José Arturo Sánchez Ramírez

Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
592/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • José Arturo Sánchez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de cuenta. . Ahora bien, de las constancias que se remiten al informe justificado se advierte en lo que interesa que el siete de diciembre de dos mil veintidós la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, señalada como responsable, resolvió lo conducente respecto del recurso de revisión de actos de ejecución respecto de la diligencia realizada por la actuaria adscrita a la referida Junta el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral D-4/215/2011 de su índice, en el sentido de que no existe violación porque la diligencia de mérito se llevó conforme a derecho. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. En ese contexto, la omisión señalada por la parte quejosa "Grupo Constructor y Arrendador del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable, y Logística Mercantil "El Tigre", Sociedad Anónima de Capital Variable a través de su apoderado legal José Arturo Sánchez Ramírez, como acto reclamado atribuido a la autoridad responsable consistente en la omisión de señalar día y hora para la audiencia de ofrecimiento de pruebas alegatos, respecto del recurso de revisión de actos de ejecución realizados por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral D-4/215/2011 de su índice, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el siete de diciembre de dos mil veintidós la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, -autoridad señalada como responsable-, resolvió lo conducente respecto del recurso de revisión de actos de ejecución respecto de la diligencia realizada por la actuaria adscrita a la referida Junta el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral D-4/215/2011 de su índice, en el sentido de que no existe violación porque la diligencia de mérito se llevó conforme a derecho. En esas condiciones, contrario a lo que expresó la parte quejosa, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio - veintinueve de marzo de dos mil veintitrés- no existía la omisión reclamada toda vez que la autoridad responsable a esa fecha ya había emitido la resolución correspondiente respecto al recurso de revisión de actos de ejecución relacionados con la diligencia realizada por la actuaria adscrita a la referida Junta el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral D-4/215/2011 de su índice. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO". La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el siete de diciembre de dos mil veintidós la Junta señalada como responsable resolvió lo conducente respecto del recurso de revisión de actos de ejecución respecto de la diligencia realizada por la actuaria adscrita a la referida Junta el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral D-4/215/2011 de su índice, en el sentido de que no existe violación porque la diligencia de mérito se llevó conforme a derecho, por lo cual es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En este contexto, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado, pues con ningún medio podría desvirtuarse que la junta responsable proveyó lo conducente respecto del recurso de revisión de actos de ejecución en contra de la actuaria adscrita a la Junta responsable relacionada con la diligencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente laboral D-4/215/2011, dado que ello ha quedado plenamente acreditado con las constancias remitidas por la autoridad responsable, siendo evidente que la omisión reclamada por el quejoso es inexistente. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable consistente en la omisión de señalar día y hora para la audiencia de ofrecimiento de pruebas alegatos, respecto del recurso de revisión de actos de ejecución realizados por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral D-4/215/2011 de su índice, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y tres minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise). Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos vía electrónica, el oficio con anexo del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador del Estado de Puebla, así como el escrito del quejoso ******************** en su carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria de ********************, en atención a sus contenidos, se provee los siguientes términos: Con el oficio registrado con el número 6945, el Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador del Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, remite la resolución emitida el cuatro de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente de la acción de reversión ********************de su índice, bajo protesta de decir verdad que corresponde a una copia fiel e inalterada del documento impreso. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Finalmente, con el escrito registrado con el número 6997, el quejoso ******************** en su carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria de ********************, realiza diversas manifestaciones en torno a la ausencia de la resolución definitiva en la acción de reversión ********************, solicita se le dé trámite al incidente de inejecución de sentencia y se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, se hace de su conocimiento, que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en el que se recibió la resolución emitida el cuatro de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente de la acción de reversión ********************. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos la razón actuarial de catorce de abril de dos mil veintitrés en la que la actuaria de la adscripción hace constar la imposibilidad que tuvo para emplazar a la tercera interesada Marisol Herrera de la Riva y el oficio signado por el Responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Centro Oriente, por medio del cual da cumplimiento al proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le solicitó que informara si en su base de datos cuenta con algún registro de domicilio de la terceras interesadas María Soledad del Carmen de la Riva Elizalde y Marisol Herrera de la Riva. En principio, se tiene a la actuaria judicial informando la imposibilidad que tuvo para emplazar a la tercera interesada Marisol Herrera de la Riva, por los motivos que expone en la misma. De lo que este órgano judicial toma conocimiento. Por otro lado, el Responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Centro Oriente informa dos domicilios donde podría ser llevado a cabo el emplazamiento de Mar**de. Ahora bien, del segundo domicilio que proporciona la dependencia oficiante de Marisol Herrera de la Riva y de María Soledad del Carmen de la Riva Elizalde, no se hace mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dichos domicilios ya fueron agotados en el presente asunto. Por otro lado, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se turnan los presentes autos al actuario judicial adscrito a este juzgado para el efecto de que emplace al presente juicio a la tercera interesada Marisol Herrera de la Riva, en el domicilio ubicado en: Camino Real a Cholula, número cuatro mil cuatrocientos dos, interior veintitrés, Puebla. Para lo cual deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído; de igual forma, le haga de su conocimiento que en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada del presente asunto se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva; y, que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, le haga saber que las autoridades responsables ya rindieron sus informes justificados, con los que se le da vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Y le prevenga para que dentro del término de tres días siguientes al emplazamiento señalen domicilio en la ciudad de Puebla, Puebla, o en esta ciudad, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aun las personales se le practicarán por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. ...

  4. Principal

    VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 14/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; y, ....Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, en los términos precisados en los diversos considerandos quinto y sexto de esta resolución. ....

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