José Arturo Sandoval Rodríguez

Expediente 1437/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1437/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • José Arturo Sandoval Rodríguez
  • JOSÉ ARTURO SANDOVAL RODRÍGUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las demandas de amparo promovidas por José Arturo Sandoval Rodríguez, Gloria Beltrán de Martínez y Guadalupe Peraire Laroca, se advierte que en esencia señalan como acto reclamado el siguiente: ".A) Del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la emisión de los autos de fechas veinte, veintitrés y veinticinco todos del mes de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio sucesorio a bienes de Gloria Basurto Carrasco, sustanciado bajo el número de expediente 1481/2016, mediante los cuales solicita al ahora quejoso que dentro del plazo de cinco días informe sobre la posesión que tiene del local en mención, acreditando con documentación fehaciente de la posesión y los recibos de pago correspondientes del mes de julio de dos mil dieciséis a septiembre del año en curso, apercibido que de no cumplir será acreedor a una medida de apremio que señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.". Asimismo, señalan como autoridades responsables al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Por lo tanto, en atención a la identidad de autoridades responsables y de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su acumulación de oficio, a fin de evitar resoluciones contradictorias. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) emitida en la Décima Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1437/2019 y sus acumulados 1438/2019 y 1439/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo planteada, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a dicho principio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De la fracción XXIII, del citado artículo 61, se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento, de forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII, del artículo 61, en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en el artículo 5º de la propia ley, en cuanto dispone que la norma, acto u omisión que reclame el quejoso debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, los juicios de amparo resultan improcedente en contra de los apercibimientos de multa, en virtud de que dicho acto no produce una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto. En efecto, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa a los impetrantes, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y contenido : "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En el caso concreto, en esencia, lo que reclaman los quejosos son los autos de veinte, veintitrés y veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictados dentro del juicio de origen 1481/2016, mediante los cuales el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, les solicita que informen sobre la posesión que tienen de los locales, acreditando con la documentación fehaciente y con los recibos de pago correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo serán acreedores a una medida de apremio que señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En contra de dicho acto el juicio de amparo resulta improcedente, puesto que, como se ha establecido, los apercibimientos en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa a los impetrantes, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto. Ello, en virtud de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que los obligados cumplan o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Se desecha demanda de amparo. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar por notoriamente improcedentes las demandas de amparo promovidas por José Arturo Sandoval Rodríguez, Gloria Beltrán de Martínez y Guadalupe Peraire Laroca. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a José Arturo Sandoval Rodríguez. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, los que indican en sus demandas de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Uso de medios electrónicos. Asimismo, les es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados, siempre y cuando en ningún momento sean sometidos a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización de personas. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en este juzgado, o bien, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el entendido de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese. mesa 7

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 1437/2019 Y SUS ACUMULADOS 1438/2019 Y 1439/2019, CON MOTIVO DEL CITATORIO DE VEINTIDÓS DE LOS PRESENTES, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas las demandas de amparo promovidas por José Arturo Sandoval Rodríguez, Gloria Beltrán de Martínez y Guadalupe Peraire Laroca, se advierte que en esencia señalan como acto reclamado el siguiente: ".A) Del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la emisión de los autos de fechas veinte, veintitrés y veinticinco todos del mes de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el juicio sucesorio a bienes de Gloria Basurto Carrasco, sustanciado bajo el número de expediente 1481/2016, mediante los cuales solicita al ahora quejoso que dentro del plazo de cinco días informe sobre la posesión que tiene del local en mención, acreditando con documentación fehaciente de la posesión y los recibos de pago correspondientes del mes de julio de dos mil dieciséis a septiembre del año en curso, apercibido que de no cumplir será acreedor a una medida de apremio que señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.". Asimismo, señalan como autoridades responsables al Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Por lo tanto, en atención a la identidad de autoridades responsables y de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su acumulación de oficio, a fin de evitar resoluciones contradictorias. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) emitida en la Décima Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1437/2019 y sus acumulados 1438/2019 y 1439/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo planteada, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Atento a dicho principio, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De la fracción XXIII, del citado artículo 61, se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento, de forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII, del artículo 61, en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en el artículo 5º de la propia ley, en cuanto dispone que la norma, acto u omisión que reclame el quejoso debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, los juicios de amparo resultan improcedente en contra de los apercibimientos de multa, en virtud de que dicho acto no produce una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto. En efecto, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa a los impetrantes, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y contenido : "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. En el caso concreto, en esencia, lo que reclaman los quejosos son los autos de veinte, veintitrés y veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictados dentro del juicio de origen 1481/2016, mediante los cuales el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, les solicita que informen sobre la posesión que tienen de los locales, acreditando con la documentación fehaciente y con los recibos de pago correspondientes, con el apercibimiento que de no hacerlo serán acreedores a una medida de apremio que señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En contra de dicho acto el juicio de amparo resulta improcedente, puesto que, como se ha establecido, los apercibimientos en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa a los impetrantes, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto. Ello, en virtud de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que los obligados cumplan o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Se desecha demanda de amparo. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar por notoriamente improcedentes las demandas de amparo promovidas por José Arturo Sandoval Rodríguez, Gloria Beltrán de Martínez y Guadalupe Peraire Laroca. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a José Arturo Sandoval Rodríguez. Notificaciones a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, los que indican en sus demandas de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Uso de medios electrónicos. Asimismo, les es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los juzgados, siempre y cuando en ningún momento sean sometidos a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización de personas. Ténganse por autorizadas a las personas mencionadas en la demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en este juzgado, o bien, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el entendido de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese... MESA 7

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