto reclamado destacado; con domicilio bien conocido en las instalaciones oficiales que albergan dicho Órgano Jurisdiccional en Morelia, Michoacán, y que lo es en la Avenida Francisco I. Madero Poniente número 1622 mil seiscientos veintidós". "4.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituyen, respecto de las autoridades indicadas en los incisos a) y b) del apartado anterior, en la omisión reiterada de su parte para dar TOTAL cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número JA-829/2014-III, relativo al JUICIO DE NULIDAD Y PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovido por el suscrito JOSÉ ARTURO SAUCEDO frente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, quienes a pesar de haber sido requeridos en múltiples ocasiones para ello por parte de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, únicamente realizaron en fecha 14 catorce de agosto del 2018 dos mil dieciocho un pago parcial equivalente a $138,382.04 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.), habiendo de igual manera actualizado el resto de los haberes dejados de percibir hasta ese momento por el suscrito actor con motivo del acto anulado, desde el 14 catorce de octubre del 2015 dos mil quince al 31 treinta y uno de mayo del 2018 dos mil dieciocho, por la suma de $459,761.24 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.), obligándose a pagarla en breve, sin que hasta este momento hayan cubierto la suma relativa, como tampoco las prestaciones laborales reclamadas (aguinaldo, vacaciones, etcétera), tal como les fue ordenado en la propia sentencia, siendo tal omisión la que se les reclama en este juicio. Mientras que, respecto del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, funcionando en pleno, lo constituye la resolución de fecha 24 veinticuatro de mayo del 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del RECURSO DE QUEJA interpuesto por el suscrito en mi carácter de parte actora en contra de la omisión por parte de la autoridad demandada y demás vinculadas al cumplimiento, y mediante la cual dicho Órgano Jurisdiccional responsable declaró improcedente dicho recurso de queja, convalidando de esa manera la contumacia de aquellas autoridades obligadas y vinculadas al cumplimiento, evitando con ello hacer cumplir la sentencia dictada, cuidando que la misma fuera ejecutada en su totalidad, sin excesos ni defectos". INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora bien, el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y se considera que le corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, por las siguientes razones. Ahora, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. Al respecto, se tiene que la parte promovente reclama de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la Secretaría de Finanzas y Administración, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, la omisión para dar total cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esa ciudad, en atención a que únicamente han realizado el pago parcial de lo condenado en dicho juicio, por el equivalente a la cantidad de $138,382.04 (ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional). Asimismo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja interpuesto en contra de dicha omisión de las autoridades señaladas como responsables y demás vinculadas en su cumplimiento, en que se declaró improcedente tal medio de impugnación. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, dar total cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto omisivo en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se plantean los actos reclamados en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, dentro del trámite del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, promovido por el peticionario del amparo, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión para dar total cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad y pago de daños y perjuicios JA-829/2014-III, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esa ciudad, en atención a que únicamente han realizado el pago parcial de lo condenado en dicho juicio, por el equivalente a la cantidad de $138,382.04 (ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional), así como la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja interpuesto en contra de dicha omisión de las autoridades señaladas como responsables y demás vinculadas en su cumplimiento, en que se declaró improcedente tal medio de impugnación, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras las autoridades responsables continúen con la omisión que se les impugna, ineludiblemente provocan que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante. De modo que, al establecerse que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tales actos conlleven un principio de ejecución, ya de que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión que ha sido apuntada. Máxime, que de las documentales que anexó la parte quejosa, a su escrito inicial de demanda, se advierte que el diez de agosto de dos mil dieciocho, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Nómina, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, fue expedido por la institución financiera Banco del Bajío de esa ciudad, el cheque número 0019863, valioso por la cantidad de $138,382.04 (ciento treinta y ocho mil trescientos ochenta y dos pesos 04/100 moneda nacional), la cual corresponde al pago parcial de la cantidad condenada en la sentencia de los autos de origen; documento mercantil que fue recibido por la parte quejosa, en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante comparecencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; se ilustra: Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades responsables a las que se les atribuye los actos reclamados y no el que resida en donde el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), con número de registro 160608, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En ese tenor, no representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Cupatitzio, número 25, interior 304, colonia Centro, de esta ciudad, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente a la carpeta de investigación, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar que se señale para oír y recibir notificaciones, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene por objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Puente Grande, Jalisco, por tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 518/2023-IV, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, solicítese al homologo el acuse de recibo. NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA. En ese orden de ideas, como se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado calle Cupatitzio, número 25, interior 304, colonia Centro, de esta ciudad; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que se constituya en el referido domicilio y le notifique al peticionario del amparo, la presente determinación. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica el presente proveído a la persona indicada. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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